
La cuarta sala del máximo tribunal penal del país revocó así el sobreseimiento por prescripción de delito que había dictado en mayo el Tribunal Oral de Jujuy en favor de la dirigentes social, que se encuentra detenida por otra causa, y dispuso que se evaluara si debía ser sometida a un nuevo juicio.
La decisión de los camaristas Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos se produjo en relación a la causa que le inició Morales, a raíz de una protesta en la que le arrojaron huevos en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Los jueces del tribunal de Jujuy -Federico Santiago Díaz, María Alejandra Cataldi y Mario Héctor Juárez Almaraz- habían declarado "la extinción de la acción penal por prescripción" del delito de amenazas simples, decisión que fue cuestionada por la fiscalía y la querella.
En el fallo de hoy, Casación ordenó que se analice si la dirigente jujeña debe seguir siendo investigada por el delito de "amenazas coactivas", que reviste una gravedad superior al de "amenazas simples".
"La vigencia de la acción penal en autos debe ser evaluada atendiendo a la calificación más gravosa postulada por la querella", sostuvo el titular de la Sala 4, Hernan Borinsky, en un voto al que adhirieron sus colegas.
El día en el que se produjo el episodio por el que fueron denunciados Sala, María Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra, Morales se encontraba junto al entonces presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy.
Desde un principio, Morales apuntó su acusación contra la líder de la Tupac Amaru y contra el entonces gobierno nacional, aunque según los testimonios recogidos en la causa la dirigente social no se encontraba en el lugar donde se produjo el escrache.
Sala se encuentra detenida desde el 16 de enero último acusada de instigación de una protesta de cooperativistas de vivienda frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. Aunque en esa causa fue excarcelada, nunca recuperó la libertad porque, desde entonces, se le abrieron otros procesos penales.