El juez de la Corte de Justicia de Salta, Abel Cornejo Castellanos, ha comparecido ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para solicitar por escrito que se inicie el proceso constitucional de destitución del Juez de Garantías Nº 2 del Distrito Judicial de Tartagal, señor Fernando Mariscal Astigueta y del Fiscal Penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón. Los magistrados acusados tienen a su cargo la investigación penal por la violación y embarazo de una niña de la etnia wichi en el paraje Alto La Sierra. En esta causa judicial, el juez mantiene con prisión preventiva a uno solo de los cinco adultos imputados por el fiscal.
Cornejo ha pedido al Jurado de Enjuiciamiento la producción de distintas pruebas. Según el escrito presentado, el juicio de destitución que se solicita se fundamenta en la supuesta inobservancia por los magistrados acusados de las Directrices sobre la Justicia para los niños víctimas y testigos de delitos de Naciones Unidas del 21 de julio de 2004.
El acusador ha invocado también la ley nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y en concreto el precepto que establece que los derechos establecidos en la ley “deben estar asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño”.
Sobre el Jurado de Enjuiciamiento
El artículo 160 de la Constitución de Salta prevé que los a los magistrados inferiores del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público puedan ser acusados “por cualquiera del pueblo o por el Ministerio Público por las mismas causales previstas para los jueces de la Corte de Justicia por ante un jurado de enjuiciamiento integrado por el Presidente de la Corte que lo preside; un Juez de Corte elegido por sus pares; dos diputados y dos senadores, abogados si los hubiera, uno por la mayoría y otro por la primera minoría a propuesta de los respectivos bloques de cada Cámara; el Fiscal de Estado; un abogado de la matrícula designado por la Cámara de Diputados y un abogado de la matrícula designado por la Cámara de Senadores”.Este tribunal especial tiene como función juzgar a los magistrados inferiores del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público por las causales de destitución previstas en la Constitución Provincial y la en ley provincial 7138.