La Cámara Federal de Apelaciones de Salta ha señalado para esta mañana la audiencia en la que las partes que han apelado el auto de procesamiento dictado en su día por el juez subrogante Julio Leonardo Bavio, en el sonado asunto de las coimas para favorecer a narcotraficantes, deberán expresar sus agravios de forma oral. Entre los recurrentes se cuentan los mismos fiscales federales que impulsaron este procedimiento (Eduardo Villalba y Diego Iglesias), aunque la mayor expectativa está puesta en la defensa de su inocencia que realizará de viva voz ante el tribunal el suspendido Juez Federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, a quien los fiscales y el juez Bavio señalan como el jefe de una asociación de malhechores.
La situación es diferente para unos imputados y para otros, pues mientras Reynoso afronta esta fase del proceso suspendido de su cargo por el Consejo de la Magistratura y con una medida cautelar de prisión preventiva que por el momento no se puede llevar a efecto por hallarse todavía aforado, el resto de los imputados comparecerá hoy ante la Cámara Federal sin medidas cautelares restrictivas de la libertad en su contra.
Unos y otros intentarán rebatir los argumentos contenidos en la extensísima resolución (600 páginas) que el juez subrogante dictó a finales del pasado mes de noviembre. Pero en el caso de Reynoso, su defensa deberá también desvirtuar la ampliación de su procesamiento, ordenada por Bavio a mediados del pasado mes de febrero.
Desde entonces la posición de los fiscales se ha ido debilitando progresivamente, entre otros motivos, porque la grave situación que se vive en la frontera a causa del narcotráfico y la virtual parálisis judicial no ha mejorado desde la suspensión de Reynoso, y porque las prisas que los fiscales parecen tener para encarcelar al Juez Federal de Orán no terminan de convencer al Consejo de la Magistratura. Todo indica, al contrario, que este órgano no está por la labor de destituir inmediatamente a Reynoso y allanar así el camino hacia su encarcelamiento.
Por otro lado, los argumentos del juez suspendido han ido cobrando fuerza, casi sin querer, a medida que se han conocido detalles más precisos sobre su actuación en numerosos expedientes. Todo indica, pues, que la imputación de asociación ilícita no podrá sostenerse por mucho tiempo más, al no haber rastros en el sumario de la existencia de una organización, en sentido estricto, dedicada a obtener ventajas patrimoniales ilícitas a cambio de resoluciones judiciales venales.
La caída de la imputación por el delito más grave podría también acarrear consecuencias en relación con los delitos de menor entidad, y, fundamentalmente, cambiar el cariz del asunto que tramita en el Consejo de la Magistratura.
Como se recordará, el juez Reynoso se encuentra suspendido de sus funciones, no por la causa de las presuntas coimas cobradas por la supuesta asociación ilícita, sino por la denuncia de un ciudadano que argumentó en su día haber sido víctima de una detención ilegal por parte del magistrado oranense.
La eventual desaparición de la imputación por asociación ilícita traería un cierto alivio a los Consejeros de la Magistratura, que no ven con buenos ojos que la eventual destitución del juez por una falta relacionada con una detención ilegal pueda llegar a desembocar en el inmediato encarcelamiento del magistrado.
Con todo, el paso que se apresta a dar la Cámara Federal de Apelaciones de Salta es sumamente crítico, puesto que ha sido este mismo tribunal el que ha validado, a lo largo de 11 años, miles de resoluciones del juez Reynoso. Un exceso de celo de este tribunal podría suponer, paradójicamente, una implícita admisión de su complicidad en la comisión de determinados delitos.