El Juez Federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, espera con cierto recelo la reunión plenaria que el próximo día martes 22 de diciembre celeberará el Consejo de la Magistratura nacional. La semana pasada, el magistrado prestó declaración por escrito ante ese cuerpo, que lo había citado al amparo del artículo 20 del reglamento, para desligarse de las acusaciones formuladas contra él por el ciudadano David Ramón Mazzutti por una presunta privación ilegítima de la libertad.
En su descargo, el juez denunciado recordó que fue el citado Mazzutti quien lo amenazó en su domicilio particular y que es falso que lo mantuviera detenido durante veinte días. Reynoso afirma que el hecho se produjo hace ahora casi un año (el 24 de diciembre de 2014) y que el día sábado 27 se excusó, absteniéndose se intervenir en la causa abierta contra Mazzutti, para demostrar justamente que no tenía animosidad contra él.
Reynoso recordó también que la esposa de Mazzutti, una letrada del foro local de Orán de apellido Barba, tiene un proceso en su contra porque un cliente suyo, de apellido Fichera, la denunció por haberle supuestamente pedido 10.000 euros para darle al fiscal Bruno, a un secretario del juzgado y a propio juez Reynoso.
En relación a la próxima reunión del Consejo de la Magistratura, Reynoso teme que en esta reunión se resuelva suspenderlo de sus funciones. Sería injusto, dice Reynoso, sobre todo porque han hecho llegar al Consejo información falsa.
Entre esta información, el Juez Federal de Orán señala expresamente la acusación de haber recibido en propiedad un terreno de 700 hectáreas a cambio de favores al narcotráfico. «Algún consejero tiene información errónea. No me quedé con ningún campo, ni de 700 ni de una hectárea. Mis declaraciones juradas lo pueden demostrar, lo mismo que el expediente penal que se encuentra a cargo del Dr. Bavio», dice Reynoso en su defensa.
El juez puntualiza que hasta el momento, a pesar de las acusaciones de cohecho pasivo y de asociación ilícita, nadie ha podido demostrar que hubiese recibido dinero o bienes procedente de los narcotraficantes y que ninguna autoridad tiene constancia cierta de que hubiera experimentado un aumento patrimonial extraordinario e injustificado.