La comunicación oficial del Poder Judicial de Salta lo dice con toda claridad: el gobierno provincial de Salta no se fía de la empresa Plumada, S.A., la compañía mercantil que durante ocho años gestionó y custodió la documentación oficial de los archivos provinciales. Ahora que el gobierno ha decidido rescindirle el contrato, la empresa está obligada a restituir el control de la documentación al gobierno, como es lógico, pero la Jueza de Garantías Nº 6 de la ciudad de Salta, señora Claudia Puertas, piensa que esta entrega está rodeada de peligros.
Por esta razón, la magistrada ha resuelto adoptar una serie de medidas cautelares, «ante la posibilidad de la comisión de algún delito por parte de la empresa», según reza textualmente la información oficial del Poder Judicial de Salta.
Después de la extinción contractual se esperaba un traspaso traumático, complejo, lento, burocrático, pero hasta la resolución de la jueza Puertas, nadie esperaba en Salta un traspaso «delictivo».
Muy graves han de ser los indicios de que dispone la señora Puertas para haber dispuesto una consigna policial fija en la sede de la expresa Plumada, S.A. La presencia permanente de la Policía en el lugar -que se mantendrá mientras dure el proceso de traspaso de la documentación- tiene por finalidad la de garantizar que el traspaso se realice en forma regular y de obligar a la empresa a que vele «por el cuidado y correcta preservación de la documentación referida».
A estos cometidos básicos de la Policía se une, lógicamente, la posibilidad de que los agentes detengan in situ a aquellos directivos o empleados que cometan los delitos que la señora Puertas estima que es posible que se cometan.
Las medidas cautelares de la magistrada revelan que el gobierno provincial, con los medios de que dispone, es incapaz de asegurar (por sí, sin la intervención judicial) una entrega ordenada y segura de los documentos confiados a Plumada. O el gobierno provincial ha mantenido un vínculo contractual de ocho años con unos salvajes e irresponsables, o realmente está resignado a su propia impotencia, en un país en donde el que se va, el que deja el poder, normalmente prende fuego a las oficinas antes de entregarlas al que lo sucederá.