El diario El Tribuno, citando a la agencia oficial de noticias Télam, publica hoy unas declaraciones del Gobernador de Salta de las que se desprende su disconformidad con la reciente designación de dos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En concreto, dice el diario que Urtubey «planteó su desacuerdo con el presidente Mauricio Macri en relación a la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia a través de un decreto».
La afirmación es realmente sorprendente por su falta de precisión conceptual, ya que el Gobernador de Salta también designa a los jueces (del Poder Judicial provincial) por decreto. Y lo hace así, sencillamente porque no hay otra forma de hacerlo, según se desprende del artículo 156 de la Constitución provincial.
En otras palabras, que ningún ciudadano adquiere la calidad de juez o de magistrado si previamente el señor Gobernador no lo ha designado como tal, a través de un decreto.
En otro tramo de sus declaraciones, Urtubey afirma: «Yo he planteado mi postura contraria. Los designados son de probada idoneidad pero es, de mínimo, una imprudencia la forma de su designación. Puede ser admisible constitucional y jurídicamente, pero no hay que llegar a eso».
Aquí el mandatario se vuelve a equivocar, porque si la designación es «admisible» desde el punto de vista jurídico constitucional, lo menos que se puede pensar es que la «forma» de tal designación es «inobjetable».
Lo que el Gobernador de Salta objeta no es la «forma» sino el fondo y la vía escogida por el Presidente de la Nación para llegar a este fondo. La discusión sobre la forma carece de cualquier sentido.
Tratándose una facultad reglada (la del artículo 99.19 de la Constitución Nacional) su ejercicio regular puede, desde luego, ser valorado como «imprudente», pero lo mismo se podría decir de los cientos de designaciones de jueces y magistrados realizadas por Urtubey durante sus ocho años de gobierno.
El acuerdo del Senado, que Urtubey echa en falta en el caso de los dos jueces designados por el presidente Macri, tiene una importancia vital, no solo desde el punto de vista de la «forma». Por esta razón, es tan «imprudente» (u objetable) una designación que se pasa por alto la intervención del Senado, como una designación que es sometida a un Senado que vota mecánicamente las iniciativas del Gobernador, porque tiene 22 de sus 23 miembros férreamente controlados por el Poder Ejecutivo.
Si a estas alturas Urtubey quiere convencer a los salteños que todos los jueces que él ha designado (por decreto) durante sus dos mandatos anteriores han pasado por el filtro de un Senado plural, equilibrado, versado y exigente, es que está intentando venderle otro buzón a los salteños. Cualquier juez de Salta cuyo pliego haya pasado por ese Senado cautivo, tiene exactamente la misma legitimidad que los dos designados por el presidente Macri sin acuerdo del Senado.
Sería bueno que Urtubey mencionase un solo caso en el que el Senado provincial le negó el acuerdo a un juez cuya designación él, como Gobernador, propuso. Y si el acuerdo senatorial es tan importante, ¿por qué motivo Urtubey no objeta también la legitimidad o la prudencia de la designación como subrogante del juez Bavio, quien actualmente se desempeña como Juez Federal de Salta a pesar de que el Senado nacional le negó el acuerdo?
A Urtubey menos que a nadie le conviene rasgarse las vestiduras en este asunto, ya que nadie que lleva gobernando ocho años con un Poder Judicial y un Ministerio Público absolutamente subordinados al poder político tiene autoridad moral para criticar nada en materia de independencia de poderes.