El pronunciamiento judicial, suscrito por los jueces Francisco Mascarello, Federico Diez y Javier Armiñana Dohorman, exime totalmente de responsabilidad a los dos acusados, por aplicación del beneficio de la duda, según se desprende de la lectura del fallo.
Sergio Vargas, que esperó casi dos años en prisión a ser juzgado y cuya libertad ha sido inmediatamente otorgada por el tribunal juzgador, había sido acusado de un delito de homicilio calificado por ser cometido con ensañamiento, alevosía, criminis causa y violencia de género, pero no a título de autor sino en calidad de «partícipe secundario».
Por su parte, el otro acusado, Nicolás Cajal Gauffin, que esperó el juicio en libertad, había sido acusado de encubrir el crimen, aun cuando los acusadores no sabían, como todavía no saben, quién perpetró el crimen y por qué motivos.
El tribunal juzgador ha resuelto desestimar también la demanda civil entablada contra los acusados.
Así llega a su fin uno de los juicios más inútiles y costosos de la historia judicial de Salta, que seguramente señalará un antes y un después en el trabajo de los fiscales penales de Salta.
Tras varios años de investigación y después de cambiar tres veces de equipo de fiscales, ninguno de ellos acertó a encontrar, ni siquiera de forma indiciaria, a la persona o las personas que pudieron haber empuñado el arma homicida.
Y ello, a pesar de que cuando el Procurador General de la Provincia de Salta Abel Cornejo Castellanos se enfundó el traje de Batman y, sin que nadie se lo pidiera, se erigió en el máximo protector de las mujeres de Salta y en una especie de campeón de los derechos de las féminas, anunció que en el caso del cruel asesinato de Jimena Salas se habían producido «novedades espectaculares». A dos años de aquellos anuncios, no solo no se han producido tales «novedades», sino que el asesino (o los asesinos) sigue(n) en libertad y sin ser inquietados por los fiscales.
El asunto comenzó a torcerse cuando por un empecinamiento personal de su nuevo jefe (fronterizo con el acoso procesal), los últimos fiscales que se hicieron cargo de la investigación allá por junio de 2019 pusieron todo su empeño en encarcelar a Nicolás Cajal Gauffin, señalado sin hesitación por el dedo acusador del jefe de los fiscales, y llamado de forma despectiva por los fiscales «el viudo», a instancias de su jefe. Cabe recordar que el ahora absuelto Cajal Gauffin no estaba legalmente casado con la infortunada Jimena Salas, pero convivía con ella al momento de su asesinato y es el padre de sus dos hijas.
En pocos asuntos como este los fiscales habían puesto tanta convicción y tanto trabajo, de modo que la sentencia absolutoria conocida esta tarde no solo se interpreta como un varapalo para la soberbia de estos magistrados, sino también como un como un necesario y esperado baño de humildad, que los ciudadanos y los operadores jurídicos esperan que no deje indiferentes a quienes deben tomar decisiones y que tenga inmediatas consecuencias institucionales.
Entre estas consecuencias se menciona insistentemente la dimisión del señor Cornejo Castellanos, señalado como el principal responsable del insanable naufragio de la investigación y del sonado fracaso del juicio.