Cierta prensa interesada ha intentado minimizar la importancia del encuentro que en la mañana de hoy mantendrán el flamante presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, y Jean-Michel Bouvier, el padre de una de las turistas francesas asesinadas aquí en julio de 2011. A pesar de que Bouvier acudirá a la cita acompañado de los abogados que lo representan el Salta y que desde la Corte de Justicia se nos pretende hacer creer que el presidente del tribunal recibe hoy a Bouvier porque éste se lo ha pedido a través de sus letrados, lo cierto es que el encuentro de hoy poco y nada tiene que ver con una «audiencia» en el sentido procesal de esta palabra.
Bouvier sabe -y más todavía lo sabe Catalano- que se trata de un encuentro político del más alto nivel y que de su resultado depende en gran medida el prestigio internacional del Poder Judicial salteño así como el futuro de la recién estrenada gestión del presidente de la Corte de Justicia.
En otras palabras, que no solo la imagen de Salta sino la del propio Catalano están en juego.
Guillermo Catalano es un hombre cuya experiencia, humana y profesional, excede largamente el acotado marco de la judicatura. Conoce los entresijos de la política y sabe perfectamente que el margen de maniobra de las instituciones de Salta en relación con el delicado caso de las turistas francesas es especialmente estrecho. Los tiempos y, más aún, las evidencias han acorralado a las instituciones salteñas.
De allí que resulta muy poco probable que el presidente del máximo tribunal de justicia provincial desaproveche la reunión de hoy haciéndole oír al padre francés los mismos argumentos evasivos que éste viene oyendo desde hace más de cuatro años.
Catalano sabe que la buena reputación internacional de Salta se encuentra en juego y que de no garantizar adecuadamente el derecho del padre francés a la protección judicial efectiva, las consecuencias para la Provincia pueden ser incluso catastróficas. El presidente de la Corte deberá en consecuencia valorar prudentemente la conveniencia de seguir dándole largas al asunto, con el riesgo de que desaparezcan las pruebas y se asegure la impunidad para los culpables, o la de dar un golpe de timón en el asunto.
Bouvier espera del presidente de la Corte de Justicia una actitud más franca, más decidida y más valiente que la que podría adoptar ahora mismo cualquier miembro del gobierno provincial, incluidos el Gobernador de la Provincia y su Ministra de Justicia. Es consciente de que nuestro sistema judicial confiere a la Corte las facultades necesarias y suficientes para dar al asunto el giro que necesita de cara al hallazgo de la verdad y el castigo de los verdaderos culpables. Así como el padre francés no quiere -por respeto- hacer amalgamas entre los jueces salteños, metiendo a todos en la misma bolsa, tampoco parece dispuesto a tolerar defensas gremialistas y corporativas de magistrados ineficientes y fiscales indolentes.
Ya no hay margen para especular con los tiempos de resolución de los recursos o para entrar a ventilar las minucias del expediente. Las excusas se han acabado. Ha llegado de la hora de las respuestas concretas y de los resultados efectivos. O se reanuda la investigación, con la seriedad que hasta ahora las instituciones de la Provincia de Salta no han demostrado, o la reunión de hoy pasará a la historia como un ensayo protocolar el presidente de la Corte; o, peor aún, como un gesto para la galería.
Catalano deberá elegir, pues, entre la pura vanidad del ejercicio representativo de unos de los poderes del Estado y el compromiso efectivo de nuestra judicatura con la justicia, con la verdad, con el imperio de la Ley y el Estado de Derecho.