Catalano reconoce que la crisis financiera del Estado afecta al Poder Judicial

El mismo día en que un colega suyo anunciaba con júbilo la construcción de un faraónico data center en la Ciudad Judicial para soportar el sueño tecnológico del expediente digital, el presidente de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta, Guillermo Catalano ha salido a reconocer que el Poder Judicial enfrenta «serias restricciones» en materia de recursos y gastos, que comprometen el cumplimiento de algunos planes previamente establecidos.

Catalano ha dicho que, por falta de dinero, el Poder Judicial ha debido suspender una serie de actividades y proyectos que estaban ya programados, como por ejemplo el de la extensión de los horarios de atención al público en algunos juzgados de Salta.

En unas declaraciones francamente curiosas, el presidente de la Corte de Justicia ha dicho que ve complicado el que se pueda continuar con el plan piloto actualmente en marcha para la atención vespertina en los juzgados y que ya el año pasado tenían dudas de que el esfuerzo se pudiera sostener. «La situación desde el punto de vista financiero es grave y hemos diferido en la puesta en funcionamiento de muchos juzgados por ley», ha dicho Catalano.

Curiosa declaración decimos, no por la admisión de la crisis (negarla, en el fondo, es como negar el cambio climático), sino por el enigma que encierra la frase que dice «hemos diferido la puesta en funcionamiento de muchos juzgados por ley». Esta frase da a entender que quien hace las leyes en Salta no es la representación de la soberanía popular, sino el presidente de la Corte de Justicia y sus compañeros de tribunal. Es de esperar que con su expresión Catalano se haya referido a una ley sancionada por el Poder Legislativo, en cuyo caso el uso de la primera persona del plural («hemos») queda un poco descontextualizado, cuando no manifiestamente antidemocrático.

Jueces y empleados laboriosos

Durante los últimos años y coincidiendo con la presidencia de Catalano, la Corte de Justicia ha presumido de una gran revolución organizativa para reforzar lo que ellos llaman el «servicio» de justicia.

Entre las medidas comprendidas en esta teórica revolución se comprende la reducción de la feria judicial, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, la extensión del horario de atención, la certificación en normas internacionales de calidad y otras de similar calado.

Sin embargo, según comenta en los pasillos judiciales (y no solo por parte de los letrados que diariamente los trajinan) la mayor carga de trabajo, que proviene del aumento de la conflictividad social y de la litigiosidad que constituye su consecuencia, es asumida silenciosamente por el esfuerzo de los trabajadores judiciales y el de algunos magistrados comprometidos seriamente con el ejercicio de su función.

«La Corte se cuelga las medallas, pero los que laburan, los que hacen funcionar las cosas, son otros», dicen estas voces.

Muchos juzgados han conseguido -aun sin el auxilio presupuestario u organizativo de quien ejerce el gobierno del Poder Judicial- niveles más que aceptables de eficiencia y modernización, algo que es reconocido no solo por los letrados ejercientes sino también por los justiciables.

«No es posible que la Corte se arrogue el mérito por el trabajo sacrificado de los demás», dicen quienes afirman reconocer que algunos órganos han mejorado su organización interna en beneficio de la calidad y celeridad de la función que ejercen.