El gobierno de Urtubey es uno de los mayores empleadores del mundo, si tenemos en cuenta la relación aritmética entre el número total de habitantes de la Provincia y la cantidad de habitantes que reciben un sueldo del Estado. De tanto en tanto, la maquinaria empleadora de Urtubey presenta las incorporaciones masivas de empleados públicos como un procedimiento inmaculadamente democrático y objetivo, ya que a los nuevos agentes se les exige un «examen» para poder convertirse en trabajadores de «planta permanente».
Pero estos exámenes son engañosos ya que ni de lejos responden a los principios de igualdad, mérito y capacidad que, por imperativo constitucional, deben presidir no solo el acceso a la función pública sino también el establecimiento de los sistemas de provisión de puestos de trabajo, de carrera administrativa y de promoción interna.
Desde hace ocho años, el gobierno de Urtubey viene utilizando el empleo público como un mecanismo de distribución política. Al tratarse de una distribución no programática y condicionada a la adhesión del empleado a la ideología del gobierno (un do ut des), Urtubey ha convertido el acceso a la función pública en una maquinaria muy eficiente y aceitada de clientelismo político.
Los exámenes y las convocatorias son solo una tapadera, pues el principio de igualdad resulta avasallado desde el mismo instante en que a estos exámenes sólo se pueden presentar aquellos agentes que previamente han sido designados discrecionalmente por el poder político y que, por tal motivo, se encuentran en una situación administrativa irregular.
El gobierno lo que intenta es dar un barniz de legalidad a una situación jurídica preexistente y llama «examen de acceso» a una prueba que no configura obstáculo alguno para un «acceso» que en realidad ya se ha producido con anterioridad. Un acceso discrecional, a dedo, sin controles de ninguna naturaleza.
Estos exámenes no son ni transparentes, ni objetivos ni imparciales, así como tampoco son profesionales ni independientes los miembros de los órganos que juzgan a los examinados. No hay un «proceso selectivo» en sentido estricto, sino un mecanismo de blanqueo de la irregularidad en forma de cuestionario.
El principio de igualdad obliga al gobierno a permitir que a las convocatorias se presente cualquier ciudadano que reúna los requisitos exigidos por la Constitución, el Estatuto de la Función Pública o las normas que resulten aplicables. Pero cualquier ciudadano no puede hacerlo; es decir, no puede demostrar su idoneidad y su mérito en condiciones de igualdad porque antes que él son preferidos aquellos a los que el gobierno designó con el dedo, generalmente por motivos de «fidelización» política.
Bien harían el gobierno de Salta y el Secretario de la Función Pública en admitir que estos exámenes no satisfacen en absoluto el requisito constitucional de igualdad y que este principio se quiebra desde el momento en que la convocatoria al «acceso» (que no es tal, porque el agente ya está adentro) tiene en cuenta otros valores distintos, como pueden ser la afinidad política, los lazos de parentesco, las cargas familiares u otros similares.
Cuando el gobierno convoque a todos los ciudadanos por igual, sin exigirles adscripciones partidarias o un servicio temporal anterior al Estado, se realicen oposiciones rigurosas, evaluadas por órganos independientes y libres de influencias políticas, se trace una línea de separación entre los cargos que corresponden a la carrera administrativa, se limite la designación de cargos de confianza y se asegure la promoción transparente de los agentes, la Administración del Estado se prestigiará y dejará de estar, como ahora, al servicio de los intereses y apetitos espurios del Gobernador de la Provincia.