Vale la pena recordar que Sánchez asumió el gobierno el pasado día 2 de junio de 2018, luego del triunfo de una moción de censura contra el anterior gobierno de Mariano Rajoy, favorecida por el apoyo de la izquierda extrema de Podemos y de algunas fuerzas sospechosas de desobediencia a la Constitución española, como el independentismo catalán.
La debilidad parlamentaria del PSOE y la falta de acuerdo con sus socios en la moción de censura tornaron inviable el gobierno de Sánchez tan solo nueve meses después, hasta tal punto que el Presidente se ha visto obligado a disolver las Cortes y convocar a nuevas elecciones generales para el próximo día 28 de abril, poniendo fin anticipado así a la décimo segunda legislatura de la democracia, iniciada por Rajoy a finales de junio de 2016.
El decreto de disolución de las Cortes aparece publicado en el BOE justamente hoy, martes 5 de marzo, lo que significa que a partir de ahora se pone en marcha el artículo 78.3 de la Constitución, que prescribe que, en los casos de disolución o expiración del mandato, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados funcionará una Diputación Permanente, compuesta cada una por un mínimo de veintiún miembros, que representan a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
Si bien el artículo 4 del Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, prevé que la campaña electoral durará quince días -entre el viernes 12 de abril y el viernes 26 del mismo mes- todas las formaciones políticas, sin excepción, están trabajando ya intensamente de cara a las elecciones generales, que se van a celebrar en menos de dos meses.
Por supuesto, lo está haciendo el PSOE, pero al parecer con unas armas de dudosa limpieza, según sus adversarios de la derecha.
Hoy mismo el diario El Mundo denuncia que el Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo del veterano Josep Borrell, ha pedido a funcionarios de esta cartera que elaboren iniciativas para que sean usadas por el grupo parlamentario socialista, que no es una institución del Estado sino un apéndice del partido.
Esta forma de actuar recuerda mucho al insólito «compromiso» de los ministros del gobierno provincial de Salta con la campaña presidencial (por ahora personal y no partidaria) del Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y en particular con la presencia de los señores Fernando Yarade y Emiliano Estrada en reuniones a la que asisten como ministros del gobierno, pero que tienen por objeto apuntalar la candidatura presidencial de Urtubey. Así ocurrió por ejemplo al menos en dos reuniones que tuvieron por escenario la Casa de Salta en Buenos Aires: una con «jóvenes economistas» y otra con dos altos cargos del Fondo Monetario Internacional.
Según publica hoy el diario El Mundo, el equipo de Borrell envió un correo electrónico (al que supuestamente ha tenido acceso este diario), en el que se pide a los directores generales (funcionarios permanentes y no políticos) del ministerio que redacten «proposiciones no de ley» (PNL) para el Congreso y «mociones» para el Senado.
Añade el periódico que este pedido del equipo de Borrell, supone poner a los funcionarios del Estado al servicio del partido, algo que al parecer contaría con el beneplácito del director del Gabinete del ministro, señor Camilo Villarino, de quien dice El Mundo que «estaba al tanto de estas prácticas y las supervisaría», según el mismo correo electrónico.
El periódico habla también de una «estrategia» de Moncloa para usar a los ministerios (que son del gobierno y no del partido) como recopiladores de «argumentos de ataque frente a otros partidos, sobre todo el PP».
A diferencia de la pasmosa quietud del presidente de la Cámara de Diputados de Salta, señor Santiago Godoy, a quien parece importarle un rábano que el Gobernador de la Provincia utilice al gobierno (el avión, el helicóptero, los actos públicos, la web oficial y el trabajo de los funcionarios y empleados) en su propio provecho electoral, la todavía presidenta del Congreso español, señora Ana Pastor, ha denunciado con energía la presunta instrumentalización de las instituciones por parte del presidente Pedro Sánchez.
En una entrevista concedida a la cadena COPE, Pastor ha dicho que hasta ahora «no ha pasado en ninguna legislatura, se habían aprobado decretos ley de urgente necesidad, pero cuando se convocan elecciones no es razonable que se haga un uso partidista de las instituciones. Ningún Gobierno puede ir dopado a unas elecciones, se tiene que ir en igualdad de condiciones».
El líder del PP, Pablo Casado ha confirmado por su parte que su partido recurrirá ante la Junta Electoral Central los «decretazos» que quiere aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez para que los convalide la Diputación Permanente (un órgano legítimo, pero escasamente representativo y señaladamente excepcional) durante el periodo preelectoral.
Desde luego, todo es en España muy diferente a lo que ocurre en Salta y en la Argentina en general, en donde las violaciones a las leyes que regulan los tiempos y los contenidos de las campañas electorales no acarrean ninguna consecuencia jurídica tangible para quienes las llevan a cabo. Urtubey es el máximo ejemplo de esta singular impunidad.
Según Casado, Sánchez está instrumentalizando también al Centro de Investigaciones Sociológicas (una institución del Estado encargada de efectuar mediciones oficiales en la opinión pública) y al ente público Televisión Española «lo ha convertido en su NO-DO personal». El NO-DO era el noticiario franquista que se proyectaba antiguamente en los cines y que hablaba maravillas del dictador y de su gobierno.
También se dice que Sánchez ha organizado los actos públicos a los que asistirá de aquí hasta finales de abril, según su calendario de campaña, y que tiene previsto que casi todos sus ministros y ministras (las mujeres son mayoría en su Gobierno) sean candidatos al Congreso en las próximas elecciones. La visibilidad y exposición públicas de unos y otras parece estar asegurada hasta la celebración de las elecciones. Por razones como esta, la señora Pastor ha dicho que el PSOE concurre «dopado» a las elecciones.
Por último, se ha acusado a Sánchez de manipular la figura del Jefe del Estado. En un libro publicado recientemente por el presidente del Gobierno, que lleva por título Manual de resistencia (el único escrito hasta el momento por un presidente en ejercicio), se puede leer esta frase dedicada a su primer encuentro con el rey Felipe VI: «Enseguida nos reconocimos mutuamente como las personas que íbamos a sacar al país del riesgo de bloqueo». Nada parece peor en España para un responsable político que apropiarse de la figura del Rey y ponerse a su altura.
Como se puede apreciar, para los estándares de abuso de poder que conocemos en Salta, lo que se atribuye a Pedro Sánchez en España es realmente pecatta minuta.
Si al actual presidente del Gobierno español se le ocurriera utilizar el avión oficial para visitar ciudades en su gira proselitista, para que lo lleven y lo traigan después de dar mítines en uno y otro sitio, o para ir a ver un partido de fútbol del Leganés en Castellón; o si pusiera a sus ministros a «darle letra» para su campaña personal, o si facilitara a su cocinero particular un espacio para lucrarse con programas públicos, o si inundara las revistas del corazón vestido de blanco, mientras hay compatriotas suyos que viven al mismo tiempo situaciones apremiantes; si la web de La Moncloa bombardeara todos los días con mensajes proselitistas encubiertos, renunciando al mismo tiempo al servicio público de calidad; si las vallas publicitarias de la Marca España hablaran de él, de su mujer y de su partido, el escándalo que se armaría en España sería muchísimo más sonoro, sin lugar a dudas.
En Salta, en cambio, frente a situaciones abusivas mucho más graves y palpables, no solo hay poco ruido sino que nos parece que todavía hay más margen para el abuso. Con tal, aquí no hay pastores ni casados que denuncien y que estén dispuestos a llevar los asuntos a la jurisdicción electoral competente.