Al menos así se desprende de las últimas declaraciones del Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia del gobierno de Urtubey, señor Marcelo López Arias, quien no solamente ha culpado al llamado «microtráfico» de la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles salteñas, sino que también ha cargado contra el gobierno nacional, por una deuda -cercana a los 500 millones de pesos, según el gobierno provincial- que aquella administración mantiene con esta a causa precisamente de la transferencia de competencias.
O sea, que lo que provoca el «orgullo salteño» de Urtubey es al final un caramelo envenenado, puesto que Salta no tiene forma humana -excepto con la ayuda del gobierno federal- de poder castigar adecuadamente estos delitos que tanto ilusionan al Gobernador.
Según la información oficial del gobierno de Salta, el señor López Arias se reunió en Buenos Aires con el ministro Germán Garavano, titular de cartera de Justicia, quien le habría ofrecido a los salteños el «financiamiento parcial» para la obra de la ampliación de la Alcaidía de la ciudad de Salta.
La web oficial del gobierno provincial dice que López Arias ha dicho que «La nueva propuesta es hacer la obra con aportes de ambos gobiernos, la parte que le correspondería a cada uno es un tema a discutir».
De estas afirmaciones se desprende de que el gasto que supone el ejercicio de las competencias transferidas es, en primer lugar, responsabilidad del gobierno provincial y solo después -y ya veremos- del gobierno federal. El «ya veremos» está relacionado con la afirmación del propio López Arias que ha dicho que el «financiamiento parcial» ofrecido por el gobierno federal es «en principio no reintegrable».
Si esto último estuviera en duda (el carácter de reintegrable o no reintegrable) es que no existe obligación del gobierno federal de financiar la obra. Si tal obligación existiese, desde luego el Estado provincial salteño no tendría ni siquiera que plantearse la posibilidad de devolver un dinero que no debe.
En la misma información, se dice que el ministro López Arias ha desechado la posibilidad de montar «cárceles modulares», a pesar de la «situación límite» en que se encuentra la Alcaidía, a punto de reventar.
De todo lo anterior solo cabe concluir que la llamada «desfederalización» de los delitos menores de narcotráfico ha traído a Salta mucho más problemas que beneficios, y que la satisfacción que a menudo expresa el gobernador Urtubey no es consistente con la realidad que expresa su ministro.
Quizá sea hora de que se pongan de acuerdo a la hora de hacer una evaluación de este delicado asunto.