«Los pobres también viajan al extranjero», parece ser el título de la nueva telenovela escrita y producida en el Registro Civil de Salta, que después de haber anunciado a bombo y platillo venias de viajes para menores de edad de 800 y 2000 pesos, según la urgencia del caso, ayer se ha desdicho rotundamente. Según informa hoy el diario El Tribuno de Salta, el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia del gobierno provincial de Salta, señor Marcelo López Arias, de quien depende el Registro Civil que dirige el funcio/empresario Matías Assennato, ha recibido en su despacho al presidente del Colegio de Escribanos de Salta (entidad que había cuestionado el anuncio del Registro Civil sobre la venta de autorizaciones de viaje) y al ávido de dinero Assennato.
La reunión ha concluido con una especie de tregua, en la que el Registro Civil parece dispuesto a bajar la pizarra con su «lista de precios», luego de anunciar que las venias de viaje que emite serán para «familia de escasos recursos». No han utilizado el adverbio «solamente», por lo que no se sabe qué hará Assennato si en sus oficinas se presenta una familia ricachona para ahorrarse el arancel notarial.
Nada más dice la información del diario. Es decir, no se sabe cómo tendrán que hacer las familias para acreditar que son realmente de escasos recursos y no impostores que se hacen pasar por pobres; tampoco se sabe si tendrán que abonar o no los estipendios de Assennato o si el gobierno considera de bajos recursos a las familias que pueden permitirse gastar unos 50 dólares estadounidenses en un permiso de viaje.
Ante la falta de información, resulta razonable pensar que los escribanos han enterrado el hacha de guerra y sus objeciones de inconstitucionalidad, a cambio de que el gobierno les asegure cobrar (y bien cobrado) a las «familias de recursos suficientes», mientras que el Registro Civil se encarga de «las otras».
Pero esta «misión social» del Registro Civil (Assennato es ya conocido como la Teresa de Calcuta de las venias parentales) sigue sin estar contemplada en la ley que organiza su funcionamiento y delimita estrictamente sus competencias. Todo el mundo sabe que una simple disposición administrativa de un órgano inferior como la Dirección de Migraciones no supone -como dice el gobierno salteño- «una autorización del gobierno nacional» para emitir este tipo de documentos. Es decir, quien más quien menos sabe que se necesita reformar la ley para que el Registro Civil pueda ocuparse válidamente de las autorizaciones de viajes de menores, sin forzar ninguna norma y sin hacer chirriar la Constitución.
Sea como sea, Assennato se ha tenido que guardar en el bolsillo de atrás su pretensión de cobrar, así que a partir de esta misma mañana deberá instruir a sus implacables recaudadores para que aprieten las tuercas a los padres primerizos que optan por anotar a su criatura «a domicilio» y a los contrayentes que quieren celebrar sus bodas en la cancha de Juventud Antoniana, en el teleférico, en el viaducto de La Polvorilla o en el canal Tinkunaku.
Es decir, todavía es posible que los incautos que así lo deseen se dejen su sueldo en el Registro Civil, que, de seguir así las cosas, muy pronto pasará a ser fiscalizado por los inspectores de milanesas de la Secretaría de Defensa del Consumidor.