Durante la rueda de prensa en la que anunció la composición de su nuevo gabinete, el Gobernador de Salta dijo algo así como que las áreas de justicia y derechos humanos se mantienen inescindiblemente juntas porque su gobierno «garantiza» estos derechos a través de la justicia.
Esta afirmación debe sin embargo tomarse con cuidado y ser interpretada tanto a la luz de las competencias legales del gobierno en estas dos materias como de las actitudes concretas del Gobernador y de los que fueron sus ministros frente a los desafíos de los derechos humanos.
Si tenemos en cuenta ambas cosas, la última afirmación del Gobernador resulta francamente sorprendente.
Lo es, en primer lugar, porque es la ley y no los poderes públicos (el gobierno o los jueces) la que garantiza los derechos humanos.
En segundo lugar, porque la tutela (no la garantía) de estos derechos está reservada al Poder Judicial, no al Ejecutivo.
En tercer lugar, porque las competencias del gobierno provincial es materia de justicia son prácticamente nulas, ya que el ministro se limita a asistir al Gobernador para que ejerza sus competencias en esta materia, que como todo el mundo sabe no van más allá de la proposición a la Legislatura de los nombres de los futuros jueces y juezas, así como su eventual designación por decreto.
A través de este ministerio, el gobierno no controla ni los registros públicos, ni la actividad de los fiscales (que son formalmente independientes), ni política de organización y apoyo de la administración de justicia (en manos de la Corte), ni la cooperación jurídica interjurisdiccional (en manos de los juzgados), ni la asistencia jurídica del gobierno (reservado al Fiscal de Estado), ni la coordinación de los diferentes órganos judiciales.
Por otro lado, cada vez que las víctimas de los delitos o sus familiares exigieron al gobierno respuestas concretas en materia de derechos humanos y justicia, los que fueron ministros y ministras de Justicia, y él propio Gobernador, se han escudado repetidamente en la supuesta independencia de la justicia. Es decir, no han hecho nada.
A la hora de valorar la postura del Gobernador en estos temas, no conviene olvidar que la única reacción que ha tenido su gobierno en situaciones como estas ha sido el «acompañamiento» o la «contención»; es decir, solo buenas palabras y ninguna actuación concreta o útil para las personas necesitadas o para los derechos vulnerados.
Si a todo esto le sumamos que el Ministerio de Derechos Humanos se ha convertido con el paso del tiempo en una especie de kiosco de kermesse, colonizado por las diferentes minorías militantes (especialmente por activistas del feminismo radical), se podrá comprender con facilidad la razón por la cual la desconexión entre los derechos humanos y la justicia en Salta es virtualmente absoluta.
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