No hay otra forma de cambiarlos que no sea por decreto del Gobernador de la Provincia. A través de una norma jurídica de este rango el Gobernador los ha designado y, previsiblemente, también les aceptará la renuncia. En caso de que hubiese decidido cesarlos, también tendría que echar mano de un decreto.
En consecuencia, eso de decir que Urtubey hará cambios en su gabinete «por decreto» no es ninguna noticia. Es la normalidad.
Lo que el Gobernador ha querido decir es que esos cambios (que debe realizar «por decreto») no harán sin antes reformar la vigente ley provincial 7905, de 3 de diciembre de 2015, que organiza las funciones del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, cosa que podría hacer -según él entiende- a través de un decreto de necesidad y urgencia de los regulados en el artículo 145 de la Constitución provincial.
Es decir, que si el Gobernador -como parece ser su propósito- quiere reducir el número de ministerios, fusionar diferentes áreas de política sustantiva y cambiar las atribuciones de sus colaboradores, necesita introducir modificaciones en esta ley. Algo que debe hacer enviando -como lo ha hecho hasta ahora- un proyecto de ley a la Legislatura provincial.
Decretos de necesidad y urgencia
Sin embargo, la Constitución de Salta es muy clara en relación con la posibilidad que tiene el Gobernador de dictar este tipo de decretos urgentes.Para que una norma jurídica de esa naturaleza pueda ser legítima, la Constitución requiere que el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales «esté amenazado de una manera grave e inminente».
Como el Gobernador ha justificado la necesidad de «achicar» su gobierno por razones económicas, invocar una amenaza grave e inminente para el funcionamiento de los poderes constituidos equivaldría a admitir que su gobierno ha llevado al Estado a la ruina y al descalabro.
Dicho en otros términos, que si se invoca en el DNU la falta de recursos económicos como que amenaza el regular funcionamiento de los poderes del Estado, automáticamente se está reconociendo la situación de catástrofe económica, algo que puede estar bien para esquivar el embate de los acreedores pero no para presentarse ante una sociedad a la que se le ha venido diciendo durante diez años que estamos ante «el gobierno más exitoso de toda la historia de Salta».
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