La información oficial dice textualmente lo siguiente: “El Ministro (Carlos Abeleira) y el Secretario (Rodrigo Fernández), asumen toda la responsabilidad ante las autoridades judiciales y del Ministerio Público, por aquellas faltas de intervención en la que los agentes que se desempeñan en el ámbito de la Secretaría de Niñez y Familia puedan incurrir como consecuencia de las carencias o falencias en la provisión de recursos económicos o humanos, o medios necesarios y/o suficientes para el normal cumplimiento de las tareas a desempeñar en el ámbito de actuación que les sea propio”.
Este párrafo ha sido incluido en un acuerdo escrito firmado recientemente entre los citados funcionarios, los trabajadores de la Secretaría de la Niñez y Familia y delegados del sindicato Asociación de Trabajadores del Estado.
El texto del acuerdo habla de responsabilidad «ante las autoridades judiciales y del Ministerio Público», por lo que solo cabe inferir que se refiere a supuestos de responsabilidad penal y civil.
En primer lugar, las responsabilidades de este tipo de los funcionarios públicos (incluidos, por supuesto, los altos cargos) no depende ni puede depender de ningún contrato. Es decir que por vía contractual (por la voluntad de las partes) no se puede ampliar ni restringir este tipo de responsabilidad, que surge directamente de la Ley.
En el supuesto de que alguien llegara a considerar que es posible modificar al alza o a la baja la responsabilidad de los funcionarios por su actuación negligente o dolosa, el acuerdo es del todo inútil, ya que si lo que da a pie a la exigencia de tal responsabilidad son «las carencias o falencias en la provisión de recursos económicos o humanos, o medios necesarios y/o suficientes para el normal cumplimiento de las tareas a desempeñar en el ámbito de actuación que les sea propio», lógico es suponer que la responsabilidad por tales carencias o falencias recae sobre quien debe proveer los recursos necesarios para que los trabajadores cumplan con su cometido. Esa persona no es otra que el ministro.
Es decir, que mucho antes de que el señor Abeleira y su secretario «asumieran» su responsabilidad ya eran los responsables penales directos y civiles indirectos de lo que ellos denominan «faltas de intervención». Cualquier trabajador encausado, por ejemplo, por un delito de omisión de auxilio o de abandono de persona podría demostrar ante la autoridad judicial que quien debe proporcionar los recursos para desempeñar su trabajo adecuadamente es el ministro o, en su caso, el secretario, y quedar así exonerados de culpa.
Se trata simplemente de un gesto para la galería, pensado y dramatizado para dar la impresión de los funcionarios que dirigen el ministerio cuidan de sus trabajadores y se preocupan por las condiciones en que realizan sus tareas, cuando la realidad indica precisamente lo contrario.
El problema es que los fiscales salteños, encargados de perseguir los delitos, cuando se enfrentan a situaciones de incumplimientos de deberes de funcionarios, suelen dirigir sus misiles contra los trabajadores públicos de menor rango y dejar sin castigo a los ministros, secretarios, subsecretarios y directores generales. Así ha sucedido en el caso del asesinato, dentro de una celda de la cárcel de Salta, de la joven Andrea Edith Neri, hecho por el cual los fiscales han inculpado a guardias penitenciarios de muy baja graduación e ignorado la responsabilidad en el hecho que cabe a la ministra de la que depende la gestión de prisión.
De todo lo anterior se desprende que la «heroica» decisión del ministro Abeleira y del secretario Fernández en nada cambia las cosas, porque ellos, lo mismo que los trabajadores, saben que los fiscales, salvo catástrofe, no irán contra ellos.
De modo que el acuerdo al que han arribado el ministro, su secretario, los trabajadores y el sindicato es nada más que una forma muy poética, muy efectista y muy electoralista de asegurar la impunidad.
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