Los salteños todavía se preguntan por qué razón el Tribunal Electoral provincial anunció que cambiará las reglas del escrutinio definitivo en los medios de comunicación nacionales y no lo hizo en los medios de Salta sino varias horas después. Hay explicaciones para todos los gustos, pero la más razonable y sensata dice que la autoridad electoral salteña cedió a la presión mediática y se vio obligada a echar un cable in extremis a la empresa Magic Software Argentina, cuya seriedad y solvencia son motivo de un intenso debate ciudadano por estas horas.
La decisión del Tribunal se explica también como un recurso desesperado para evitar iniciar el trámite de rescisión contractual a la empresa proveedora del sistema, contemplado en el artículo 22º de la ley provincial 7730.
Los salteños se preguntan también por qué el gobierno provincial, que actuó con tanta premura y decisión para reestatizar servicios como la gestión de las autopistas, los hospitales o el Tren a las Nubes, defiende con tanto ardor el carácter eminentemente privado del proceso electoral y no se anima a estatizarlo.
Antes de adoptar la decisión de abrir todas las urnas y contar todos los votos, uno por uno, el Tribunal Electoral de Salta, llevando a límites cercanos al abuso de poder sus omnímodas facultades, había rechazado con frialdad, y hasta con sarcástico desprecio, todas las alegaciones y reclamaciones que le fueron dirigidas contra el funcionamiento del voto electrónico.
Los integrantes del Tribunal sabían perfectamente que admitir el más mínimo fallo en un sistema vendido como perfecto (flawless y bugs free) supondría un grave quebranto económico para su socio tecnológico y que la caída prematura del voto electrónico provocaría una drástica reducción de la expectativa de negocio de muchos funcionarios salteños que se frotaban las manos soñando con «dar cátedra» sobre la herramienta en Buenos Aires y en otras partes del país.
La solicitada publicada en los diarios porteños por el Tribunal Electoral provincial no tuvo por finalidad tranquilizar a los salteños sino más bien apuntalar el precario edificio que sostiene el marketing de Magic Software Argentina. De no haber sido así, la solicitada debió publicarse exclusivamente en Salta.
Otra de las beneficiadas por la decisión del Tribunal Electoral ha sido la Universidad Nacional de Salta, cuyos técnicos fueron duramente cuestionados a nivel nacional por animarse a asumir el papel de auditores únicos de un sistema que requiere de un estudio profundo y meditado llevado a cabo por expertos de un nivel científico muy superior al que puede ofrecer la universidad local.
Muchos han recordado que la ley provincial que regula el voto electrónico no instituye a la UNSa como auditor oficial del sistema y que esta designación fue propiciada por el Tribunal Electoral, que tranquilamente podía haber designado a otra universidad nacional de mayor jerarquía o, incluso, una extranjera.
La decisión del Tribunal Electoral de contar todos los votos de forma manual y renunciar a la lectura electrónica de los chips insertos en las cartulinas de voto coincide, en lo esencial, con lo que pedían los apoderados de la candidatura de Romero y ciudadanos particulares que cuestionaban la falta de sinceridad del escrutinio.
Nadie se explica por qué motivo, después de haber rechazado los recursos presentados y de haber declarado con inusual solemnidad y énfasis que el sistema es perfecto, el Tribunal Electoral admite ahora (48 horas antes de la votación) que el recuento manual (una excepción al mecanismo previsto en la ley) es mejor que el escrutinio electrónico de los chips.
Si el Tribunal ya lo sabía (es imposible que no lo supiera) no había ningún motivo para admitir que la oposición tenía razón en sus planteamientos. Un empecinamiento cercano a la tozudez dejó en evidencia que el amor propio (o la soberbia) son para algunos funcionarios más importantes que la razón jurídica de las partes y el derecho de los ciudadanos a cuidar la libertad y el valor del más importante de sus derechos cívicos.
El voto electrónico agoniza
La decisión de quitarle al voto electrónico su principal atractivo tecnológico (la lectura rápida de los registros electrónicos) ha colocado a este juguete al borde de la muerte.Los ciudadanos se preguntan si vale la pena gastarse 150 millones de pesos en unas máquinas frágiles, difíciles de manejar, programadas en el máximo secreto, para que solo sirvan como impresoras de tarjetas.
Si lo que se pretendía era ahorrar gastos de imprenta, bastaba con diseñar una boleta única de papel y enviarla a cada elector para que la imprimiera en su casa.
Ahora, después de que por razones que por el momento solo el Tribunal Electoral conoce se ha tomado la decisión de matar el escrutinio automático, el voto electrónico ha dejado de tener utilidad y sentido práctico.
Juicio político
El sonoro arrugue del Tribunal Electoral, que solo ha sido posible mediante una libérrima decisión de saltarse el mandato de la ley, vuelve a poner sobre el tapete la cuestión de la responsabilidad política de los magistrados y funcionarios que lo integran.Cualquiera sea el resultado de la próxima elección y la satisfacción de los electores con su transparencia y sinceridad, no habrá nada ni nadie que pueda rescatar ya a los miembros del Tribunal del descrédito profundo en el que han caído.
Lo más lógico sería que quienes han jugado de este modo tan impresentable con los derechos cívicos de las personas sean sometidos a un juicio de destitución, pero las mayorías que el gobierno provincial mantiene en los órganos encargados de este cometido, impide hacerse ilusiones.