El Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ha vuelto a transgredir las normativa electoral al presidir el acto de entrega de 79 escrituras a familias de Atocha 1 y 2.
Urtubey ha dicho a los presentes que «el Estado les está reconociendo un derecho» y que la entrega de las escrituras posibilita a cientos de familias «asegurar la tenencia de su hogar».
Por si fuera poco, la esposa del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Karina Rabolini, presente en el acto en su calidad de presidenta de la Fundación del Banco Provincia, dijo muy suelta de cuerpo que las personas que recibían las escrituras «pasaban a tener la seguridad y a ser dueños legítimos de las tierras que habitan».
Lo que no menciona la información oficial, y denuncian varios de los supuestos beneficiarios, es que su derecho de propiedad no nace de la voluntad graciosa del gobierno ni de la generosidad de la señora Rabolini o del gobierno de Urtubey sino de una operación de compraventa inmobiliaria.
Una operación que el gobierno (o el banco de Scioli) se han asegurado constituyendo a su favor una hipoteca, como lo demuestran las fotografías de las escrituras notariales.
De este modo, los flamantes propietarios no tendrán por muchos años la seguridad de ser dueños del suelo que pisan, por lo menos hasta que devuelvan el dinero que les permitió convertirse en propietarios.
Así como Urtubey y su aparato de información oficial han omitido en todo momento mencionar el gravamen que pesa sobre las nuevas propiedades (las elecciones están a la vuelta de la esquina), tampoco se ha informado, lógicamente, sobre los términos de la hipoteca, sus plazos y el capital a restituir.