Pero, como ciudadanos civilizados que son, en vez de dirimir sus disputas al despuntar el alba, con ruidos de sables o con disparos de armas de fuego, en un descampado y con la sola presencia de sus padrinos, los candidatos han preferido trasladarle el encargo a los tribunales de justicia, y en lugar de propinarse heridas y cortes el uno han otro, han decidido hacerle daño a la libertad de informar y al derecho a informarse.
Primero fue Leavy el que acudió a los juzgados federales para que Google y casi veinte medios de comunicación de Salta, Buenos Aires y Tucumán cerraran el pico, acusando al mismo tiempo al exministro de Urtubey, Juan Pablo Rodríguez Messina y al propio Gustavo Sáenz, de utilizar la web y las redes sociales para propalar calumnias en su contra.
Luego ha sido el turno de Sáenz, quien ni lerdo ni perezoso ha comparecido ante un juez de la Sala IV del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, con el patrocinio letrado de Horacio Aguilar, el abogado favorito de Urtubey, para colocarle una mordaza al El Tribuno y Norte Web, auténticos convidados de piedra en esta sórdida disputa por el qué dirán llamada a amenizar una campaña electoral pletórica de denuncias cruzadas de corrupción, pero bastante pobre en sus aspectos programáticos.
Tanto El Tribuno como Norte Web han sido requeridos formalmente por el juez señor Roberto Faustino Lezcano para que se abstengan de «divulgar la entrevista realizada al Sr. Sergio Napoleón Leavy acontecida en los días previos al 23 de octubre del corriente año en razón de las certificaciones emitidas por el Juzgado Federal Nº 1 y por el Juzgado de Garantías Nº 5 por afectar el honor del Sr. Gustavo Adolfo Sáenz».
Resulta llamativo que el juez señor Lezcano afirme de un modo tan tajante en su resolución que la entrevista prohibida afecta el honor de Sáenz, cuando en el procedimiento no se ha juzgado el fondo del asunto (una querella por calumnias e injurias) ni el juez ha tenido ocasión de hacerlo, ya que la resolución que lleva su firma y ha sido fechada anteayer, solo se refiere a una simple medida cautelar solicitada por Sáenz.
Pero en lo que aquí importa, las únicas víctimas de esta estas medidas judiciales -tanto la adoptada por la justicia federal a favor de Leavy- como la de la justicia provincial a favor de Sáenz, son los medios de comunicación que se ven privados, por un claro ejercicio de censura previa, de publicar con la mayor libertad los contenidos que les parezcan más adecuados a las necesidades informativas de los ciudadanos.
Llegados a un punto, no parece tan importante saber cuál de los dos es más gallito en los tribunales o quién es más pundonoroso, al estilo del Coronel Urbano Cañones, sino en todo caso saber cuál de ellos está en mejor disposición para hacerse cargo del gobierno de la Provincia de Salta. Y este juicio no podrá ser efectuado en ningún caso por los tribunales de justicia (que no son los ‘jueces naturales’ del asunto), sino que es materia sometida al veredicto ciudadano, y el ciudadano elector normalmente no tiene en cuenta la cantidad de querellas interpuestas por los candidatos ni el resultado de estas. Simplemente, no lleva una contabilidad en este aspecto.
A los dos, a Leavy y a Sáenz, les va a costar explicar por qué quieren ser Gobernador de Salta y al mismo tiempo se muestran decididos partidarios de la tutela preventiva del derecho al honor antes de que se produzca su efectiva lesión, instrumentalizando a los jueces del territorio y sometiendo a sus deseos a los medios de comunicación.