Se trata en todo caso de un consenso tardío, pues muchos de los que hoy cuestionan la utilidad del voto electrónico y critican el alto coste económico y político que demanda su mantenimiento a través del tiempo estaban perfectamente informados, hace ya diez años, de los numerosos inconvenientes y debilidades de un sistema que se empeñó en utilizar a los electores de Salta como cobayas para probar si unas máquinas casi juguete, diseñadas para votar en clubes y parroquias de pequeño tamaño, se podrían utilizar con éxito en unas elecciones populares democráticas.
El fracaso del experimento ha sido total. Y es lamentable que nos hayamos dado cuenta tan tarde.
Tal y como se preveía desde un comienzo, Salta ha pagado un alto precio por este infeliz experimento, pues hoy los resultados de las elecciones están sospechados mucho más que antes de no ser fieles a la decisión del soberano, sin que para ello haga falta -como temerariamente dicen algunos- que se presenten «quejas formales» contra el sistema ante el Tribunal Electoral.
¿Cómo presentarlas?, se pregunta mucha gente que sabe las trampas que se hacen con el voto electrónico no dejan huella de ninguna naturaleza y que es muy difícil probarlas, al menos con la eficacia con la que normalmente se prueban las irregularidades en unas elecciones no mediadas por la herramienta electrónica. Y ¿qué sentido tendría presentarlas ante el Tribunal Electoral, que se ha convertido en un órgano parcial e interesado?
La falta de «quejas formales» no quiere decir en ningún caso que la herramienta contente a todos y que no provoque sospechas sobre la veracidad de los resultados. Ni el gobierno ni el Tribunal Electoral -ambos comprometidos hasta la médula con la empresa que ha diseñado el sistema y alquila las máquinas- son autoridades suficientemente neutrales para dar garantías precisas e irrefutables de que el sistema está libre de sospechas y que es el más adecuado para unas elecciones democráticas.
Es más: la propia endeblez jurídica, técnica e intelectual del Tribunal Electoral hace que el voto electrónico de Salta sea todavía más cuestionable de lo que es.
Muchos de los que ahora critican este sistema han votado la ley que lo ha introducido formalmente en Salta. Jamás hasta ahora se habían preocupado por estudiar, siquiera someramente, los riesgos a los que nos estábamos enfrentando por el capricho personal del gobernante que se ha beneficiado de este engendro durante diez de los doce años que ha durado su mandato. Ellos también son responsables de lo que hoy denuncian. Nosotros lo hicimos cuando debimos hacerlo.
Con todo, la preocupación por el fraude electrónico hoy se ha desplazado del sistema de emisión electrónica del voto y de su recuento, al sistema de transmisión de los resultados de las mesas electorales al centro de cómputos. Pero aunque la forma de emisión del voto haya dejado de ser la preocupación principal, es bueno que nos planteemos ahora y no más tarde acabar con el voto electrónico, para recuperar la credibilidad perdida de nuestras elecciones provinciales y para que el elector se sienta más libre y más tranquilo a la hora de emitir su voto.
Hace años, cuando desde estas mismas páginas alertamos sobre los graves peligros que entrañaba la absurda adopción de esta herramienta, fueron pocos los que comprendieron el mensaje y menos numerosos aún los que combatieron el voto electrónico desde su implantación. Una mayoría pensó entonces que Salta estaba dando un paso hacia el futuro cuando en realidad estaba cavando la propia tumba de su democracia, mientras los enemigos de la libertad se frotaban las manos.
Hoy, cuando la sensatez parece haber vuelto -al menos en apariencia-, es necesario que entre todos pongamos fin a este experimento tan alejado de las prácticas democráticas y a este negocio opaco e indigno, en beneficio de la simplicidad del sufragio y de la soberanía de su control por parte de los ciudadanos, hoy en manos de un tribunal venal y poco creíble. En casi todos los países democráticos avanzados, los votos de papel se cuentan a mano (los cuentan los ciudadanos) y prácticamente no se conocen países o partidos que cuestionen la transparencia o la vitalidad de esta práctica que hoy por hoy parece insustituible.
Los partidos políticos de Salta y los ciudadanos que no pertenecen a ninguno de ellos deben pararle los pies de una vez al Tribunal Electoral, porque esta institución se cree la dueña de las elecciones, cuando no lo es, y emite juicios contundentes sobre cuestiones meramente administrativas y sobre cuestiones técnicas muy opinables con pretensiones de infalibilidad y con unas ínfulas de superioridad que son intolerables para cualquier enemigo del autoritarismo.
No debemos permitir que ello ocurra. No solo les debemos despojar del voto electrónico, para que no sigan haciendo negocios y confundiendo a los electores, para que no nos sigan tomando de rehenes con sus «capacitaciones para tontos», sino también debemos pedir que en una próxima reforma constitucional se democratice este órgano, se lo sustituya por una junta electoral central independiente y cualificada y por juntas regionales subordinadas, que estén conformadas en todos los casos por ciudadanos verdaderamente independientes del poder político y controlada estrechamente por los partidos.