El régimen electoral argentino permite las borracheras de publicidad proselitista, pero prohíbe rigurosamente que el elector ejerza su derecho bajo los efectos del alcohol. En el Código Nacional Electoral coexisten normas con más de un siglo de antigüedad y que han sido pensadas en su momento para proteger la libertad de unos electores sin apenas educación, con otras más modernas que, sin embargo, no parecen advertir que los votantes ya no son tan manipulables o ingenuos como en la época de Indalecio Gómez y Roque Sáenz Peña.
La situación es paradojal, pues las regulaciones antiguas -como la que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante las 12 horas anteriores al comienzo de la votación- se han convertido en una especie de religión, mientras que las modernas -como la que prohíbe el proselitismo en Internet durante las jornadas de reflexión- se pueden fácilmente transgredir, al calor de la permisividad de las autoridades.
¿Quién vota peor? ¿Quién comete el atentado más grave contra la democracia? ¿Aquel que se presenta a la mesa con algunas copas de más, o el que acude a votar intoxicado por la propaganda, tanto la legal como la ilegal?
Es sorprendente la velocidad con que las autoridades electorales y las municipales de Salta se han dispuesto a combatir el consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral y su víspera. Pero sorprende mucho más que las mismas autoridades le hayan permitido al Gobernador de la Provincia realizar actos públicos e inauguraciones prohibidas y utilizar los recursos del Estado para su personal provecho proselitista.
El domingo, un enjambre furioso de «demócratas», sedientos de nulidades, se lanzará sobre los ciudadanos para controlar que en las proximidades de las escuelas nadie lleve el más mínimo signo que identifique sus preferencias políticas y su decisión de voto.
Las mismas avispas, con la venia de la autoridad, mirarán para otro lado cuando los más poderosos utilicen enormes autobuses, camiones y camionetas para transportar a los votantes, cuando les cambien el voto por un kilo de harina o uno de azúcar, cuando los capacitadores del Tribunal Electoral indiquen a los electores menos avezados cómo hacer para votar por Urtubey, o cuando los cerebros informáticos a sueldo del poder pizarreen a voluntad los resultados.
Nadie pondrá el grito en el cielo por el hecho de que el 95% de los electores acuda a las mesas electorales afectado de un síndrome de intoxicación publicitaria, obnubilado por las luces, los flashes y los spots de campaña, aturdido por las cumbias, los raps de campaña y las bombas de estruendo, desconcertado por los 13.000 candidatos, las 350 listas y las 850.000 propuestas.
Al final, visto lo visto, parece más razonable y hasta preferible que esos sufridos ciudadanos vayan a votar en pedo, porque en una de esas hasta votan mejor.