En este último territorio se celebraron recientemente dos elecciones: la primera, el domingo 28 de abril (generales) y la segunda, el domingo 26 de mayo (autonómicas). En ambos casos fueron convocados a las urnas unos 4.750.000 madrileños, cifra que contrasta con el millón de personas habilitadas (1.025.631, según datos oficiales) para votar en las elecciones que se celebran en la provincia argentina de Salta.
En las elecciones legislativas de 2017 funcionaron en Salta 3.047 mesas electorales. En las pasadas elecciones madrileñas se dispusieron 6.600 mesas.
Hoy mismo, el Ministro de Seguridad del gobierno provincial de Salta ha revelado que las próximas elecciones que se van a celebrar en Salta -que en principio son cuatro pero que pueden ser hasta cinco- van a ser custodiadas por 5.000 policías.
Esta cantidad de efectivos para unas elecciones como las convocadas en Salta lleva a preguntarse cuántos policías se movilizan en Madrid para una finalidad similar.
De acuerdo con informaciones oficiales del Ministerio del Interior español, en las últimas elecciones madrilenas (4.750.000 personas con derecho al voto) se ha desplegado un total de 8.500 policías (4.500 policías nacionales, 2.500 guardias civiles y 1.500 policías municipales). El presupuesto de una sola de estas elecciones es de 6,15 millones de euros.
Es decir, que en Madrid ha habido un policía cada 558 votantes, aproximadamente, mientras que en Salta habrá un policía cada 205 votantes; es decir, casi el triple, en términos relativos.
Esta proporción parece, a primera vista irrazonable, puesto que en Salta no se producen mayormente incidentes ni existen problemas de seguridad asociados a la celebración de los comicios que sean sustancialmente diferentes a los que se producen en las elecciones españolas.
Lo llamativo es que una elección con más policías desplegados en los lugares de votación no es una elección más segura, por lo menos en el caso de Salta, en donde se utilizan máquinas de voto electrónico que son antiguas e inverificables y que están expuestas a riesgos que un policía uniformado y con muy escasa formación puede controlar.
Una elección con más policías de los necesarios es -necesariamente- una elección menos libre, en la medida en que está más intervenida por el poder coactivo del Estado y la fuerza policial tiene órdenes de detener a los votantes por algunos comportamientos como el llevar distintivos partidarios en las proximidades de los lugares de votación o por consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, cosa que no sucede en España.
Si las elecciones son ya de por sí caras, se encarecen mucho más en la medida en que se despliega una fuerza policial supernumeraria y disuasoria, sin otra necesidad que la de afirmar que el día de la votación los ciudadanos no son tan libres como la ley y la Constitución dicen que deben ser.