El acto proselitista a favor de Urtubey no tenía lugar ni razón, ya que su comparecencia ante la Asamblea Legislativa no es un acto partidario sino un acto de Estado. Pero más grave que esto es que la autoridad electoral nacional (en este caso, el Juzgado Federal Nº 1 de Salta) no se dio por enterado, como si su titular y su secretario competente vivieran en otra galaxia.
Si el mismo día el tribunal provincial que administra las elecciones y se encarga de la aplicación de las normas electorales decide «advertir» a candidatos y fuerza políticas de que deben cumplir la ley y observar los plazos que ella establece para la propaganda política, ¿qué razón hay para permitirle a Urtubey hacer lo que otros candidatos y partidos no pueden?
El de ayer fue un espectáculo lamentable para la democracia. No tanto por la actitud calculada y planificada de los organizadores de la campaña electoral, sino por el silencio cómplice de la autoridad electoral federal, que hay que recordar que tampoco dijo nada cuando hace seis años el hermano del Gobernador se paseaba por todos los pueblos de Salta, sin tener ya ninguna responsabilidad en el gobierno, con el objeto de apuntalar, fuera de plazo, su candidatura a senador nacional.
Si, como dice el Tribunal Electoral de Salta, los candidatos y partidos no deben hacer propaganda política más que en los términos y en los tiempos previstos por la ley, con mayor razón el Gobernador de la Provincia -aunque no sea candidato en las elecciones provinciales- tiene que someterse al mandato de la ley, que en este caso es el mismo, aunque la autoridad de aplicación sea diferente.
Hay que tener en cuenta, además, que Urtubey lleva varios meses violando la ley electoral y utilizando recursos del Estado provincial salteño para hacer propaganda proselitista a lo largo y ancho del país, sin rendir cuentas de sus actos y sin que ninguna autoridad le haya llamado la atención.
Si en las próximas horas el Juez Federal Nº 1 de Salta o su Secretario electoral no reaccionan y le recuerdan al Gobernador/candidato su obligación de respetar la ley, no habrá más remedio que pensar que los primeros incumplidores de la normativa vigente son los funcionarios judiciales. Esto, por supuesto, es causal más que suficiente para fundar una denuncia consistente ante el Consejo de la Magistratura nacional.