En el día de hoy se ha conocido una resolución del Tribunal Electoral de Salta que «advierte» a las fuerzas políticas y a los candidatos individuales de «que se abstengan de realizar campaña política antes de los 30 días de la fecha de las elecciones primarias».
La conducta de varios candidatos, como Miguel Isa, Lucio Paz Posse o Carlos Morello (los tres curiosamente miembros del actual gobierno provincial) ha dañado severamente la limpieza y la equidad del proceso electoral.
A pesar de la estéril advertencia del Tribunal Electoral, el daño ya está hecho.
Al adoptar este temperamento, el tribunal, integrado por los señores Guillermo Catalano, Fabián Vittar, Teresa Ovejero Cornejo, Mirta Inés Regina y María Inés Casey, no ha dicho una sola palabra acerca del anuncio de Facebook en el sentido de que bloqueará los anuncios electorales de páginas no autorizadas, obligando a partidos y candidatos a registrarse especialmente para desarrollar actividades proselitistas en la red.
Hasta el momento, el Tribunal Electoral de Salta, en sintonía con una temeraria postura de la Dirección Nacional Electoral, ha venido defendiendo de que las redes sociales se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la normativa electoral vigente, que restringe y acota el tiempo de duración de las campañas proselitistas, tanto para asegurar la limpia y equitativa competencia, como para evitar gastos inútiles y normalmente opacos al control público, tanto los ciudadanos como a partidos.
Con independencia de la actitud que adopte Facebook en relación con las elecciones argentinas, la sola confirmación de la no-neutralidad de las redes sociales obliga a las autoridades electorales a adoptar medidas congruentes con esta decisión.
La herramienta de Facebook es nueva -fue creada en 2018) y ha sido ya utilizada en países como los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil, India, Ucrania y, recientemente, en toda la Unión Europea, en vistas a las próximas elecciones al Parlamento de Estrasburgo, que tendrán lugar el próximo mes de mayo.
Entre tanto, ha causado malestar el hecho que ante la denuncia del senador provincial por Guachipas, José Ibarra, el tribunal haya respondido con una simple «advertencia» como si la conducta transgresora fuese un simple estacionamiento en lugar prohibido, y no un intento descarado de sacar ventajas en la competencia electoral.
Algunas de la fuerzas políticas perjudicadas por las campañas de imagen prematuras e ilegales han anunciado que pedirán al Tribunal Electoral medidas sancionadoras efectivas y no meros consejos, y al mismo tiempo solicitarán al TES que se pronuncie sobre la legalidad de la actividad proselitista contra legem en las redes sociales.