En las últimas horas se ha sabido que el Intendente del Partido de General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires, señor Carlos Fernando Arroyo, ha resuelto enviar al gobierno de Salta la «factura de gastos» por los daños causados por la publicidad ilegal de Juan Manuel Urtubey, con la intención de que sea el gobierno, no el candidato, el que pague los gastos.
La decisión del intendente Arroyo, de ser cierto lo que informan los medios, es injusta y antijurídica, toda vez que el autor responsable de la publicidad, Juan Manuel Urtubey, no es candidato del gobierno de Salta ni este puede asumir la responsabilidad civil por las acciones dañinas de una persona que, sin partido, se ha autoproclamado candidato a presidente, sin ningún aval institucional en la Provincia de Salta.
Más allá del error en la elección del sujeto pasivo, lo que queda claro es que con su actitud, Urtubey no solo ha comprometido innecesariamente el patrimonio y el buen nombre de la Provincia de Salta, sin tener derecho para ello, sino que también ha violado la normativa electoral y la municipal sobre publicidad callejera.
Al no ser Urtubey candidato de ningún partido político, lo que corresponde es que la factura de daños sea pagada por él mismo, o por su esposa, que son los únicos beneficiarios de esta publicidad extemporánea, dañina e ilegal.