Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y de Justicia, de la Cámara de Diputados de la Nación, celebraron el pasado jueves una larguísima reunión conjunta a fin de debatir junto a expertos el proyecto de ley del gobierno que propone instaurar el voto electrónico en las elecciones nacionales. La reunión, a la que asistieron el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, finalizó con un balance negativo del proyecto que impulsa el gobierno.
Según fuentes cercanas a los diputados, lo que pretende el gobierno es que, a más tardar en octubre, las dos cámaras del Congreso aprueben el proyecto de 98 artículos que prevé en una primera etapa la implantación del voto electrónico en todo el país, tal como se utiliza en la Provincia de Salta desde 2009 y en la ciudad de Buenos Aires desde 2015.
Los argumentos de los defensores de la herramienta no han convencido a todos los presentes y mucho menos a los expertos en cuestiones tecnológicas, que han expuesto con claridad sus reservas, no solo como conocedores de la materia sino también como ciudadanos preocupados por la transparencia y fiabilidad de los mecanismos electorales.
La mayoría de los bloques opositores han anticipado que votarán a favor de los artículos del proyecto que establecen la eliminación de las colectoras y la prohibición de las candidaturas múltiples. Pero muchos de ellos no están de acuerdo con el reemplazo de las tradicionales papeletas de voto por las electrónicas.
Los reparos no técnicos a la herramienta se centran en la falta de transparencia proceso de licitación del sistema y el carácter propietario del software que se utilizará.
Para muchos de los asistentes, las experiencias del voto electrónico en la Provincia de Salta, en donde se utiliza este sistema desde 2009, han sido aleccionadoras, pero no en los aspectos estrictamente técnicos (que han sido visiblemente desastrosos) sino porque en esta provincia quedó de manifiesto, como en ninguna otra parte del país, que el voto electrónico es más un negocio privado que una prioridad ciudadana. Muchos de los opositores han puesto de relieve que la introducción del voto electrónico en Salta, en donde no ha habido consenso ciudadano, ha sido posible gracias a la marcada debilidad institucional de esta Provincia y al poder exorbitante que ejerce el Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey.
Uno de los puntos altos de la reunión tuvo lugar cuando en uno de sus turnos de exposición, durante poco más de dos minutos, el experto riocuartense Javier Smaldone, quien con un simple smartphone y una aplicación de bajo coste demostró de forma irrebatible la falsedad de la promesa política de que el voto electrónico acabará con el clientelismo electoral y la compra de votos.
Por su parte, los miembros de la Fundación Vía Libre, Enrique Chaparro y Beatriz Busaniche efectuaron un repaso al panorama internacional en la materia, destacando la falacia de la denominación de Boleta Única Electrónica que los propietarios del sistema intentaron imponer después de que la Corte Constitucional de Karlsruhe declarara la inconstitucionalidad del voto electrónico en Alemania.
Los defensores del voto electrónico, aferrados al guión oficial, no tuvieron éxito al intentar justificar la pretendida superioridad de la llamada Boleta Única Electrónica sobre las boletas únicas de papel. Tampoco consiguieron rebatir los argumentos opositores en relación con las auditorías sesgadas practicadas sobre el sistema, el carácter opaco e inverificable del software utilizado y las dudas que genera el recuento de los votos mediante la lectura electrónica de los chips RFID.