Una muy desafortunada intervención ha tenido la secretaria del Tribunal Electoral de la Provincia de Salta, señora Teresa Ovejero, en el plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación celebrado el pasado jueves para debatir el proyecto de ley del gobierno que pretende, entre otras cosas, implantar con carácter general el voto electrónico en las elecciones nacionales. La funcionaria salteña, a la hora de explicar por qué motivo el software que soporta el sistema no puede ser analizado ni verificado por cualquier ciudadano, en lugar de poner el acento sobre la seguridad e inviolabilidad del sistema, ha cometido un desliz freudiano y dejado entrever que cualquier persona podría sustituir el CD con el que se inicializan los terminales de votación y hacer que quienes deban utilizarlas voten a un candidato diferente al que realmente han elegido en la pantalla.
«A lo que me refería es al tema del software que es una de las cosas que se habla mucho, que por qué no se lo abre al software, por qué no se lo puede ver. Nosotros en Salta, la Universidad Nacional de Salta hace la auditoría del sistema, la auditoría previa y se hace en un marco cerrado, es decir, en donde los fiscales informáticos hacen esa auditoría. Los fiscales informáticos en nuestra ley se le (sic) exige que tengan un título informático; es decir, que no puede ser cualquiera sino que tiene que tener un título, y hacen esta auditoría pero en un ambiente cerrado. No la damos, no se abre. ¿Por qué no se abre? Porque el CD que lleva la máquina, que es el que tiene el sistema operativo, si de repente cayera en manos de una persona inescrupulosa que quisiera hacerle un daño al sistema, puede cambiarlo a ese software y puede ahí sí tratar de meter un CD en una máquina, en connivencia con una autoridad de mesa o con alguien, y ahí sí uno va a apretar para votar a tal y va a salir a cual. Entonces esas son las medidas de seguridad que se toman. Esta no es una cuestión -por lo menos lo que ha decidido el tribunal en Salta- no es por no querer abrir, no es por no querer mostrar, sino justamente por cuestiones de seguridad que hace falta preservar para la elección».
La CONFESIÓN de Teresa Ovejero, secretaria electoral de Salta, sobre el software de la #BoletaÚnicaElectrónica. pic.twitter.com/QrBfCu850B
— Javier Smaldone (@mis2centavos) August 8, 2016
La explicación ha sorprendido a profanos y a expertos por igual, por su inconsistencia y sus contradicciones.
Entre las más notorias, la afirmación de que el Tribunal Electoral de Salta -y no la empresa MSA- ha sido quien ha tomado voluntariamente la decisión de no «abrir» el código fuente a la ciudadanía, alegando razones de seguridad, algo que se contradice con la afirmación final de que no es la intención del tribunal no mostrar el código fuente.
Otra inconsistencia notable es la admisión de que el programa no puede ser examinado por cualquier ciudadano, del mismo modo en que podría comprobar que la urna se encuentra vacía antes de comenzar una votación con boletas de papel. La admisión por la secretaria Ovejero del carácter elitista y limitado de la auditoría confirma que el voto electrónico de Salta -el mismo que se pretende extender a todo el país- no supera ni de lejos los criterios de fiabilidad, simplicidad y examen ciudadano establecidos por la Corte Constitucional alemana en su sentencia del 3 de marzo de 2009.
Pero sin dudas, la metedura de pata estrella de la secretaria Ovejero, ha sido la impensada confesión de que los terminales de voto, debidamente «tuneados» pueden ser inicializados con un software que haga que el votante escoja a un candidato o a una lista y que su voto se registre y contabilice para otra opción diferente.
La secretaria del Tribunal Electoral habla en general del peligro potencial que supone la intervención sobre el software de «personas inescrupulosas», pero no puede de ningún modo excluir de este grupo a punteros del propio gobierno.
Una inadmisible sospecha ha deslizado también Ovejero al mencionar la posibilidad de que la maniobra informática fraudulenta sea consumada por alguien que actúa en «connivencia con el presidente de mesa» o con «alguien», lo que deja abierta la puerta para pensar que los técnicos del Tribunal Electoral (que manejan las máquinas con más soltura que los presidentes de mesa) y los encargados de la logística pueden también ser sospechosos de realizar algún tipo de maniobra.
Por último, Ovejero no deja claro ante el auditorio cuál es el papel de los auditores informáticos de la UNSa y el que les cabe a los fiscales de los distintos partidos políticos. Tampoco explica por qué motivo el software no es compartido para su estudio y examen con organizaciones libres de ciudadanos, en lo que a todas luces parece desnudar una inexplicable desconfianza del gobierno de Salta respecto de la actuación de la ciudadanía organizada e independiente.
Parece evidente que si toda la seguridad del sistema de votación (que se utiliza en la elección de nuestras más importantes autoridades) depende de algo tan sencillo como que alguien no cambie el CD, los terminales de voto utilizados en Salta desde 2009 y más recientemente en la ciudad de Buenos Aires son de una vulnerabilidad extrema, y su inadecuación para su utilización en unas elecciones políticas no necesita de mayor argumentación o demostración.
Si la señora Ovejero pretendía echarle una soga al voto electrónico, su muy discreta intervención no ha hecho otra cosa que arrojar sobre el sistema más sombras de las que ya tenía, y en algún caso, un salvavidas de plomo.