Si bien se trata de unas elecciones públicas y convocadas por el gobierno, no hay norma constitucional ni legal que ampare la posibilidad de que el Tribunal Electoral de la Provincia se involucre en la fiscalización de las «elecciones» que se llevarán a cabo en la ciudad de Salta entre los días 16 y 20 de marzo. Según el artículo 58 de la Constitución Provincial, el Tribunal Electoral tiene a su cargo, entre otras tareas, la organización y el funcionamiento de los «comicios», pero esta expresión se ha de entender, en cualquier caso, en su recto significado constitucional de «elecciones para designar cargos políticos».
Cualquier otra elección en la que intervenga el Tribunal Electoral de la Provincia, que no sea de cargos políticos, es una ilegalidad. Y en el caso de las elecciones al nombre del parque innominado del sudeste, su intervención representa una clara rebaja de su autoridad, que solo se explica por las necesidades de marketing del sistema de voto electrónico que publicita estos días el gobierno, con el Gobernador a la cabeza, por todo el país.
La designación del Tribunal Electoral para la fiscalización de una elección de esta naturaleza no sirve para otra cosa que para confirmar que aquel órgano, que se supone equidistante respecto de las luchas por el poder y al socaire de las disputas políticas, hace causa común con el gobierno, en un asunto en el que ambos tienen intereses visiblemente coincidentes.
Lo grave del asunto es que el Tribunal Electoral es presidido por el mismísimo presidente de la Corte de Justicia de la Provincia e integrado por al menos dos magistrados más del mismo tribunal, lo cual invita a reflexionar si este compromiso institucional de tan altas investiduras con unas elecciones no políticas, de tono muy menor, no supone un uso desviado de la autoridad y un dispendio de la misma.
Por la misma regla de tres, debería el Tribunal Electoral utilizar entonces sus mecanismos, sus recursos (que son públicos) y sus funcionarios (pagados por todos) para organizar, regir y decidir las elecciones de reinas de los estudiantes, del carnaval, de la tercera edad y de los pueblos originarios. Si no lo hace aún es porque en estas elecciones populares no se utilizan las máquinas de voto electrónico.
En una Provincia seria, nadie volvería a votar en unas elecciones en las que su máximo tribunal ha intervenido antes en una elección del nombre de un parque. Nadie haría caso a sus consejos y a sus directrices, después de que el Tribunal Electoral de la Provincia haya apadrinado unas elecciones que se podrían resolver incluso con mayor eficacia votando con garbanzos.
O se mantienen los principios de autoridad y legalidad, o se hace frente a las consecuencias de su rebaja.