El Gobernador de la Provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, se ha mostrado mucho más cauteloso que la Presidente de la Nación y ha preferido no opinar sobre la anulación de las elecciones celebradas en Tucumán por parte de un tribunal de justicia de aquella Provincia. Preguntado sobre este tema, Urtubey ha dicho respetar la decisión de la justicia y creer que la misma está fundada en el derecho público que rige en la Provincia de Tucumán.
El respeto expresado por Urtubey contrasta nítidamente con la posición agresiva de Cristina Fernández de Kirchner, que ha tenido ayer mismo duras palabras para con los dos magistrados que decidieron anular los comicios celebrados el pasado 23 de agosto.
Como se recordará, la Jefa del Estado cargó contra los jueces Ruiz y López Piossek, a quienes acusó parciales, de centralistas, de despreciar a las provincias y de «retrotraer a Tucumán a épocas predemocráticas».
Lejos de cualquier prudencia, el kirchnerismo gobernante ha dejado caer la posibilidad de disponer la intervención federal al Poder Judicial de Tucumán, en caso de que el máximo tribunal de justicia provincial decidiera ratificar la sentencia anulatoria dictada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Clientelismo y derecho público provincial
Dentro de su encomiable cautela, el gobernador Urtubey ha dejado caer que los comportamientos clientelares, como la entrega de alimentos o el transporte masivo de electores hacia los centros de votación, que han sido considerado por los jueces tucumanos como causas de anulación de la libertad de los electores, es una cuestión circunscrita a Tucumán, a su sistema legal y a sus prácticas electorales.El Gobernador de Salta ha querido decir que ningún tribunal de justicia en Salta consideraría que tales conductas (maniobras a las que su gobierno recurre con inusitada frecuencia) son suficientes para anular una elección.
De hecho, Urtubey resultó elegido tres veces consecutivas en unas elecciones en las que su partido, lo mismo que los de la oposición, recurrieron a la entrega inmediata de bienes para influir sobre la volutad de los electores.