El gobierno que preside Mariano Rajoy tiene ya el visto bueno del máximo órgano consultivo previsto por la Constitución española para impugnar la resolución adoptada el pasado lunes por el Parlamento catalán sobre la llamada «desconexión» con España. El Consejo de Estado ha dictaminado por unanimidad la idoneidad del recurso que el Gobierno interpondrá hoy mismo ante el Tribunal Constitucional y con el que pretende bloquear cualquier intento de aplicar alguno de los nueve punto de la declaración secesionista.
El recurso pedirá al Constitucional que advierta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al secretario, Pere Sol, a la mesa de la Cámara, al presidente en funciones Artur Mas y a su gobierno de que podrán ser suspendidos de sus funciones o acusados de desobediencia.
La reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aprobada a instancias del gobierno central, permite al tribunal no solo suspender la declaración secesionista sino también notificar personalmente la resolución a los funcionarios implicados, de modo que se les advierta las consecuencias de su incumplimiento.
El Tribunal Constitucional tiene previsto reunirse esta tarde para decidir sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno, lo cual supone -de forma automática- la suspensión de la resolución impugnada.
El Gobierno pedirá al Constitucional que imponga a Forcadell, a la Mesa y al secretario del Parlament «la prohibición expresa de admitir a trámite, ni para su toma en consideración ni para su debate o votación, iniciativa alguna, sea de carácter legislativo o de cualquier otra índole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución, incluido su anexo».
Requerimientos similares se efectuarán -en caso de que el Constitucional estime el recurso- al presidente en funciones Artur Mas y a su Consejo de Gobierno.
En todos los casos se incluirá la advertencia expresa de suspensión de sus funciones, así como de la posibilidad de iniciar contra ellos un proceso penal por el delito de desobediencia de los mandatos judiciales, en caso de incumplimiento.