Cuando ayer lo vi pavonearse como un urogallo en un brezal en el banquete anual del Club 20 de Febrero -una de las instituciones más oligárquicas, elitistas y conservadoras de la Argentina- me di cuenta inmediatamente de que sobre esta tierra de Salta no hay justicia para el pobre.
Cuando leo hoy en las columnas del diario El Tribuno que él considera que el Tribunal de Impugnación y la Corte de Justicia de Salta han condenado con la mayor claridad a Clemente Vera a prisión perpetua, confirmo mi impresión de que sobre esta tierra de Salta no hay justicia para el pobre.
Quien por su postura y sus escritos deviene de repente en «el cantor» de una justicia provincial completamente a la deriva, no es otro que Federico Rodríguez Spuch, el antiguo abogado de Jean-Michel Bouvier.
El que este hombre, grande por su talla pero pequeño por su coraje, se haya colocado bajo la luz de los proyectores no es trivial ni casual, pues su escrito se ha hecho público en el mismo momento en el que la campaña apolítica para la liberación del jardinero de San Lorenzo se encuentra en pleno apogeo. Una campaña internacional lanzada por su antiguo cliente, el padre de Cassandre, que reúne por primera vez en torno a una misma causa judicial a diversas personalidades pertenecientes a todas las clases sociales.
Lo hemos entendido bien: la partida que aún se disputa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina impide -al parecer- dormir al letrado Rodríguez Spuch. Pero no solo a él, puesto que el asunto también desvela a la cúpula del Poder Judicial de la Provincia de Salta. Y en ambos casos con razón, pues si el máximo órgano judicial del país llegara a pronunciarse a favor de la absolución de Clemente Vera, esta decisión provocaría un enorme cataclismo en el seno de la Provincia, que tendría al menos dos consecuencias graves:
- Por efecto dominó, la puesta en entredicho, al máximo nivel, de todo el funcionamiento de la cadena judicial, desde la base policial hasta el presidente de la Corte de Justicia.
- La apertura de una segunda instrucción judicial con el objetivo de conocer la verdad «real» de los hechos.
En el primer caso, frente a una importante demanda social, el gobernador Sáenz se vería obligado a acometer la reforma completa e integral de la institución judicial. Una puesta a cero (un acto de fuerza democrática se podría decir); y todavía más que eso: una auténtica patada en el hormiguero de una región del norte de la Argentina en donde 150 años de inmovilismo solo han servido para velar por los intereses de la minoría blanca-burguesa dominante.
En el segundo caso, la simple constatación lógica de que un solo hombre (Gustavo Lasi) no ha sido capaz de violar, torturar y luego asesinar a dos jóvenes mujeres, es suficiente para lanzar una segunda instrucción judicial. Los nueve años que han transcurrido entre los hechos y el día de hoy no serían una desventaja para los investigadores ni para los magistrados instructores, ya que los elementos materiales que se recopilaron y sellaron en 2011 (siempre que no hayan sido destruidos) son más que suficientes para llegar a los perpetradores y reconstruir así la verdadera escena del crimen.
En lugar de solidarizarse con la campaña internacional iniciada por su antiguo cliente, el abogado Federico Rodríguez Spuch, no ha dudado en asumir pública y deliberadamente su responsabilidad de defender lo que a todas luces es indefendible. Lo emplazamos, pues, a que cuando se conozca la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos precise de nuevo -sobre todo sin sacrificar ni su intensidad ni su solidez- el fondo y la sustancia de su pensamiento.
Jean-Charles CHATARD
Autor del libro: ‘Francesas, autopsia de un doble asesinato’