Pero a medida que vamos conociendo hasta dónde puede hacer daño el virus y nos damos cuenta de que su sofisticada maldad no solo atraviesa con facilidad el tejido pulmonar de los seres humanos sino que también hace algo parecido con el tejido productivo de sus sociedades, la preocupación de gobernantes y gobernados se centra ahora en la forma en que se va a producir el «desconfinamiento»; es decir, por lo que se ha dado en llamar «la desescalada de la crisis».
En este espinoso terreno del regreso a la normalidad no todos los países están igualmente situados. Tampoco hay grandes acuerdos ni planes concertados. Solo exhortaciones a la prudencia y poco más que eso.
Si en su momento fue relativamente sencillo dar una respuesta homogénea frente a la amenaza de la expansión global de la enfermedad, responder ahora al desafío de recuperar lo que se ha perdido en las últimas semanas no será tan fácil, como algunos dan por supuesto. Este asunto está preocupando mucho en estos momentos a los líderes de los países más importantes del mundo.
A algunos, es verdad, la tarea les resultará menos complicada que a otros; bien sea por el tipo de medidas que cada uno ha adoptado en la fase de «escalada», bien sea por la particular cultura cívica de las diferentes sociedades.
Aunque en estos días se está viendo cómo algunos intentan copiar las estrategias de desescalada que han diseñado otros, a simple vista no parece que las soluciones vayan a tener la misma eficacia en Europa (en donde se han tomado medidas durísimas, pero en el fondo muy respetuosas de los derechos ciudadanos y de la vigencia del Estado de Derecho) que en países como China, Rusia, Brasil o la Argentina, atravesados todos ellos por una tradición autoritaria muy arraigada que los aleja notablemente de las democracias avanzadas. De las dictaduras conocidas (Cuba, Venezuela, Corea del Norte...) no se espera nada bueno, como siempre.
En el plano puramente nominal, las medidas adoptadas por el gobierno argentino son calcadas a las que se en su momento adoptó el gobierno español, que, a su vez, diseñó su estrategia en base a lo que antes habían decidido China e Italia para territorios como Wuhan o Lombardía. El gobierno francés reaccionó un poco más tarde, pero las decisiones fundamentales del presidente Macron (confinamiento de la población [nationwide lockdown], paralización de la economía, interrupción de las clases [school shutdowns], control de precios de algunos bienes, cierre de las fronteras nacionales) son muy parecidas a las que antes, y con distintos resultados, habían adoptado otros países.
Entre los países más grandes de Europa destaca, con apreciable distancia, Alemania, que ha gestionado la crisis del coronavirus de una forma impecable. En base a rigor científico, liderazgo y disciplina, la canciller Angela Merkel (Doctora en Química) ha conseguido para su país lo que su poderoso y siempre revuelto vecino francés no ha podido alcanzar todavía, a pesar de haber hecho grandes sacrificios. En estos momentos, pocos dudan de que Alemania recuperará más pronto que nadie la normalidad entre los países más importantes de Europa, y que de sus sólidas arcas saldrán las ayudas más consistentes y seguras para la reconstrucción de los países que peor han atravesado esta crisis.
En el otro extremo del mundo, a los ciudadanos argentinos se les ha hecho creer que su gobierno ha adoptado medidas «muy restrictivas», cuando lo cierto y verdad es que -vistas con ojos europeos- las medidas del gobierno argentino, más que restrictivas de las libertades fundamentales son fundamentalmente autoritarias. Es decir, se han restringido aún más algunos derechos que no habían alcanzado la plenitud de su vigencia en un país caracterizado por la anomia y la precariedad de su Estado de Derecho.
Quizá el ejemplo más notable es la paralización de la actividad legislativa en la Argentina, hecho que no se ha producido en otros países y que sin embargo es contemplado por el gobierno federal y los gobiernos de provincia como «un alivio» que permite el despliegue más efectivo y directo (with no emcumbrances) de ciertas medidas ejecutivas de enorme impacto sobre las libertades ciudadanas.
Mientras en Europa la mayoría de los parlamentos nacionales enfrentan dificultades para funcionar (muchos de ellos han debido acondicionar salas de sesiones que permitan mantener la distancia de seguridad durante las votaciones imprescindibles) pero, a pesar de todo, lo siguen haciendo (porque el examen de la razonabilidad de las decisiones urgentes del gobierno y su legitimidad así lo demandan), el Congreso Nacional argentino y la mayoría de los órganos legislativos provinciales permanecen cerrados a cal y canto. Y si alguna actividad hay en alguno de ellos, seguramente es una actividad adjetiva y superficial, que no está vinculada directamente con el control de la actividad del gobierno relacionada con la gestión de la crisis sanitaria.
En la Provincia de Salta, la decisión de cerrar la Legislatura provincial fue comunicada en su día por un Whatsapp que envió una empleada de segunda línea a los legisladores provinciales. En Salta, como ocurre también en otros lugares de la Argentina, las decisiones fundamentales están siendo adoptadas mediante decretos legislativos de necesidad y urgencia que son dictados exclusivamente por poder ejecutivo, y que, a causa del cierre de los órganos legislativos, no están sometidos al control y a la ratificación de los representantes del pueblo.
El Gobernador de Salta -provincia en la que no se han registrado muertos por la enfermedad y la cantidad de casos detectados es realmente ínfima- ha llegado incluso a dictar, durante el confinamiento, normas de naturaleza claramente penal (como son las leyes contravencionales) para castigar con la pena de arresto a los que incumplan los deberes impuestos a los ciudadanos (sin ley) con ocasión de la cuarentena.
En Salta se han clausurado las carreteras y prohibido el transporte interprovincial. Se somete a un encierro especial (especialmente riguroso y duradero) a las personas que, por cualquier motivo, consiguen llegar al territorio provincial desde otros lugares. Poco ha faltado para que aquí en las fachadas de las casas de los presuntos contagiosos se coloquen «fajas», como insinuó el Gobernador de Jujuy, al parecer, secreto admirador de las políticas del IIIº Reich. También se ha establecido en Salta, sin ley, la obligación de utilizar mascarillas sanitarias y la policía persigue con más celo al que sale de su casa sin motivo que al delincuente que roba, mata, viola o trafica con estupefacientes. Es el autoritarismo puro del poder desnudo (y no la restricción de derechos y libertades enmarcada en la Constitución) el que rige en Salta y en la mayor parte de la República Argentina en estos momentos.
En buena parte de los países europeos los tribunales de justicia funcionan a medio gas. Los plazos procesales ordinarios se encuentran suspendidos y los órganos no están autorizados a tramitar asuntos corrientes sino aquellos especialmente urgentes en los que se encuentre en entredicho la vigencia o el disfrute de algún derecho fundamental.
En Salta sucede tres cuartos de lo mismo, con la diferencia de que los tribunales -hasta el momento y que se sepa- no han resuelto ni uno solo asunto urgente relacionado con las libertades fundamentales suprimidas (por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra los decretos del gobierno), excepto la tramitación de denuncias y el procesamiento de quienes pudieran haber violado la cuarentena obligatoria. El propio Gobernador de la Provincia ha llamado «imbéciles» a los violadores de la cuarentena, siguiendo la estela del Presidente de la Nación que unos días antes había calificado de «miserables» a algunos comerciantes de pocos escrúpulos. En Europa, los gobernantes no han necesitado echar mano de los insultos para afirmar su autoridad y tampoco -vale la pena recordar- han salido a dar clases ni recetas para combatir al virus, como sí ha hecho, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos.
Cuando nos toque salir
En condiciones como las que acabamos de describir, el regreso a la normalidad deberá estudiarse en dos grandes terrenos: uno, el del conjunto de países democráticos con sistemas de libertades consolidados y con un Estado de Derecho eficiente, y dos, el del conjunto de países con democracias de baja intensidad (iliberales), con comportamientos autoritarios ampliamente difundidos y fuertemente arraigados en la cultura nacional y un Estado de Derecho precario y manipulable.La desescalada de la crisis no podrá ser de ningún modo igual en un grupo de países que en el otro.
No se trata de una cuestión de facilidad o de rapidez, puesto que es más probable que en los países con una mayor carga de autoritarismo el regreso al punto de partida se lleve a cabo sin demasiadas complicaciones y en un tiempo razonable. Seguramente, a los países que disfrutan de libertades más consistentes les costará más tiempo y esfuerzo recuperar la normalidad de sus instituciones y la plena vigencia de los derechos.
Si el criterio que preside las estrategias de desescalada es el de la seguridad sanitaria, parece muy claro que la restitución in integrum de las libertades suspendidas exigirá un mayor esfuerzo de control y de prudencia allí donde esas libertades tenían plena vigencia, que en aquellos países que pueden conformarse -y de hecho lo harán- con un retorno calculado a los niveles usuales de autoritarismo.
Es posible especular con un escenario como el descrito siempre y cuando los países se propongan sinceramente volver a los viejos equilibrios, puesto que no debe perderse de vista que tanto en el primer grupo de países como en el segundo los gobiernos han actuado casi con libertad absoluta y más de uno puede sentirse en esta situación tentado a extender los poderes extraordinarios aun cuando no sean ya necesarios.
Si un fenómeno como este se produjera en el primer grupo de países, durante o después del periodo de reconstrucción, sus ciudadanos seguramente se alzarían en masa para reclamar el regreso total de sus libertades y derechos, sin excepciones. Pero si la tentación se apoderara de los gobiernos de los países del segundo grupo, una parte importante de la ciudadanía viviría el refuerzo autoritario sin apenas agobios y a la otra parte de la ciudadanía -disconforme con el giro- se le haría muy difícil encontrar las herramientas y los cauces institucionales adecuados para luchar contra el autoritarismo reforzado.
Por esta razón es que resulta imprescindible, ahora mismo, distinguir entre las medidas puramente «restrictivas», que al mismo tiempo son «extraordinarias» y «reversibles», de las medidas puramente «autoritarias» (como la tipificación de contravenciones y la autorización a la Policía para arrestar a personas solo por la apariencia de haberlas cometido o la falta de controles legislativos adecuados a la actividad normativa del gobierno) que previsiblemente no serán revertidas ni aunque se consiga abatir al virus de forma contundente y definitiva.