A veces los cambios, que se prometen progresivos y experimentales, requieren más bien de sucesos trágicos, estresores del orden, precipitantes de lo anunciado, en este caso como crisis del capitalismo global y por ende del orden que el mismo implica. No quiero decir que necesariamente éste sea el causante directo de esta pandemia que atemoriza globalmente, sino que en circunstancias como las que ha generado el COVID-19, se desnuda un orden de valores, se nos enrrostra unas prioridades que definitivamente no son compatibles con una vida humana digna y con la supervivencia de nuestra especie.
Estamos viendo, casi como un espectáculo, que distintas especies de animales que se encontraban confinados en lugares estrechos de su hábitat y cada vez más escasos en superficie, retornaron a la libertad recuperando el territorio que desconsideradamente le fuimos arrebatando. Guanacos en las playas de Puerto Pirámides; carpinchos en el Delta del Paraná; ciervos en el Tigre; jabalíes en el centro de Barcelona; delfines en los canales de Venecia; pavos reales en las afueras de Madrid; etc.
La tecnología y los medios de comunicación nos permiten conocer e interactuar prácticamente en vivo, con todo lo que acontece en cualquier parte del mundo global. De lo bueno y de lo malo, las acciones que han generado la pandemia y las que están aplicándose para contener o mitigarla. También la sociedad es, por el mismo medio de interacción, consciente de las distintas consecuencias críticas que desatan estas contingencias y del rol que le cabe a cada uno.
Precisamente se ha dispuesto a nivel nacional, mediante decretos presidenciales y resoluciones ministeriales, la prohibición de aumentar los precios por encima de un máximo preestablecido y el desabastecimiento de productos de primera necesidad, en especial los vinculados a la limpieza e higiene personal que ayuden a prevenir el contagio del COVID- 19, con una intención especulativa desde el punto de vista económico en perjuicio de la población. Estas acciones, sin lugar a dudas, al igual que transgredir el aislamiento o distanciamiento social preventivo, configuran delitos con sanciones penales y económicas. Pero también en estos casos, el sistema penal resulta ineficaz para contener una epidemia tan peligrosa. Es decir, como siempre acudir a la punición es sólo un complemento de medidas muchas más importantes que están destinadas a prevenir la propagación del virus. De allí que lo más importante es tomar todos los recaudos sugeridos; informarnos bien de lo que debemos hacer respecto de nuestros cuidados sanitarios e higiénicos, la restricción ambulatoria cumplida de manera categórica es hasta hoy el mejor método.
Existe por estos días una situación muy particular, preocupante, y que nos afecta a todxs en nuestra cotidianeidad. Me refiero a tensiones crecientes entre trabajadores y empresas o empleadores. Entre la incertidumbre, la recesión económica, la precariedad laboral y la inflación, típica de nuestra realidad latinoamericana. Lo intempestivo de la propagación se traslada a todas las nuevas prácticas y relaciones socioeconómicas. Con la misma velocidad en que se produce la implementación de medidas antiepidémicas, se deben implementar adaptaciones al sistema productivo y comercial que claramente generan tensiones entre los derechos humanos y las ganancias económicas.
Frente a ello, surge así intempestivamente un nuevo desafío en la ética empresarial. Compatibilizar el rendimiento máximo de su productividad y ganancias con el bienestar general de los trabajadores y la mayoría de la sociedad. Una coyuntura determinada por una contingencia global pero también condicionada por decisiones políticas de gobierno delineadas por una matriz ideológica. Todo ello, por encima de un sustrato socioeconómico preexistente, como se dijo, con una prevalente inflación y recesión económica sumada a la precariedad laboral y pobreza estructural con todas sus implicancias.
Con el correr de la cuarentena y la cuaresma, ya estamos viendo cierres de empresas; reducción de personal; suspensión de tareas; reducción de salarios; despidos directos e interrupción en el pago de salarios en el peor de los casos. Inmediatamente surgen reacciones gubernamentales que, destinadas a prevenir el caos, disponen ciertas prohibiciones de accionar libremente o mejor dicho accionar acorde a las necesidades del mercado, por parte de los empresarios.
Recientemente se dispuso por un Decreto de Necesidad y Urgencia N° 329/20 que, en síntesis, impide el despido (sin causa), (que ya se había declarado en noviembre de 2019) y por las causales de fuerza mayor o falta y disminución del trabajo; así como las suspensiones laborales por el plazo de 60 días. Con la única salvedad de que quedan exceptuadas las suspensiones concertadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. De allí deben precisarse dos situaciones diferentes, una es la suspensión del deber de asistir al trabajo, precisamente por el aislamientos social preventivo obligatorio, sin que ello impida que el trabajador continúe percibiendo de manera íntegra su salario. Y por otra parte, la suspensión de las relaciones de trabajo por la disminución o falta de servicios en el ámbito laboral.
Como vemos se trata de dos tipos de suspensiones de asistencia al trabajo, pero que obedecen a distintos tipos de interés. El primero relacionado con prevenir y/o mitigar el contagio como único método posible, consistente en el distanciamiento de las personas y el segundo vinculado a la falta de productividad de la empresa, cuyo giro comercial se ve afectado por la primera. Como no en todos los casos es posible el teletrabajo, el cual resulta más compatible con los “servicios” aunque claro está se encuentra también afectado, se viene produciendo en escalada la ola de despidos y suspensiones con invocación de justa causa por parte de la parte empresaria. En esa tensión puede darse una salida, que de hecho se está concretando afanosamente, consistente en lograr concertar entre los trabajadores y la patronal una disminución porcentual del salario que permita soportar las cargas de la crisis de manera compartida y con ello mantener la relación laboral indemne, como se dijo previsto por el art. 223 bis de la LCT pero aquí también deben tomarse celosamente los recaudos conforme al art. 15 y cctes de la LCT, de que tales acuerdo requieren de la conformidad de una autoridad administrativa o judicial competente que los homologue (autorice).
Ésta será sin dudas una cuestión que generará álgidos debates y controversias porque inevitablemente enfrenta intereses de la mayoría trabajadora contra una elite empresaria. Pero también comprende al pequeño emprendedor o comerciante que cuenta con poco personal y que le resulta muy difícil sostener, una situación económicamente adversa. En todos los casos resulta evidente, porque viene anticipándose a nivel mundial, los desbalances y pérdidas económicas que la pandemia COVID-19 genera en nuestras sociedades. Pero tampoco podemos desconocer que se antepuso el argumento de la razonabilidad y la solidaridad en el soporte de las consecuencias negativas, en las medidas que se vienen disponiendo desde los gobiernos y particularmente el nacional.
Esta vez, la ética empresarial se ve compelida porque no existe una disponibilidad de mano de obra con la que pueda especular en el juego de la oferta y la demanda. Las disposiciones gubernamentales son tanto genéricas como generales y en ese sentido deberán mostrar su compromiso con el bien común. Bajo un ritmo frenético de producción y consumo, cualquier altercado o disrupción relativamente imprevisible, como ha ocurrido con la propagación de la pandemia COVID-19 y la aplicación de medidas coactivas para la libre circulación de las personas, es un desbalance en la lógica consustancial del orden capitalista neoliberal.
Si algo nos deja esta crisis es una valoración profunda de la empatía, la solidaridad y el respeto. En el confinamiento doméstico hemos encontrado el valor de lo que implican los trabajos de cuidados personales como amas de casa y trabajadores del hogar; cuidadores de ancianos y discapacitados; de lxs educadores; de lxs trabajadores de la salud y fuerzas de seguridad. En algún momento de éste aislamiento seguramente nos hemos indignado con sus salarios habituales. Ojalá que tengamos memoria y pronto mejoremos su situación de ingreso económico. En casa vemos cómo se puede seguir adelante solamente si, ante todo, nos “respetamos”, condición esencial de la convivencia, si entre todos solidariamente colaboramos para que la vida siga adelante. Advertimos que podemos asignarnos roles y que todos son valiosos por igual. Ninguno es más importante que otro. Hacer el asado no es mejor (ni peor) que hacer la ensalada y poner la mesa; podar o regar el jardín no es menos ni más que lavar la ropa o plancharla; cocinar no es diferente en la utilidad diaria a realizar la limpieza del hogar, y así podemos continuar indefinidamente con las numerosas tareas cotidianas. El aplauso y mérito debe ser a todos por igual. Se reafirma que entre todos, con respeto y solidaridad, resulta la única manera de salir adelante.
Lo mismo creo vale para la vida en sociedad y para las relaciones de trabajo. Por supuesto que hay trabajos que son mejor remunerados que otros, pero definitivamente como lo mencionamos, muchas veces no existe una lógica de la humanidad y el esfuerzo en esas retribuciones económicas sino exclusivamente la lógica del capitalismo. Claro que existen trabajos mejor remunerados por conocimientos o prácticas especializadas, pero en su gran mayoría las remuneraciones laborales se deben a la lógica de una sociedad de consumo.
Como suele decirse, las crisis sacan rápidamente lo peor y lo mejor de nosotros y de nuestras sociedades, pero en esta situación creo necesario aprovechar la coyuntura como una oportunidad para el restablecimiento de nuevos valores y de una nueva ética social que nos permita deconstruirnos y evolucionar como una mejor sociedad local y global.