Se trata de una expresión con la que los reformistas quieren dar a entender que la tijera constituyente se aplicará a los periodos seguidos que pueden desempeñar el Gobernador de la Provincia y los Intendentes Municipales, pero no los jueces de la Corte de Justicia.
En más de una ocasión he dicho que, planteada en estos términos, la reforma es tramposa, por el solo hecho de que se aferra a un clamor social casi unánime, pero que en el fondo solo sirve de pantalla para la ambición no declarada de convertir a la Constitución en el estatuto del político profesional de Salta.
He dicho también, y lo reitero, que la limitación de los mandatos consecutivos es deseable. Si me apuran, podría decir que es hasta imperiosa.
Pero, a mi modo de ver, este objetivo político no requiere en principio de una reforma constitucional que la imponga por la fuerza. Es suficiente un acuerdo amplio entre las diferentes fuerzas políticas (y los líderes sin partido) para que entre todos, cualquiera sea la permisividad de la norma, decidan que nadie, bajo ninguna circunstancia, podrá desempeñar más de dos mandatos, sean o no consecutivos.
Es llamativo que ningún líder político u operador jurídico haya intentado en los últimos meses sentar a los interesados a una mesa común para que dialoguen y busquen un acuerdo sobre este asunto. Acuerdo que, de ser alcanzado y extendido en un papel simple, exento del impuesto a los sellos, tendría la misma eficacia jurídica obligatoria de una norma constitucional, aunque no, obviamente el mismo rango.
Sea por la poca propensión al diálogo, sea por la incapacidad de elaborar acuerdos duraderos o sea por miedo al incumplimiento, lo cierto es que quieren meterle mano a la Constitución en este punto, porque hacerlo es más fácil y más cómodo que explorar acuerdos en un clima de incertidumbre. Por eso es que nos quieren convencer de que este asunto de la limitación de los mandatos es lo más importante que los salteños deben resolver ahora en materia política.
Si efectivamente la iniciativa reformista avanza, habrá que buscar nuevos argumentos. Este del que hablamos no se basta a sí mismo para sostener todo el gigantesco aparato que ya mismo se está montando en Salta.
Lo que habrá que hacer, en cualquier caso, es cambiar el enfoque y la justificación de la limitación de los mandatos, porque no es la acumulación de poder y el relajamiento de los controles externos de gestión lo convierte a esta reforma en necesaria, sino un fenómeno enteramente diferente que, muy a grandes trazos, definiré como la acelerada tasa de renovación de las elites políticas en Salta y el aumento de su número.
Intentaré explicarlo en pocas líneas.
Cuando la Constitución de Salta fue sancionada en 1986 (y aun cuando fue renovada en 1998 y 2003), las «tribus» políticas se podían contar con los dedos de una mano. La Constitución de 1986 hizo una apuesta bastante consistente por la alternancia entre estas elites, pero dos reformas sucesivas y brutales (las de 1998 y 2003) se encargaron de hacer añicos este principio fundamental, haciendo pasar de cuatro a doce años el plazo nominal de la «alternancia».
El problema es que mientras la sucesión de las diferentes elites en las responsabilidades del poder, por mor de las reformas, se hacía más lenta y distante, las propias elites comenzaban a multiplicarse y a funcionar de un modo enteramente diferente. En solo dos décadas hemos pasado de cuatro «tribus» a cuarenta.
Sé que asumo riesgos al decir que estas elites, aunque de dimensiones más pequeñas, son poderosas y cada vez están mejor informadas. La revolución digital, las comunicaciones aceleradas, la mayor difusión del conocimiento y muchos avances que, a pesar de nuestra inveterada pobreza, hemos conseguido incorporar a nuestra vida social, han cambiado el perfil de los políticos, que ya no deambulan por las mesas de café del centro buscando las migas que les dejan los peces gordos, sino que ellos mismos se sienten listos y preparados para ejercer el poder.
Cada una de estas elites tiene una «idea» de Salta, tiene un proyecto para llevar a cabo y una oferta que formular a la sociedad. Decirles hoy a cualquiera de ellas que tienen que esperar doce años (o a veces más en el caso de los poderes municipales) para poder tener la opción de gobernar, equivale a pedirles que dejen de competir y que se den por vencidos, por aburrimiento.
Me adelanto un poco al decir que este enfoque vale tanto para los cargos ejecutivos como para los cargos judiciales, pues con las «elites jurídicas» de Salta pasa tres cuartos de lo mismo. Los actuales jueces de la Corte de Justicia, por más que sueñen, no podrán enquistarse en el poder y deberán dejar paso a otras personas y a otros grupos.
Dirán algunos que las elecciones periódicas siguen siendo la mejor garantía de la alternancia y que las nuevas elites pueden competir en los comicios con libertad, pero es esta una verdad a medias, por cuanto siempre que el incumbent (el actual Gobernador o el actual Intendente) se presente a su reelección, el control del aparato le asegurará la inmediata disponibilidad de una enorme cantidad de recursos que a menudo son más que suficientes para volcar cualquier elección a su favor.
Aunque ello no siempre ocurre, el gran objetivo que debemos perseguir en nuestra Provincia es que las elecciones ejecutivas sean, en la mayor medida posible, elecciones «open seat», como las que se celebraron para elegir al nuevo Gobernador de Salta el pasado 10 de noviembre.
Estas elecciones no solo son más competitivas sino que por su propio formato permiten que las nuevas elites formulen con más entusiasmo o esperanza sus programas; o los renueven, porque aquellos que se presentan cada cuatro años a una elección con ganador cantado de antemano tienen la tendencia a repetir programas y propuestas.
La vieja política «familiar» ha muerto en Salta.
Si bien no ha dejado de ser en gran medida mezquina, inconexa, aldeana y cainita, nuestra política es hoy más variada y es por ello que las normas no pueden ya bloquear la alternancia y la renovación como lo están haciendo ahora mismo, gracias a dos reformas puramente defensivas que conscientemente se hicieron (o, para mejor decir, se perpetraron) cuando en el horizonte había ya señales inequívocas de cambios profundos en la composición y las dimensiones de las elites políticas.
Asegurar la competencia democrática y favorecer la renovación de las elites políticas son, pues, las verdaderas razones por la que debemos pensar en limitar los mandatos consecutivos, incluidos los de los muy respetables señores y señoras jueces y juezas de la Corte de Justicia de Salta.