No es cuestión de pedirles a estos el carnet de demócratas antes de ser admitidos al festín reformista, porque muchos de ellos lo portan, e incluso algunos de ellos ya ni lo necesitan, pues tienen la mano sellada y pueden entrar y salir de las reformas en el momento que ellos quieran.
Pero haríamos muy bien en pensar de dónde provienen las amenazas más consistentes contra la «fórmula trinitaria» de nuestra fe constitucionalista, porque -para qué nos vamos a engañar- circula por estos valles más de un lobo disfrazado con la piel de cordero.
Entre los enemigos de la democracia constitucional en Salta corresponde distinguir entre los «antiguos» (aquellos que, imbuidos por el espíritu contrarreformista de 1957 buscan de forma sibilina eliminar de la Constitución todo aquello que obstaculice sus planes autoritarios y liberticidas, que, a decir verdad, no han variado mucho en los últimos 70 años), y los «modernos» (aquellos que conocen o calculan la capacidad de penetración previsible de la inteligencia artificial en las sociedades modernas y pretenden alcanzar los mismos objetivos que los «antiguos», pero a través del aprendizaje programado de las máquinas).
Probablemente los salteños estemos ya suficientemente maduros para combatir a los primeros, ya que en realidad sus posturas son poco novedosas y se los ve venir desde muy lejos.
Pero no lo estamos tanto para lidiar con los segundos, a los que hay que reconocer una cierta ventaja deportiva, ya que, al parecer, esta buena gente tiene ya todo calculado (incluido el discurso filosófico) para configurar y manipular la inteligencia artificial, no con el objetivo de apoyar el mantenimiento y fortalecimiento de la «fórmula trinitaria», sino con la finalidad, algo menos noblre, de debilitarla.
Quienes en Salta abogan por una reforma constitucional que profundice los valores republicanos (como el de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y en el acceso a las magistraturas públicas), refuerce nuestra democracia (mejorando los controles independientes sobre los que ejercen el poder) y potencie la calidad de las instituciones (haciéndolas más transparentes y eficientes) tienen que ir pensando ya en una solución constitucional de diseño que preserve la «fórmula trinitaria» de las amenazas que provienen del mundo de las nuevas tecnologías y de su acelerada transformación.
La potencia y las capacidades de la inteligencia artificial (AI) basadas en grandes datos y combinadas con la omnipresencia de dispositivos y sensores de Internet de las Cosas, están ya mismo en condiciones de regir un conjunto muy importante de funciones críticas de nuestra sociedad, que van desde la educación a través de la salud, la ciencia y los negocios, hasta el Derecho, la seguridad y la defensa, pasando por el discurso político y la toma de decisiones democráticas. Frente a esta realidad, la falta de reacción adecuada de la política sería equivalente a un suicidio colectivo.
Si pensamos en una reforma constitucional, es necesario plantearse ahora mismo, con la debida seriedad y urgencia, la conveniencia de vincular las nuevas tecnologías -y en especial la AI- a los principios constitucionales básicos.
Si por desidia o desinterés dejamos un hueco en el diseño constitucional, la ausencia de un marco regulatorio básico que haga compatible el desarrollo del Internet y de sus principales servicios con la democracia republicana, los derechos humanos y el Estado de Derecho propiciará que progresivamente se vayan asentando las bases de una cultura generalizada de incumplimiento de la Ley y pondremos así en peligro nuestra democracia y nuestro futuro como sociedad civilizada.
Es esto precisamente lo que quieren los enemigos de la Constitución y de las libertades, y es esto lo que la otra parte del ‘club de amigos’ debe impedir.
Doy por hecho que a algunos de nuestros «expertos reformadores» les parecerá un poco extraño mezclar nuestra Constitución con asuntos tan rabiosamente modernos y controvertidos como estos, pero a ellos habría que recordarles que en 1986, cuando nuestra Constitución fue redactada, en Salta prácticamente no había computadoras y que el comienzo de la generalización del acceso a Internet no se produciría sino hasta una década después.
En consecuencia, ha llegado la hora de dar al tema la importancia que se merece y de abrir las puertas de la Constitución a una regulación que preserve nuestros valores fundamentales y al mismo tiempo no limite la libertad de los intercambios a través de las redes, sino en la medida que sea estrictamente necesario para tutelar aquellos valores fundamentales, que es lo que mismo decir: para asegurar que sigamos viviendo en democracia.
El lamentable episodio de la desaparición o vaciamiento de las bases de datos públicas del extinguido Ministerio de la Primera Infancia de Salta nos puede dar alguna idea de la dimensión del extraordinario poder que sobre nuestra democracia y sobre nuestros procesos políticos tiene la actividad de los «frightful five» (Google, Facebook, Microsoft, Apple y Amazon).
Estas mega corporaciones explotan el negocio de recopilar nuestros datos personales con fines de lucro. En base a ellos y con la misma finalidad, trazan perfiles de cualquiera de nosotros en función de nuestro comportamiento tanto on line como off line. Cualquiera de estas compañías sabe más sobre nosotros que nosotros mismos o nuestros amigos, y están utilizando y vendiendo esta información para vigilancia y seguridad o campañas electorales, por solo poner algunos ejemplos.
El incidente al que me refería un poco más arriba revela sin necesidad de mayores evidencias que con el auxilio de alguna de estas grandes compañías (de su nube, por ejemplo), unos vivillos locales pueden intentar hacer grandes negocios con los datos personales de los salteños a una escala un poco menor, pero igualmente dañina para nuestra privacidad y nuestros derechos. Unos y otros tienen en común que se están beneficiando del reclamo de empoderar a las personas, a pesar de que unos y otros cooperan activa y estrechamente en un proyecto común de centralización del poder en una escala sin precedentes. La nube y la creación de perfiles son las herramientas clave de esta centralización. De eso saben mucho, sin dudas, los que se llevaron los datos públicos del Ministerio de la Primera Infancia de Salta.
Los gigantes de Internet son el único grupo de corporaciones en la historia que han logrado mantener su producción fuera del alcance regulatorio de los países, dominar los mercados y ser más rentables en el tramo privilegiado de la bolsa de valores. Digan lo que digan, todas ellas se están aprovechando de su posición dominante, no solo en el mercado sino de cara al cumplimiento de la Ley, para ejercer una influencia importantísima en las opiniones públicas y en la política.
Asistimos, pues, a una concentración única del poder pocas veces vista en nuestra historia y que nuestros sistemas constitucionales han sido incapaces de prever.
Si el constitucionalismo es, por definición, una técnica para limitar el poder, no parece haber motivos serios para evitar que nuestras normas fundamentales establezcan mecanismos para hacer que este poder exorbitante encuentre límites regulatorios racionales.
Saber qué piensan unos y otros acerca de las aplicaciones de AI y de sus riesgos para nuestros derechos fundamentales nos puede dar una pista muy consistente sobre si estamos frente a esos 'amigos de la Constitución' que quieren lo mejor para ella, o si nos enfrentamos a aquellos lobos que se han hecho a medida el disfraz con una piel de cordero, aprovechando que este caía de un helicóptero.