Al igual que los señores Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, la señora de Kirchner se encuentra procesada y con prisión preventiva firme.
Pero a diferencia de aquellos -presos en una sola causa- la expresidenta se encuentra en una situación procesal especial, ya que está procesada con prisión preventiva en varias causas diferentes, instruidas en tiempos también diferentes (por ejemplo, la que investiga las responsabilidades penales emergentes del acuerdo entre Argentina e Irán, la que investiga la importación irregular de gas natural licuado, la llamada causa de los cuadernos o la de los proyectos de obras viales en la Provincia de Santa Cruz).
Otra diferencia, sin dudas importante, es que los diputados catalanes -que al igual que Kirchner están siendo juzgados en estos días por un tribunal penal- se encuentran privados de su libertad, mientras que la señora Kirchner -senadora nacional con mandato vigente- asiste al juicio al parecer cuando quiere y sin ningún tipo de restricción sobre su libertad ambulatoria.
Seguramente, la prisión preventiva de la expresidenta no se ha podido llevar a efecto hasta el momento debido a que la cámara a la que pertenece se ha venido negando a autorizar su suspensión como senadora.
Pero hay que recordar en este punto que los antiguos miembros del gobierno autonómico catalán están presos habiendo sido ahora electos diputados, y, lo que es incluso más curioso: han sido candidatos estando presos y, después de haber sido elegidos por el voto popular, han tomado posesión de sus escaños gracias a un permiso especial que les concedió la prisión en la que se encuentran. Una vez que los electos han recogido su acta y prometido sus cargos, han debido volver a la prisión, en lo que constituye una situación sin dudas inédita en España.
Fernández de Kirchner, procesada y con prisión preventiva firme, será con toda probabilidad candidata a Vicepresidente de la Nación. Las posibilidades de que esté presa durante la campaña y el día de las elecciones es muy baja, pero ello no impide pensar qué sucedería si alguna autoridad argentina adoptara para Kirchner, en el momento oportuno, la misma solución jurídica que en España se ha adoptado para los presos catalanes electos diputados, que, como se sabe, después de algunas cavilaciones, han sido suspendidos de sus cargos parlamentarios por decisión no unánime de la mesa del Congreso de los Diputados.
En España la situación jurídica es más o menos clara. El artículo 21.1.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados dice que «El Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta».
Por su parte, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice: «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».
Es evidente que la eventual elección de Cristina Fernández de Kirchner como Vicepresidente de la Nación no borrará en ningún caso los delitos que pudiera haber cometido, ni supondrá -no debería suponer- ningún cambio a su favor en la situación procesal que enfrenta en las diferentes causas penales en las que está investigada. Las elecciones populares no son un motivo de extinción de la acción penal, ni tienen la virtualidad de sanear el pasado.
Lo que se debe reflexionar es si, una vez expirado su mandato como senadora nacional, y antes de que jure el cargo de Vicepresidente (si es que resulta electa), la expresidenta puede ser privada de su libertad (siempre que la misma no se produzca como consecuencia de una condena que conlleve la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos), y en cualquier caso, si es jurídicamente admisible que la actual senadora desempeñe efectivamente el cargo de Vicepresidente; o si lo que resulta procedente es que un tribunal de justicia decida suspenderla de ese cargo, ya que su ejercicio no dependerá ya de la confianza o de la decisión puntual de una asamblea popular, sino que estará sujeto a una decisión directa de la justicia.
En pocas palabras, se debe pensar si Cristina Kirchner será la próxima Oriol Junqueras de la Argentina, y cómo habrá que reaccionar si algo como esto sucede.