En abril de este mismo año 2018, a raíz de unas declaraciones que por aquellas fechas efectuó el presidente Emmanuel Macron, publiqué en estas mismas páginas un artículo bajo el título El retroceso de las libertades y la autoridad de la democracia, en Europa y en Salta que tuvo en su momento una importante audiencia.
Decía en aquel artículo, al hilo de las reflexiones de Macron, que «las democracias que hemos conocido durante décadas parecen haber optado -algunas más que otras- por una fascinación iliberal que es a primera vista inexplicable, pero que en general está vinculada con la emergencia de grandes potencias autoritarias que intentan imponer su hegemonía en el mundo en base a la restricción más o menos controlada de las libertades, ya sean políticas o económicas, y que tienen en común el rechazo al multilateralismo».
Evidentemente, Macron se refería a Trump, y yo -cómo no- al penoso espectáculo de la pobre democracia de Salta.
Pasados unos meses creo haber caído en la cuenta del error de mi enfoque. No es la democracia la que está en peligro (pues esta forma de gobierno puede degenerar y aun así conservar su nombre) sino el Estado de Derecho, un invento precioso que no salió de la imaginación de los juristas, como se habitualmente se piensa, sino de la voluntad de los políticos, y cuya pérdida o deterioro arrastrará inevitablemente a la democracia, a la república y a cualquier gobierno justo que podamos instaurar con base en el respeto a la Ley.
Son varios los hechos que han coincidido en mi mente para llegar a esta conclusión: 1) el desplante del gobierno italiano, que ha enviado a la Comisión Europea unos presupuestos inaceptables; 2) la insistencia de los independentistas catalanes, que se aprestan a formar un gobierno paralelo en el exilio y que han reprobado al rey de España -al jefe del Estado- en una declaración parlamentaria; 3) las embestidas del presidente Donald Trump contra sus opositores políticos y mediáticos; 4) la violencia con la que se pretendió coaccionar a los legisladores argentinos para que no aprobaran los presupuestos enviados por el gobierno federal; 5) los balbuceos jurídicos de la Corte de Justicia de Salta, que demuestran que la dinámica del mundo ha desbordado largamente a los jueces que la integran, y 6) las convencidas acciones del gobernador Urtubey, con las que pretende dar a entender que la política -y la democracia-, así como su propia persona, están por encima de la Ley.
No me pidan ahora que relacione todos estos acontecimientos. Lo que puedo decir por el momento es que todos juntos han provocado en mí una especie de tormenta mental perfecta y me han hecho ver que lo que hay en el fondo es un ataque feroz de la política más superficial a la legalidad establecida, una capa de nuestra vida social a la que se considera inferior, antigua y poco responsiva a los estímulos del entorno.
El Estado de Derecho -es decir, la sujeción absoluta de la política y de los gobernantes a un orden jurídico preexistente, que además proporciona garantías sólidas para su vigencia y supremacía- está siendo reemplazado, cada vez con mayor velocidad y menor resistencia ciudadana, por una cierta clase de acción política inmediata, que es producto -en cierta medida- del odio creciente y la insatisfacción generalizada que se percibe en las redes sociales. En estos espacios se tiende a simplificar la realidad, de modo que una mayor cantidad de normas -cuya abundancia expresa la complejidad de las sociedades modernas- hace que las soluciones deseadas sea cada vez más difíciles de alcanzar, y por ello mismo menos satisfactorias. Por este motivo es que los partidarios del «aquí y ahora» -los populistas, para decirlo claro- han vuelto de repente su mirada hacia la Constitución, a la que quieren reformar en su provecho, porque es siempre más fácil imponer la voluntad propia en base a una sola norma, que hacerlo en base a decenas de miles de ellas.
Los enemigos del Estado de Derecho se han dado cuenta de que la pluralidad de normas (insoportable para ellos) existe, no para complicarle la vida a los ciudadanos y entorpecer su libertad, sino para limitar al poder. Es en base a esta certeza que no dudan de que su misión en la vida consiste en reducir la diversidad normativa, poniendo por encima de las normas que rigen nuestra convivencia algunos grandes principios (la Constitución, la forma republicana de gobierno, los deseos y aspiraciones del pueblo), que se suponen incontestables.
Un fenómeno de escala mundial
Como escribí en aquel artículo de abril pasado, este fenómeno se está produciendo en muchos países del mundo. Solo por poner ejemplos, mencionaré a Turquía, a Hungría, a Hong Kong y a Polonia, países en los que han emergido autocracias regidas por partidos de extrema derecha que están amordazando a los tribunales de justicia, restringiendo el poder judicial e ignorando los Derechos Humanos. Pronto se sumará Brasil y algún otro más.Esta no es una simple percepción mía, sino un hecho que se verifica en la realidad. El último Rule of Law Index del Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés) muestra que la mayoría de los países del mundo han experimentado la disminución de sus calificaciones en las áreas de Derechos Humanos, controles de los poderes del gobierno y justicia civil y penal. En general, la puntuación del Estado de Derecho ha retrocedido en un 34 por cien de los casos y mejorado solo en el 29 por cien de ellos, en comparación con las calificaciones de 2016.
La tendencia es inquietante. Lo afirman, entre otros, William H. NEUKOM, presidente y director ejecutivo del Proyecto de Justicia Mundial, quien ha dicho que «estamos asistiendo a un deterioro global de aspectos fundamentales del Estado de Derecho». Para WJP, la mayor preocupación es que este deterioro se está produciendo incluso en las democracias maduras, como la del Reino Unido o la de los Estados Unidos de América. «Una adhesión reducida al Estado de Derecho en alguna parte amenaza el desarrollo en todas partes», nos previene NEUKOM.
Uno de los problemas más graves de este deterioro del Estado de Derecho es que los políticos caen cada vez con más facilidad en las garras del populismo, lo cual impacta de dos formas diferentes en el sistema judicial de protección de los derechos fundamentales: una, haciendo que se perciban como normales los ataques a los jueces independientes, de una forma que era impensable hace solo diez años; dos, convirtiendo rápidamente a los jueces menos independientes al populismo más descarado. Es decir, haciéndoles renunciar a su compromiso con la ley y el respeto de los derechos por el populismo puro y duro.
R. Daniel KELEMEN, profesor de ciencia política en Rutgers University dice que las narraciones populistas, que trazan sin rodeos una línea entre el pueblo y las elites, casi siempre condenan a los jueces a esta última categoría. Cuando los líderes populistas alcanzan el poder y los jueces quieren imponer los límites constitucionales, como deberían, se los caricaturiza como «frustradores de la voluntad del pueblo».
Por contra, cuando el populismo gobierna valido de jueces igualmente populistas o convertidos por la fuerza al populismo, los límites constitucionales se difuminan hasta desaparecer (nace un nuevo orden constitucional, como en Salta), porque la última voluntad del pueblo es que no existan obstáculos normativos para el despliegue del «poder popular».
«Está escrito en el manual de las autocracias», dice el profesor KELEMEN: «Orbán lo hizo en Hungría, está siendo replicado en Polonia y Trump hará probablemente lo mismo en Estados Unidos, a menos que la fuerza del Poder Judicial en este país y su descentralización lo impidan». Urtubey lo consiguió hace bastante en Salta.
El profesor Murray HUNT, director del Bingham Centre for Rule of Law y antiguo consejero legal de la comisión parlamentaria conjunta sobre los Derechos Humanos, alerta sobre una retracción mundial del cumplimiento de las obligaciones internacionales (ver el caso de Italia y su reciente conflicto con la UE) y una creciente hostilidad hacia los tribunales internacionales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
«La reafirmación de la soberanía nacional sobre las decisiones de los tribunales internacionales es un fenómeno mundial (lo ejemplifica la reciente decisión de la Corte Suprema argentina sobre el valor relativo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) que va de la mano del populismo y el retorno del nacionalismo autoritario», advierte el profesor HUNT. «Este resurgimiento de las perspectivas del Estado-Nación, que miran hacia el interior, plantea un gran desafío al Estado de Derecho, porque gran parte de su arquitectura ha dependido, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, de las instituciones que se crearon a partir de entonces»", añade el profesor británico.
A través del Bingham Centre, HUNT aboga por la creación de enfoques innovadores para contrarrestar los ataques contra el Estado de Derecho y considera que tales enfoques son «absolutamente cruciales». «Tenemos que pensar de una manera mucho más imaginativa que en el pasado cómo defendemos y promovemos el Estado de Derecho», dice el profesor HUNT. «Necesitamos salir y explicar qué significa el Estado de Derecho, de una manera accesible y en términos prácticos», añade.
Un diagnóstico parecido ha efectuado Naciones Unidas. Al presentar el informe del Secretario General sobre el fortalecimiento y la coordinación de las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con el Estado de Derecho (Documento A/73/253), el experto Fabrizio HOCHSCHILD-DRUMOND, subsecretario general de coordinación estratégica, ha destacado las preocupantes tendencias mundiales que afectan a este principio. Entre ellos se incluye el socavamiento del poder judicial independiente y el proceso de selección politizado de los jueces, y las limitaciones de los tribunales para revisar la constitucionalidad de las decisiones ejecutivas. Algunas circunstancias subyacentes, como el desplazamiento masivo -advierte también el experto- están favoreciendo la violencia contra las mujeres y la postura regresiva de algunos Estados miembros para hacer retroceder los avances logrados en el terreno de los derechos de las mujeres.
Al rescate de una herramienta vital para la convivencia
Lord BINGHAM, el estudioso cuyo apellido da nombre al principal centro británico dedicado a este tema, ha dicho en su libro The Rule of Law (2010) que el Estado de Derecho se describe a través de un conjunto de conceptos básicos que incluyen la seguridad jurídica, la igualdad de trato y la no discriminación, la interdicción de la arbitrariedad, el permiso para que las partes democráticas de la Constitución controlen al Ejecutivo, el escrutinio democrático de los poderes ampliamente delegados, el acceso a los tribunales, el acceso a los recursos y a los medios de impugnación, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones legales internacionales.Para el profesor HUNT, el objetivo más urgente del Bingham Center es el de «democratizar el Estado de Derecho». HUNT piensa que es crucial que todos los aspectos de la sociedad compartan el interés y la responsabilidad de defender y promover el Estado de Derecho. «Debería incluir a todos los actores -dice- Gobierno, Parlamento, poder judicial, empresas, medios de comunicación e individuos».
En la Provincia de Salta, en donde el Estado de Derecho está amenazado como en otros lugares del mundo, si no más, es urgente llamar a las fuerzas políticas sensatas a defender esta herramienta de convivencia de los ataques interesados del populismo, que en nuestra Provincia no solo se materializan en la actividad política sino que se han hecho fuertes en el campo judicial. En momentos en que algunos parecen estar dejándose la piel en la defensa de una calidad institucional inalcanzable y otros dedican largas horas a debatir sobre los contenidos de nuestra educación, urge plantear la defensa del Estado de Derecho como el principal objetivo político de nuestra sociedad. Por eso es que no solo se debe defender la Constitución y ponerla a salvo de las manipulaciones por mayorías coyunturales, sino bregar incesantemente por el desarrollo legislativo de los derechos y el cumplimiento de la legalidad vigente por parte de jueces y gobernantes.
A estos objetivos debemos incorporar rápidamente a los interlocutores sociales -patronal y sindicatos- y llevar las discusiones sobre la extensión y calidad del Estado de Derecho desde las aulas escolares hasta el corazón de la Legislatura. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre nuestra idiosincrasia para dar forma definitiva a la educación sexual de nuestros niños y adolescentes, hagamos por lo menos el esfuerzo por incluir en el plan de estudios de ciudadanía, que se enseñará a nuestros escolares, las clases de alfabetización legal, para ayudar a nuestros niños y jóvenes, de la escuela primaria en adelante, a pensar críticamente sobre las aplicaciones de las leyes en la vida real y los conflictos en torno al Estado de Derecho.
Tal vez hoy más que nunca, la defensa del Imperio de la Ley requiere vigilancia, ingenio y esfuerzo constantes. Nos encontramos frente a un ideal, pero un ideal por el que vale la pena luchar, en aras del buen gobierno y la paz, en el hogar y en el mundo en general.
No debemos perder más tiempo, pues la era digital ha traído consigo desafíos inéditos al Estado de Derecho, frente a los que la sociedad, a pesar de su aparente perplejidad, está luchando, para entenderlos y enfrentarlos. Las preguntas sobre la responsabilidad de la gran tecnología para controlar a los extremistas, los efectos de las redes sociales en los niños, las implicaciones de la inteligencia artificial y quién posee el big data y para qué lo usa nos plantean nuevos desafíos regulatorios que superan con creces la capacidad de nuestras instituciones para mantenerse al día con ellos y mucho menos a la vanguardia.
La peor reacción entre todas las posibles es dejar todos estos interrogantes sin respuesta, que la complejidad nos abrume y que nuestras leyes se declaren derrotadas, frente a la realidad, pero también frente al activismo inmediatista de los partidarios de las soluciones radicales y urgentes, en nombre de un pueblo que -teóricamente- carece ya de paciencia para esperar los lentos tiempos de la política.