El referéndum constitucional en Salta: una iniciativa que abre las puertas del futuro

La iniciativa de dos diputados provinciales de la Unión Cívica Radical para que sean los ciudadanos de Salta en su conjunto quienes expresen la necesidad de reformar la Constitución provincial, representa un paso de decisiva importancia en la dirección de una democracia más ajustada a las necesidades y las demandas de aquellos en cuyo nombre -se supone- se ejerce y se legitima nuestro sistema político.

Hay que reconocer, sin complejos ni mezquindades, el mérito enorme de estos legisladores, que contra la fuerza del número, los intereses de facción, las costumbres parlamentarias y los laureles que cuelgan de las sienes de los llamados «constitucionalistas», han roto la baraja en una lid política marcada por la mediocridad y ensombrecida por la resignación. Hay que darles todo el crédito pues han sido ellos y no otros los que se han animado, con un proyecto de pocas líneas, a denunciar que los salteños necesitamos ponernos a trabajar urgentemente sobre un nuevo sistema político.

La sociedad, transformada

No es ninguna novedad que el mundo de la política ha dado un vuelco gigantesco en los últimos cinco años, y que lo ha hecho en una dirección desconocida. Si bien desde hace algo más de tiempo se venía advirtiendo ya una creciente desconfianza ciudadana y una marcada desafección hacia la política, solo en los últimos años ha terminado de imponerse la idea de que los partidos políticos que conocemos desde comienzos del siglo anterior han fracasado en su tarea de educar a la sociedad y de disciplinar a la economía. Los salteños -como sucede en otros países del mundo- nos hemos dado cuenta de que los partidos han perdido gran parte de su poder, de su influencia y de su propia razón de ser; no solo han dejado de educar al soberano, sino que es el pueblo -ahora muchísimo más informado que antes- el que está educando a los partidos políticos.

Pero es que además los partidos y los líderes políticos clásicos son percibidos cada vez con mayor desconfianza por los escándalos que protagonizan, por los hechos de corrupción, por su docilidad a los lobbies económicos, ambientales o religiosos, fenómenos que han contribuido decisivamente a aumentar la distancia que hoy separa a los ciudadanos de sus políticos.

La reacción de la política clásica ha sido rápida, sin dudas, pero insuficiente y sesgada. Los gobiernos y las oposiciones, las elites y las clases tradicionalmente dirigentes, han renunciado, los primeros a dirigir a la sociedad para pasar a tomar decisiones en base a las supuestas preferencias populares, y los segundos a la ejemplaridad, ya que la mayoría de quienes integran la vanguardia intelectual o cultural de nuestra sociedad intenta de algún modo congraciarse con las clases más bajas, imitando sus costumbres y adoptando acríticamente sus esquemas de pensamiento.

A medida que crece la pública impaciencia con los gobiernos, el progreso de la democratización es inexorable. Este progreso se encuentra estrechamente unido a la gran penetración de las tecnologías de la información, que han convertido a los ciudadanos por sí mismos en una especie de cuarta rama del poder político, al lado de los tradicionales poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Desde hace tiempo se sabe que las nuevas tecnologías -especialmente Internet y los dispositivos móviles- tienen un enorme potencial de cara al aumento de la participación democrática de los ciudadanos en el contexto de nuevos sistemas políticos.

Si bien el referéndum cuya convocatoria se pretende en Salta forma parte de las «viejas» herramientas de la política, a pesar de su casi nulo nivel de uso histórico, no cabe dudas acerca de que la iniciativa de los legisladores radicales hace mérito de una nueva situación política y social que reclama ya mismo soluciones innovadoras y arriesgadas para intentar que, en el futuro, nuestra convivencia no resulte imposible, inútil o estéril.

Era francamente absurdo pensar que una operación tan delicada como la reforma de la Constitución de Salta pudiera llevarse acabo, en los albores de la tercera década del nuevo milenio, con las mismas técnicas y herramientas de hace 15 o 30 años atrás, como si nuestra sociedad no hubiera cambiado en todo este tiempo, como si la revolución de las nuevas tecnologías hubiera pasado por el valle sin apenas cambiar al gauchaje.

El advenimiento de la era digital ha cambiado prácticamente todos los aspectos de nuestra sociedad. En particular, lo ha hecho Internet, con su flexibilidad, su velocidad, su ubicuidad, facilidad de uso y potencial de interacción. La red ha conectado rápidamente a personas y a sistemas informáticos alrededor del mundo, hasta un punto en que la información -la que necesitan los ciudadanos para vivir con provecho su vida pública- ha comenzado a fluir de una manera rápida, limpia, barata y -lo que es aun más importante- sin ningún respeto por las jerarquías o las burocracias establecidas.

La política no tenía ninguna forma de escapar a este impacto.

Esta revolución de la información está derribando los muros que solo hasta ayer se oponían a un deseo largamente acariciado -y también temido- del sistema político: el de la democracia directa. Pienso que al igual que lo que se proponen otros pueblos de la Tierra, en Salta debemos aprovechar esta coyuntura tan particular para innovar y plantearnos el reto más realista de una democracia semidirecta que, inspirada en las enormes posibilidades que ofrece la sociedad hiperconectada, evite las notorias desventajas de la democracia directa y al mismo tiempo ayude a superar las carencias de la democracia formalmente representativa.

Nuestro sistema político actual atraviesa una profunda crisis. Lo revela, entre otros datos, el creciente número de electores que no acuden a votar (incluso en países como el nuestro en el que el voto es obligatorio). La abstención electoral es un claro síntoma de la apatía de los electores, cuando no de desconfianza en quienes se ofrecen para representarlos en las instituciones. Esto no significa que los políticos de ahora son más corruptos o más irresponsables de lo que lo fueron sus antecesores o que los ciudadanos están desinteresados de la política. El problema estriba en la esencia del actual sistema de democracia representativa, como lo demuestra la insatisfacción generalizada con el resultado de las votaciones en el Congreso Nacional sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.

El modelo institucional y el sistema de partidos que vertebran nuestra democracia son herencia de la Revolución Francesa. Alrededor de este movimiento hemos creado instituciones y formas de control diseñadas para lidiar con una sociedad poco sofisticada y pobremente educada. Esta combinación ha dejado de dar resultados aceptables y hoy se muestra incapaz de acompañar las evoluciones tecnológicas y los cambios sociales. Mientras una gran cantidad de ciudadanos han mejorado su situación económica y su educación, y presionan mucho más que antes con sus demandas sobre el sistema político, un grupo más o menos cerrado de políticos se empeña en seguir haciendo su negocio a la antigua usanza.

Al mismo tiempo, la economía se globaliza a velocidades difícilmente controlables y se vuelve cada vez más compleja, mientras los problemas sociales se agudizan y se multiplican. Solo el aumento de los flujos transfronterizos así lo demuestra, incluso en Salta, que es uno de los espacios de acogida menos atractivos del mundo. Este panorama nos conduce al corazón del problema que afecta a los sistema políticos actuales: su incapacidad para tomar decisiones informadas sobre problemas complejos que involucran una cantidad de información tentadora.

Lo que tenemos

En un intento desesperado por solucionar estos problemas, nuestros políticos se han entregado a la tarea de crear enormes y laberínticos aparatos burocráticos, difíciles de gestionar y más difíciles todavía de mantener con los recursos que poseemos. Las consecuencias son ampliamente conocidas y muy visibles en Salta: ineficiencia, rigidez, aumento del gasto público, falta de control, retroceso de las libertades.

Del otro lado tenemos una población cada vez más educada e informada, que pugna por hacer oír su voz en las decisiones políticas importantes. Sin embargo, esa misma población solo puede hacer escuchar su voz cada cuatro años, eligiendo entre partidos y líderes políticos que apenas se diferencian en ideología, en formas, en contenidos y en métodos de resolución de los problemas comunes.

Tenemos que dejar que estas personas elijan y que lo hagan en libertad.

Un sistema político centralizado y cerrado a la participación como el que tenemos actualmente puede ser adecuado para sociedades pequeñas y de escasa complejidad. Pero Salta hace rato que ha dejado de ser una aldea y ya la sabiduría del jefe de la tribu -mal que le pese al presidente de la Cámara de Diputados- resulta insuficiente para atacar todos los problemas que nos afectan. La solución pasa por dejar a las personas decidir sobre sus vidas, reservando para los líderes la tarea de la legislación y la coordinación de las actividades públicas.

Del mismo modo, si las cuestiones y las tensiones políticas se vuelven demasiado complejas para los gobiernos (el caso de Salta es paradigmático en este sentido), la solución consiste en distribuir, directa o indirectamente, algunas responsabilidades políticas entre los ciudadanos, transfiriendo a estos las decisiones críticas, bajo una filosofía de libre mercado que persiga metas concretas, como la mayor legitimidad democrática de las decisiones adoptadas o la mayor libertad de elegir, unida a una responsabilidad más alta y un control más estrecho sobre la política.

Sin dudas, este planteamiento tiene deficiencias bien conocidas. Una de ellas, la falta de racionalidad o de información adecuada (o el uso incorrecto de la misma), que pueden conducir fácilmente a la adopción de decisiones equivocadas. Sin control externo, un sistema político basado en los mecanismos del libre mercado puede desembocar rápidamente en el caos.

Asoman aquí los peligros que hacen de la democracia directa una solución riesgosa, como la irracionalidad o la vanidad de las masas. Tenemos que encontrar, pues, la forma de transferir el poder político a los ciudadanos sin exponernos a estos riesgos que entraña la práctica del liberalismo extremo, lo cual involucra, casi necesariamente, la creación de un conjunto de instituciones intermedias entre los ciudadanos y los centros de decisión política, preservando al mismo tiempo al Estado y a algunas de sus instituciones que, desde luego, no deberán estar exentas de reformas y de modificaciones.

Cuáles sean aquellas nuevas instituciones intermedias o cuáles las instituciones que el Estado debe preservar para asegurar su supervivencia es un tema que excede largamente el limitado propósito de este escrito.

Lo que sí quisiera subrayar, y ya para finalizar esta exposición, es que el esfuerzo por revisar los errores de las décadas de los 60 y los 70, y la crítica naïve al «régimen» político que nos oprime no van a solucionar ninguno de nuestros problemas ni van a ayudar a mejorar la calidad de unas instituciones, que, aun suponiendo que funcionaran a las mil maravillas, ya serían viejas y disfuncionales. Estos enfoques ni siquiera nos van a ayudar a percibir mejor nuestros problemas. De lo que se trata, a mi entender, es de darnos cuenta de una vez que Internet representa la culminación de una serie de innovaciones tecnológicas que nos ofrecen unas inmejorables posibilidades de innovación política, y que sería muy poco inteligente acometer reformas y crear nuevas instituciones ignorando todo este potencial o subestimando el mayor nivel de educación e información de nuestros conciudadanos.

Hacia la democracia semidirecta

El referéndum (analógico) que se ha planteado en Salta para reformar la Constitución provincial puede ser la llave que abra las puertas para nuestro futuro político; puede ser la respuesta inicial a la pregunta de cómo transformar nuestra deficitaria democracia representativa en un sistema de representación interactiva, que permita a los ciudadanos desarrollar su proyecto de vida en plenitud y al mismo tiempo tener un mayor control sobre las decisiones políticas, aun las más complejas.

A estas alturas, solo la evolución hacia un sistema controlado e institucionalizado de democracia semidirecta puede restaurar el interés y la confianza de los ciudadanos en la política. De este modo, los ciudadanos estarán más cerca de sus representantes (más feedback supone automáticamente más responsabilidad), la actual cultura política de la demagogia será reemplazada por una cultura pragmática de la eficiencia y decrecerá significativamente la influencia de los lobbies y los grupos de presión organizados.

No se trata de una solución mágica, pues su aplicación dista mucho de ser sencilla y sus buenos resultados no están de ningún modo garantizados. Contra el establecimiento de formas institucionales de democracia semidirecta en Salta conspiran factores tales como la pobreza generalizada, la falta de cohesión territorial, el aislamiento geográfico, la manipulación del voto o el oligopolio que conforman partidos y candidatos. Pero precisamente la democracia semidirecta puede luchar contra todos estos problemas y ayudar a superarlos.

Por eso es que quiero, una vez más, saludar el esfuerzo y la valentía de estos dos legisladores que nos han colocado en un camino que claramente está orientado hacia el futuro. Son ellos conscientes de que la responsabilidad es el resultado de la libertad de elegir y de aceptar las consecuencias. Una sociedad sólo es responsable cuando sus ciudadanos participan en las decisiones públicas y no cuando son sustituidos por una pequeña oligarquía de supuestos expertos en problemas colectivos. Debemos ser conscientes de que por primera vez en la historia tenemos las condiciones y los medios tecnológicos necesarios para hacer realidad un sueño largamente acariciado: el de dar a cada uno una voz audible en los asuntos públicos. Nada de esto vamos a lograr encerrándonos en la nostalgia contemplativa de los pecados cometidos hace 50 años sino esforzándonos por hacer efectivo un sistema político moderno y flexible, orientado hacia la información y basado en las necesidades y preferencias del ciudadano.