Calidad institucional, reforma de la Constitución y big data

El discurso sobre la calidad institucional en Salta me parece una hermosa pieza de corrección política; una sinfonía otoñal de tres movimientos que resume, en tono de novela, las aspiraciones más íntimas del corazón del conservadurismo local.

Este approach a los problemas de Salta, unido a los enjundiosos trabajos previos a la reforma constitucional (que algunos llaman pretenciosamente «estudios»), me parecen demasiado complicados y, por tanto, fuera del alcance del ciudadano medio, al que una vez más se margina y se desprecia.

Cosas como estas sirven si acaso para mantener entretenida a alguna gente ociosa que no acaba de encontrar su lugar en el crepúsculo de sus vidas, pero muy poco para hacerle cosquillas al poder, que es lo que hace falta.

Quizá sea por mi formación o tal vez por el lugar en el que vivo, pero no entiendo la calidad institucional como lo hacen quienes dicen «observarla» en Salta. Al contrario, veo en la calidad institucional una realidad mucho más amplia y comprensiva que vincula de forma inescindible la alta calidad de los servicios y las regulaciones gubernamentales con el refuerzo del desarrollo económico a largo plazo.

Si nos detenemos a mirar con cierto cuidado los movimientos de los autotitulados «observadores» veremos que para ellos no hay ninguna preocupación económica en el horizonte. Esta llamativa carencia invita a pensar que alguien ha confundido «calidad institucional» con «ciudadanía democrática».

La conexión entre calidad institucional y desarrollo económico es vital, entre otras cosas porque la experiencia de los últimos veinte años demuestra casi sin contestación que solo los países con una alta calidad institucional han logrado alcanzar metas consistentes en materia de adopción de lo que se conoce como frontier technology (robótica, drones, vehículos autónomos, realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, espacio 2.0, manufactura digital, etc.), al mismo tiempo que ha conseguido reforzar su productividad y achicar la brecha de bienestar.

Por tanto, lanzar una batalla por la calidad institucional allí donde lo mejor que se produce son tamales, humitas y empanadillas, y donde nuestros trabajadores -que padecen en sus carnes una feroz desigualdad social- reciben formación del Estado en decoración de tortas «con salida laboral», es un tanto inútil, cuando no un empeño conscientemente dirigido a cristalizar nuestro atraso y a profundizar nuestra marginalidad.

Normalmente, el desarrollo institucional es el mejor indicador para el desarrollo estructural y la creación de bienestar a largo plazo en una nación. Así como el crecimiento económico es clave para determinar la trayectoria a corto plazo de una sociedad determinada, independientemente de su origen, el desarrollo institucional sirve para determinar si las ganancias a corto plazo son sostenibles a largo plazo. Debemos ser conscientes de que aunque tengamos instituciones de la máxima calidad, nuestra precaria economía de mercado no será capaz de evitar los efectos de la próxima crisis económica. Pero el refuerzo de la calidad de las instituciones -el que aquí propongo en pocas líneas- contribuye a aumentar la posibilidades de que nuestra sociedad pueda hacer frente a la próxima crisis, recuperarse rápidamente y continuar su trayectoria de progreso a largo plazo.

Cualquier otro enfoque de la calidad institucional carece, a mi modo de ver, de sentido práctico.

Quienes se esfuerzan por reducir los problemas de Salta a la concentración de poder, la subrepresentación de las mujeres en los cargos públicos, las distorsiones del sistema electoral, la falta de independencia del Poder Judicial o la inutilización de las instituciones de control, lo que en realidad pretenden es reconfigurar el poder, para hacerlo más adecuado a sus propios gustos y a la consecución de sus propios fines. Pero no apuntan a solucionar de raíz los problemas que tiene la sociedad salteña y que se pueden resumir en dos: (1) la enorme brecha de bienestar entre los habitantes de un mismo territorio, y (2) la amenaza de que los desarrollos tecnológicos en ciernes, que no controlamos y ni siquiera somos capaces de prever, hagan aún más profunda aquella brecha.

Tecnología y Constitución

Tengo que admitir que me hace mucha gracia ver a algunos políticos de larguísimo recorrido en Salta tratando a la Constitución provincial como si fuese el mismo tótem que ellos contribuyeron a deformar cuando tuvieron la oportunidad para ello.

Respeto todas las opiniones y los enfoques, pero no por ello me siento especialmente obligado a reconocer que algunas elucubraciones iusfilosóficas han alcanzado el rango intelectual de «estudios», como a ellos bien les gusta decir. Una cosa es que para preparar un breve discurso alguien haya tenido que «estudiar» (a veces, para ciertas personas, no hay más remedio) y otra cosa bien diferente es que el resultado de ese esfuerzo se plasme en un «estudio». Es la misma diferencia entre quien simplemente «se pone» a hacer empanadas y quien consigue de verdad hacerlas.

Pero sobre lo que quisiera llamar la atención es sobre la antigüedad de esta forma de aproximarse a los problemas constitucionales.

No digo que los discursos actuales sobre la concentración de poder y la democracia participativa carezcan de utilidad, sino que hay otras herramientas que debemos emplear, otros terrenos teóricos por explorar, que son bastante diferentes a los que los salteños visitamos durantes las reformas constitucionales anteriores y que cometeríamos un grave error si nos encerráramos en ellos.

Se preguntarán los lectores con natural curiosidad cuáles son estas herramientas y estos terrenos. Y yo estoy dispuesto a explicarlos, en la medida de mis posibilidades, claro está, porque no he descubierto ni inventado nada. Pero así como circulan por las redes amistosas invitaciones a debates públicos y a foros con sesiones y órdenes del día muy prolijos, tengo que decir con un poco de inquietud que nadie me ha llamado ni creo que vaya a hacerlo, lo que me da a entender, sin que sea necesario hacer un gran esfuerzo, que estos estudiosos no cuentan conmigo.

Sin embargo, para que no parezca que soy de esos lugareños idiosos y empacones que no sueltan prenda si no se los invita al jolgorio, voy a darles una sola pista de lo que creo conveniente hacer.

A finales del año pasado, inspirados por el desafío de ver cómo se comparten las ideas entre las naciones a través de sus cartas fundamentales, los investigadores del Dartmouth College de Hanover, New Hampshire, han desarrollado una taxonomía evolutiva a partir de los grandes datos de las constituciones del mundo.

Esta herramienta rastrea los vínculos textuales que conectan unas constituciones con otras y construye un árbol genealógico constitucional a partir de datos matemáticos. La representación visual de estos datos permite apreciar con claridad nunca antes lograda la evolución de las constituciones y las ideas constitucionales, y proporcionan al mismo tiempo una luminosa ventana para observar cómo las naciones comparten y reelaboran los conceptos políticos.

Creo que estamos todos de acuerdo en que si los salteños nos propusiéramos sustituir a la actual constitución por otra enteramente diferente tendríamos la mitad del problema resuelto, pues no tendríamos que empezar desde cero. En tal caso, nos bastaría con mirar a nuestro alrededor para ver lo que otros países y otras provincias han hecho, especialmente aquellos con los que tenemos una estrecha relación.

Durante décadas, los investigadores y los expertos han teorizado que la evolución de las constituciones nacionales sigue caminos similares a la evolución biológica. El análisis de Dartmouth demuestra que el desarrollo histórico de las constituciones está gobernado por lo que se conoce como conexión preferencial (preferential attachment, Proceso de Yule, Ley de Gibrat o ventaja acumulativa), que es un modelo de dinámica evolutiva que sirve para describir el proceso de nacimiento.

Las investigaciones de Dartmouth ponen de manifiesto la existencia de una extensa literatura, principalmente de naturaleza cualitativa, sobre cómo evolucionan las constituciones a través de las palabras. El esfuerzo científico está orientado a demostrar matemáticamente la validez del enfoque evolutivo que se ha venido aplicando desde los años 70.

A diferencia de otros análisis, que han utilizado claves textuales para identificar las conexiones, la investigación de Dartmouth emplea machine learning (un subconjunto de la inteligencia artificial en el campo de la ciencia de la computación que a menudo utiliza técnicas estadísticas para proporcionar a las máquinas la habilidad de "aprender" de los datos, sin estar expresamente programadas) para organizar las constituciones por temas/palabras estadísticamente unidas en documentos. La herramienta identifica también el flujo de temas entre constituciones a lo largo del tiempo.

Esto es posible porque las constituciones son combinaciones culturales complejas, de modo que una vez que se establecen las comparaciones, se puede construir un árbol genealógico y encontrar los antepasados constitucionales cercanos.

Como fácilmente se puede advertir, estamos no solamente ante una gran revolución del derecho constitucional comparado sino también ante una herramienta de indudable utilidad para encarar y resolver cualquier tipo de reforma.

Junto a la desarrollada por los expertos del Dartmouth College, existen otras investigaciones, como por ejemplo la lingüística e histórica que han conducido los estudiantes de Derecho en Georgia, presentada hace poco más de un mes ante jueces del Estado, y que apunta a desentrañar el significado original de varias disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos, utilizando para ello la gran base de datos del Corpus of Founding Era American English, un repositorio construido con ordenadores y big data.

En fin, que lo que intento es que nuestra futura constitución se elabore con herramientas un poco más sofisticadas, actuales y útiles que las que venimos usando hace siglos para preparar tamales, humitas y empanadillas de dulce de cayote.