Las redes sociales potencian los comportamientos anómicos de los argentinos

Hace 26 años, aquel enorme jurista y filósofo del Derecho que fue Carlos Santiago Nino publicaba un pequeño libro titulado Un país al margen de la ley. Estudio de la anomia como componente del subdesarrollo argentino.

El libro, en el que el autor expone con cierta crudeza su desencanto por la fuerte propensión del ciudadano y del residente argentino a situarse al margen de la ley, constituye hoy sin dudas una de las explicaciones más sólidas de las causas profundas de nuestro atraso económico, nuestra debilidad social y nuestro subdesarrollo institucional.

“Si analizamos el discurso de los argentinos, advertiremos que aducir que algo va en contra de la ley es una forma de iniciar una conversación y no de concluirla, como ocurre en otros países”, escribía entonces Nino.

Su inoportuna muerte, ocurrida en 1993 -solo un año después de la publicación del libro- nos ha privado de contar hoy con una actualización de sus reflexiones sobre los comportamientos anómicos de los argentinos. Una actualización que entiendo necesaria, a la luz de la nueva dinámica y el nuevo tono de las conversaciones en las redes sociales, pero también a la vista de que los bajos costes del incumplimiento de la ley, no solo son hoy mucho más bajos que antaño, sino que la transgresión a las normas ofrece, tanto a ciudadanos como a gobernantes, cada vez más incentivos y mejores recompensas.

Parece evidente que en aquellos años en que Nino observó a la sociedad argentina, el incumplimiento de la ley, o la sensación generalizada de estar al margen de la ley, eran detalles de una realidad que se desplegaba en un discreto segundo plano, lejos (pero no tan lejos) de una realidad meramente formal en la que todos aparecíamos como obedientes y respetuosos de los mandatos normativos, quizá por el valor que entonces tenía el viejo principio liberal de la igualdad ante la Ley.

Dicho en otros términos, que reconocerse a sí mismo como un incumplidor actual o potencial de una ley era hace no mucho tiempo algo que pertenecía a la esfera más íntima del individuo y que, si acaso, era compartido en conversaciones muy privadas, de alcance limitado.

Hoy, sin embargo, las reacciones anómicas son públicas (o aireadas públicamente) y, por tanto, conocidas por nuestro prójimo, sin que ello nos provoque el más mínimo inconveniente o nos haga descender en la consideración de nuestros semejantes.

Al contrario, lo que entre nosotros podría acarrear hoy consecuencias negativas, y bastante serias, es el reconocerse o proclamarse un obediente ciudadano. El ciudadano ejemplar, el que paga sus impuestos o respeta las sendas peatonales, se convierte inmediatamente en blanco de insultos, etiquetas y menciones en las redes sociales.

Como decía Nino, todos los argentinos tenemos la sensación de estar al margen de la ley, no solo porque conscientemente no la respetamos (que ya es mucho) sino también porque vamos por la vida con temor de que haya por ahí ignotas reglamentaciones que no estamos observando.

Las redes sociales y su constante desarrollo nos han permitido descubrir que aquella sensación identificada por Nino es hoy un poco más que eso, y que el temor inconsciente de estar violando normas que no conocemos es cada vez menor, al tiempo que aumenta -paradójicamente- la cantidad y la calidad de las normas transgredidas.

Pero en los tiempos en los que reflexionó Nino, la anomia era un fenómeno social que dejaba -al menos, teóricamente- al margen a los poderes públicos, a los que casi todos suponemos los primeros interesados en que las normas se cumplan del modo más riguroso posible.

Hoy en día, dejar de cumplir la ley o hacer todo lo contrario a lo que manda una sentencia judicial son actitudes que presiden la actuación de algunos poderes públicos y sin las cuales estos no podrían si acaso existir.

Ejemplos concretos de nuestro desprecio por los mandatos normativos

Pienso en tres ejemplos muy concretos (todos ellos referidos, lamentablemente, a la Provincia de Salta):

1) El establecimiento por Decreto del Gobernador de la Provincia de obstáculos administrativos y judiciales a la práctica de abortos no punibles (artículo 86 del Código Penal), a pocas horas de que la Corte Suprema de Justicia hubiera dictado una sentencia muy clara autorizando este tipo de prácticas en los casos legalmente previstos.

2) La incesante búsqueda por parte del gobierno provincial de Salta de fórmulas ingeniosas para eludir el tajante mandato judicial que prohíbe la impartición de enseñanza religiosa en las escuelas públicas y prácticas compulsivas de culto en el mismo ámbito, dentro del espacio curricular y los horarios normales de clase.

3) La resolución del Consejo de la Magistratura de Salta que ha declarado de cumplimiento imposible una sentencia de la Corte de Justicia provincial, que fue finalmente confirmada por la Corte Suprema federal.

En todos estos casos, y en muchos otros que no es necesario mencionar aquí, la anomia aparece -curiosamente- revestida de legalidad. Una legalidad que en unos casos nace de la autoridad limitada de normas de rango jurídico inferior (una auténtica involución del sistema de fuentes del Derecho); en otros, nace de la creencia de que la costumbre inveterada y santificada por el transcurso del tiempo y la mínima contestación social es superior a cualquier norma jurídica; y, en otros, finalmente, en el voluntarismo autoritario de quienes piensan que las sentencias que ellos dictan se aplican a los demás pero jamás a ellos, si no les conviene.

Lo paradójico, en cualquier caso, -y esto sí que me preocupa mucho- es que ese mismo territorio atravesado por la anomia, el atraso estructural y la relatividad institucional sea el que ofrezca al resto del país al principal responsable de todos esos males como candidato a Presidente de la Nación. Sinceramente, no lo entiendo.

Contra una ley que aún no es ley

Mentiría si no dijera que estas reflexiones se me han ocurrido poco después de conocer el resultado de la votación de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional sobre el proyecto de ley del aborto.

A los pocos minutos de producirse la votación, ya había en las redes sociales una significativa cantidad de gente que había proclamado, por las suyas, la inconstitucionalidad de una norma que todavía no tiene la consideración de tal. Esa misma gente no solo se mostraba orgullosamente dispuesta a no cumplir con el mandato legal (en caso de que finalmente adquiriera fuerza normativa), sino que animaba vivamente a muchos otros a hacer lo mismo, en lo que aparentemente era una convocatoria a la desobediencia civil, pero que en el fondo no era sino el principio -muy anticipado- de aquella conversación reveladora de la anomia a la que se refería Carlos Nino en su libro.

Una de las formas más perniciosas de la anomia, sin dudas, es creer que a las constituciones o a los grandes tratados internacionales sobre derecho los interpreta uno, por su cuenta, y que los principios que estos instrumentos contienen se aplican según coincidan o no con las propias convicciones o las preferencias personales. Eso es precisamente lo que hace el Gobernador de la Provincia de Salta, que gobierna sin ley, interpretando a gusto y paladar el alcance de los preceptos constitucionales. Y si el Gobernador puede, me pregunto por qué no podrían hacerlo los ciudadanos.

Con esto quiero decir que la enorme libertad que el Gobernador de Salta se toma en materia de cumplimiento de las normas jurídicas está provocando un daño mayúsculo a la convivencia y, por tanto, a la gobernabilidad ordenada y pacífica de nuestra sociedad. Particularmente en Salta, los espacios vacíos que deja el incumplimiento de la ley son llenados inmediatamente por la arbitrariedad o el capricho del poder, que, en interés de este, promueve una falsa conciencia en los gobernados de que no es la ley preexistente sino la voluntad creadora del gobernante la que funda y sostiene todo el ordenamiento jurídico.

A veces uno se olvida que el Gobernador de Salta no tiene autoridad para declarar inconstitucional ninguna norma, y que muy a pesar de ello ha declarado ya varias. Me acuerdo de aquel infeliz concurso de jueces que el mandatario se apresuró a anular, basado en una interpretación muy personal de la Constitución, aun cuando una sentencia judicial (que posteriormente fue revocada), decía claramente que los concursos se habían tramitado con arreglo a la Ley. La anomia no solo afecta al cumplimiento puntual de la ley sino también a la disposición psicológica de los individuos a cumplirla.

No es lógico ni justificable, pero sí explicable, que cosas como esta ocurran en Salta, pues la percepción que de la justicia tienen los ciudadanos está fuertemente influída por el hecho de que los tribunales que ejercen el poder judicial en nuestra Provincia -que (en condiciones normales) deberían ser la última frontera de la arbitrariedad y el primer guardián de los derechos y libertades de los individuos- se dedican a cohonestar los abusos del poder y a santificar, en todo cuanto les sea posible, los excesos que cometen los que gobiernan en el cumplimiento de las normas que nos sujetan a todos.

Grietas y factores de cohesión

En tiempos de grietas transversales e irreductibles como los que vivimos, los únicos puntos en común que tenemos los argentinos son la anomia y la selección de fútbol.

Como bien ha apuntado un pensador salteño contemporáneo, estos dos elementos identitarios resumen las profundas contradicciones en el seno de nuestra sociedad; porque si algo pone de manifiesto nuestra excelencia futbolística es que las empresas colectivas que acometemos los argentinos alcanzan niveles superlativos cuando somos capaces de cumplir con las normas, y que, al contrario, nuestras aspiraciones colectivas fracasan irremediablemente cuando utilizamos las normas para explotar sus intersticios y satisfacer fines e intereses personales.

Nos gusten más o nos gusten menos, a las normas hay que cumplirlas, por más que algunos gobernantes sean los primeros en incumplirlas y den con ello un pésimo ejemplo a sus gobernados, y por más que los tribunales, en vez de impartir justicia y tutelar las libertades, se ocupen de blindar al poder.

No podemos darnos el lujo de pensar que las normas jurídicas -que nos cuesta mucho dinero producir- son un adorno de la realidad y que están hechas solo para los giles, como muchos piensan. Las normas son un componente estructural de nuestra convivencia y su inobservancia, no solo nos condena al atraso, a la marginación y al subdesarrollo, sino que también nos expone a la barbarie y a la violencia.