
El 3 de enero de 183 años después, la Cancillería emitió un comunicado mediante el cual “[…] invita al Reino Unido a reanudar las negociaciones con miras a resolver -a la mayor brevedad posible, y de manera justa y definitiva- la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, a través del camino del diálogo, la paz y la diplomacia […]”. Así, el actual gobierno nacional movió las piezas en el encuentro de Macri con Cameron el 21 de enero en Davos.
Bien hecho por aquello de la montaña y Mahoma, pero asumiendo lo difícil que será: desde 1982 el Reino Unido maneja los tiempos del conflicto como le viene en ganas, por un lado; por otro, la relación de fuerzas es adversa para una Argentina que en tres décadas de democracia aún no logró construir un poder nacional estable y de largo plazo, que facilitaría la recuperación.
El premier Cameron se halla entrampado en conflictos imposibles de resolver sin dejar secuelas. Hoy la cuestión central de su política exterior probablemente pasa por la continuidad en la Unión Europea, cuyo eje continental París-Berlín marca el compás en esa monumental integración.
El momento de presionar para reabrir el diálogo es adecuado: gobierno nuevo con ganas de volver al mundo y un gobierno que se mantiene en las grandes ligas solo por su aceitado sistema financiero. Ambos enfrentarán resistencias internas ante un conflicto de soberanía que es remezón de un sistema de poder finiquitado. Ya hay fuego cruzado entre el primer ministro y el nuevo líder laborista Jeremy Corbyn, impulsor de una apertura con Argentina, respondido con una visita
intempestiva a las islas, a mediados de febrero, del secretario de defensa Michael Fallon.
Contribuye también la baja coyuntural del precio del barril de crudo, desalentando la prospección y extracción de hidrocarburos en el Atlántico Sur. Georgias, Sándwich y la Península Antártica con sus respectivas jurisdicciones marítimas suman a la vasta complejidad del problema.
Si la explotación hidrocarburífera no fue lo que se esperaba, subsiste el tema pesquero en el Atlántico Sur. El gobierno de las islas y sus habitantes viven en realidad, y muy bien, por las licencias de pesca. Los gobiernos argentinos precedentes nunca tuvieron claro cómo encarar el asunto. La falta de políticas en esta materia nos puso en una situación inmanejable y atentatoria a los intereses nacionales, con repercusión especial en nuestras provincias costeras.
Por lo demás, en el cambio epocal que vivimos se van acomodando las cargas de problemáticas propias de la Guerra Fría –Cuba y EE.UU, FARC y gobierno colombiano, acuerdo nuclear con Irán, por caso- están encontrando salidas razonables. ¿Es posible que todavía no puedan resolverse cuestiones como Gibraltar y Malvinas, rémoras de un orden eurocéntrico enterrado para siempre en 1945?
¿Qué se puede esperar, entonces, de este incipiente movimiento de piezas de ajedrez? ¿Con qué empezar? Por lo pronto presionar para que se cumpla con la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, de la cual en diciembre último se cumplieron 50 años de la adopción de su texto, que pone en evidencia medio siglo de renuencias británicas.
Otro aspecto sensible del cual dependerán los avances es la posición de los isleños. No son una parte del conflicto, eso está claro, pero alguna participación habrá que pensarles. Las resoluciones de Naciones Unidas atienden a sus “intereses”; ellos sostienen sus “deseos” (antesala jurídica del derecho a la autodeterminación) y la Disposición Transitoria Primera introducida por la reforma constitucional de 1994 manda “respetar el modo de vida de sus habitantes”. De modo que es previsible la fórmula de un doble paraguas: uno para la soberanía misma y otro para acotar esa exorbitante pretensión de los falklanders.
Cabe derrumbar al respecto prevenciones y preconceptos, ya que esos isleños de origen británico necesitan contacto con Argentina por simple razón de contigüidad geográfica. Los viajes hacia y desde el archipiélago son una fórmula elemental para un reencuentro convenientemente pautado. Esto implica un cambio cultural, que requiere habitualmente el trecho de una generación.
Si ambas partes están constreñidas por el derecho internacional a resolver pacíficamente la controversia, un primer gesto debiera ser la desmilitarización de todas las islas. El RU había previsto una inversión para el bienio 2015-2016 de u$ 268 millones, aun conociendo nuestras carencias en materia defensiva. No sería raro un avance en este aspecto, no solo por el significativo ahorro para el RU sino también para evitar roces con los bloques de apoyo logrados con el tiempo, sobre todo Mercosur, Unasur y CELAC. A Brasil no le hace ninguna gracia que la flota inglesa transite tan cerca de sus imponentes reservas petrolíferas of shore.
Nuevos vientos, parece que sí. Aunque también convenga tener en cuenta la no por remanida menos aleccionadora sentencia de Séneca, acerca de que aquellos no conducen a ningún lado si la nave carece de un rumbo preciso.