A nueve meses de su retiro programado de la presidencia, la señora de Kirchner dio muestras el domingo 1 de marzo de que intentará a toda costa recuperar la iniciativa política que viene perdiendo vertiginosamente. El método es, siempre, la confrontación. Y la urgencia por emplearla es máxima, porque el tiempo apremia y ella necesita cumplir sus objetivos principales antes de que éste se agote. Uno de esos objetivos reside en dejar atado y bien atado el paquete de la Justicia, de allí que ese sea su blanco principal. En Tribunales se acumulan causas que golpean fuertemente a su gobierno (sin excluir a ella misma y su familia) e impugnan su relato justificatorio. El domingo 1 el oficialismo se había sentido ganador: volvió a la calle, un espacio ada vez más difícil. Tenía que responder al desafío de la Marcha del Silencio del 18 de Febrero, una vastísima impugnación ciudadana a la reaparición de la violencia política y, en los hechos, un respaldo multitudinario a las acciones del sistema judicial que la opinión pública equipara con la lucha contra la impunidad.
La Presidente llegó a la Asamblea Legislativa reconfortada por una convocatoria significativa y aliviada por el dictamen del juez Daniel Rafecas, que parecía liberarla de la carga de la denuncia de encubrimiento que le habían impuesto el fallecido fiscal Alberto Nisman y su colega Gerardo Pollicita.
Montada sobre esos estímulos, la Señora descerrajó un discurso de más de tres horas, cargado de cifras (en general dignas del INDEC que supimos conseguir) y, sobre el final, descargó varios mandobles sobre la Corte, ovacionados por el seleccionado público adicto mientras las cámaras oficiales de TV enfocaban a, Ricardo Lorenzetti, el presidente del Tribunal Superior.
La respuesta del magistrado se produjo dos días más tarde. El discurso de Lorenzetti al inaugurar el año judicial no necesitó explicitar destinatario. Sus términos fueron sobrios y precisos, como se ve en este compacto de sus frases más destacadas: “Hay una distancia entre lo relatado y lo percibido, que es muy importante y es cada vez mayor. Tenemos la obligación de terminar con la impunidad. Nadie es demasiado poderoso cuando estamos iluminados por la idea de Justicia. Debemos preservar la democracia, es demasiado importante para dejarla en manos del odio, la división, el egoísmo, el miedo. El Poder Judicial debe poner límites. Los jueces deben aplicar las leyes de manera igual para todos, esté quien esté por delante. Antes las decisiones venían del rey, del virrey y luego del hiperpresidencialismo. Hay que terminar con el poder concentrado”.
El tono de Lorenzetti fue muy calmo: a él no lo acucia el tiempo como a la Presidente. Cuando ella haya dejado la Casa Rosada, él seguirá en su despacho de la Corte Suprema.
Como para indicar que el dictamen de Daniel Rafecas no necesariamente clausura un tema tan resonante como la denuncia y la “muerte dudosa” del fiscal Alberto Nisman, el miércoles 4 el fiscal Gerardo Pollicita presentó su apelación. Cuestionó que el juez desestimara de manera anticipada y prematura la denuncia de Nisman y que no diera curso a las investigaciones. “"Lo necesario es que se investigue, hay que llegar a una conclusión que deje tranquilos incluso a las personas denunciadas", reflexionó con sensatez.
Ahora la decisión de Rafecas queda en manos de la Cámara que en su momento consideró inconstitucional el tratado con Irán que Nisman señaló como la clave del encubrimiento que denunciaba.
Con la ilusión de que ese camino se interrumpa, el diputado y líder cristinista Andrés (“Cuervo”) Larroque recusó a Germán Moldes, el fiscal de Cámara que debe ratificar la denuncia de Pollicita. Si esa recusación fuese consentida, la Procuradora ultraoficialista Alejandra Gills Carbó podría designar un fiscal que dejara morir sin más trámite el planteo de Pollicita y, en consecuencia, la investigación de la denuncia de Nisman.
En fin: el jueves 5, la (jueza federal) Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman y querellante en la causa por su muerte, declaró -rodeada por los prestigiosos peritos que contrató y respaldada por un extenso y documentado informe- que lo del fiscal no fue ni suicidio ni muerte accidental, sino asesinato: “un magnicidio”, dijo. Según la pericia de la querella, el cuerpo de Nisman fue trasladado; el fiscal agonizó (no murió instantáneamente) y esa muerte se produjo entre 12 y 15 horas antes de lo que estimó la investigación oficial.
Evidentemente, y contrariando las expectativas de la Casa Rosada, la historia no concluyó el 1M, ni la denuncia de Nisman archivada por gracia del juez Rafecas. Esa denuncia, la muerte del fiscal y las hostilidades entre el Poder Ejecutivo y la Justicia proyectan su sombra sobre el año electoral.
El camino a las urnas está ambientado en una atmósfera de novela negra.