
Lo cierto es que Troyano asumió entonces una responsabilidad política y con el paso del tiempo se convirtió en el único funcionario de alto rango del gobierno de Urtubey que fue capaz de tener un gesto semejante.
Las razones de su alejamiento, vistas a la distancia, son casi nimias: unas declaraciones apresuradas, probablemente imprudentes, que fueron valoradas por la opinión pública en su día como gesto machista.
Aquellas declaraciones quedaron empequeñecidas posteriormente por otros gestos machistas del gobierno de Urtubey, que no se quedaron precisamente en palabras: la sanción de un decreto que judicializa innecesariamente el acceso al aborto no punible para las mujeres embarazadas como producto de una violación o la negativa del gobierno a pagar la indemnización que le corresponde a la joven Vanina Yapura Alderete.
La situación de Troyano se volvió en pocos días insostenible, pero a estas alturas ya es indudable que el exministro afrontó la tormenta con dignidad, con un elevado criterio político y sentido republicano. Troyano no se ocultó. Antes al contrario defendió su postura con argumentos, prefirió no montar una contraoperación mediática de resultado incierto y decidió preservar al Gobernador, evitándole con su dimisión un mayor deterioro de su imagen.
Otros, como su antecesor en el cargo, Pablo Kosiner, frente a un escándalo que le estalló en la cara, con dos cadáveres en la morgue, se escondieron en el horno de barro. Kosiner no solo no asumió ninguna responsabilidad política sino que tampoco tuvo ese gesto digno y honroso de preservar la imagen del Gobernador.
Pasan los años y los escándalos del gobierno de Urtubey se multiplican sin que nadie asuma responsabilidades políticas de forma seria y transparente, sin que nadie dimita. Quizá el único caso para destacar sea el de Pablo Robbio Saravia, exsecretario Legal y Técnico del gobierno, que presentó tardíamente su renuncia después de verse involucrado en un escándalo de adjudicaciones de viviendas públicas mediante trato de favor.
Pero antes y después de aquello debieron haber dimitido Julio César Loutaif, María Silvia Pace, Aldo Rogelio Saravia, Juan Pablo Rodríguez, Alejandro Cornejo D'Andrea, Marianela Cansino, Carlos Parodi y Roberto Dib Ashur, por solo citar a unos pocos. Algunos de ellos, incluso, debió salir de su cargo para sentarse directamente frente a un juez o un fiscal de Instrucción. Pero ninguno, con mucho más peso en sus conciencias, fue capaz de hacer lo que hizo Troyano, con mucho menos.
La verdad es que, entre los funcionarios de Urtubey, muy pocos se muestran dispuestos a prescindir de su sueldo y del amparo que supone el paraguas de la Administración Pública. No importa si sus ministerios son un desastre, si se cometen atropellos contra los derechos de los ciudadanos, si hay muertos, lesionados y desaparecidos o si se producen graves trastornos políticos o administrativos.
Salvo el honroso caso de Troyano, las otras dimisiones, las que no se han producido, se podrían explicar por un defecto moral común y generalizado de los funcionarios involucrados. Pero es más razonable pensar que quien padece tal defecto moral es el Gobernador de la Provincia. Si él no da el ejemplo y acierta a señalar a sus funcionarios el camino de la rectitud, los demás se sentirán siempre con derecho a hacer lo que les venga en gana, sin rendir cuentas a nadie.
La dimisión es un recurso de los políticos decentes, de los que están seguros de su inocencia o de aquellos que son conscientes de que las faltas que pudieren haber cometido en el ejercicio de sus cargos solo tienen trascendencia política y no relevancia penal.
Por el contrario, aquellos que, a pesar de las sospechas de una actuación reprobable, se mantienen en el cargo a cualquier precio, y lo hacen incluso en situaciones penosas o insostenibles, son los que generalmente ocultan algo. Para esta clase de funcionarios, la dimisión es, antes que un gesto de dignidad, un acto suicida.
Algunos casos en Europa
En Europa, las meras sospechas de una actuación cuestionable son más que suficientes para llevar a un político a la dimisión.Solo a título de ejemplo enumeraremos algunos casos conocidos.
En 2006, la ministra sueca de Exteriores, Laila Freivalds, dijo: «Bajo las actuales circunstancias, encuentro imposible llevar a cabo mi trabajo y por tanto he decidido dimitir». La decisión fue adoptada tras revelarse que estaba al corriente de las presiones ejercidas por su departamento para cerrar una web de extrema derecha que había publicado viñetas sobre Mahoma.
En abril de 2008, el ministro del Interior de Bulgaria, el socialista Rumen Petkov, dejó el cargo al conocerse que se reunió con empresarios investigados por corrupción.
También en 2008, el primer ministro belga, el democristiano flamenco Yves Leterme, renunció después de que fracasaran las negociaciones entre los partidos flamencos y francófonos para una nueva descentralización en Bélgica. A finales de año, se producía la dimisión en bloque del Gobierno del país, algo inédito en Europa. La razón fue un informe del Tribunal de Casación que evidenciaba presiones del Ejecutivo al Tribunal de Apelación para evitar un fallo desfavorable en el caso de la división y venta de Fortis, el primer grupo bancario y asegurador de Bélgica.
En marzo de 2010, el ministro de Salud de Bulgaria, Bozhidar Nanev, dimitió tras ser acusado de firmar dos contratos de suministro del fármaco Tamiflu que habría ocasionados pérdidas al Estado de más de un millón de euros.
Soren Gade, ministro danés de defensa, renunció al cargo en 2010 al no poder soportar la presión ciudadana. La prensa había publicado que uno de sus subordinados, el portavoz Jaco Winther, había divulgado información confidencial sobre las tropas de elite danesas en Irak.
Karl Theodor zu Guttenberg, el ministro de Defensa alemán a quien el diario Süddeutsche Zeitung 'cazó' en 2011 plagiando su tesis doctoral. "Siempre he estado listo para luchar, pero ahora he llegado al límite de mis fuerzas", se despidió.
Michèle Alliot-Marie, ministra francesa de Exteriores, dimitió en 2011 por irse de vacaciones a Túnez cuando el país ya se hallaba inmerso en las revueltas contra el dictador tunecino Ben Alí.
En 2012, el ministro de Cultura griego, Pavlos Geroulanos, se vio obligado a dejar el puesto tras el robo de 60 piezas de cerámica antigua del Museo de Olimpia por parte de unos encapuchados. Los ladrones aprovecharon el cambio de guardia, ya que en esos momentos el edificio no está protegido por las alarmas.
El ministro británico de Energía, Chris Huhne, fue descubierto también en 2012 intentando ocultar una multa de tráfico de 2003. Había pedido a su mujer que asumiese la sanción en su lugar para evitar que le retirasen el carnet. Tampoco siguió ejerciendo tras irse por voluntad propia.