Durante los últimos días, los principales candidatos a diputados nacionales por Salta han repetido ciertos lugares comunes que han vuelto a poner de manifiesto el generalizado desconocimiento acerca del papel que la Constitución Nacional asigna a los integrantes de las cámaras del Congreso. Decir que los diputados nacionales deben «gestionar más recursos para Salta» o instalarse en las mejores «roscas» para conseguir privilegios para la Provincia, no solo es un despropósito sino un peligro para las instituciones federales, que han sido diseñadas para cohesionar un país diverso y no para fomentar alocadas pretensiones territoriales.
El artículo que transcribimos a continuación, titulado originalmente «Salteños partidarios del legislador nacional 'influyente'» fue escrito y publicado a comienzos de agosto de 2013 por Luis Caro Figueroa. En él se reflexiona críticamente acerca de la pretensión de muchos salteños de convertir a los legisladores salteños en «influyentes gestores» del interés provinciano, en «embajadores» del gobierno local, anulando así su calidad de representantes del conjunto del pueblo de la Nación (en el caso de los diputados) o del Estado provincial (en el caso de los senadores) y desconociendo, en consecuencia, su naturaleza constitucional de miembros de un poder federal único e indivisible.
Salteños partidarios del legislador nacional 'influyente'
Una de las cosas más estúpidas que he escuchado en esta campaña electoral es que los legisladores que hayan de ser electos por la Provincia de Salta para integrar las cámaras del Congreso Nacional, además de dedicarse a su cometido específico de contribuir a hacer las leyes de la Nación, deben hacer «gestiones».Quien ha lanzado esta originalísima idea no ha aclarado a qué tipo de gestiones se refiere, pero se entiende que no son precisamente aquellas diligencias conducentes a lograr que las leyes se aprueben, o se desechen.
Quiere esto decir que un diputado o un senador por Salta no solo debe dedicarse a estudiar los proyectos de ley, a debatirlos y a votarlos, sino también a servir como una especie de «gestor» de los intereses de los salteños en la ciudad de Buenos Aires, sede de los poderes públicos federales.
Por supuesto que la Constitución nada dice acerca de este papel de gestor o defensor de los intereses locales, y si lo dijera sería una auténtica aberración de un sistema federal que -aunque la gente a menudo lo olvida- no fue instituido para la diversidad territorial y el localismo (situación preexistente a la organización nacional) sino pensado para asegurar la unidad de un país diverso y muy mal avenido.
Salta, al igual que el resto de las provincias, elige legisladores nacionales que integrarán uno de los poderes federales constituidos precisamente para asegurar la unidad del país, no para profundizar las divisiones. Es decir, no elige embajadores plenipotenciarios ante el gobierno nacional, ni delegados del poder local, ni gestores de los intereses del segmento de electores que los eligió.
Es razonable pensar que un legislador electo por Salta defienda, llegado el caso, el interés provincial y reivindique el respeto hacia la autonomía de su territorio dentro de los límites de sus competencias. Pero cuando el interés del conjunto de la Nación colisiona con aquél, no caben dudas: debe primar el interés nacional.
Lo curioso de este asunto es que cuando en campaña se dice ahora que el legislador debe ser «gestor», no se piensa en la representación de los intereses locales colectivos, sino en cosas algo más mundanas, como la posibilidad de que un diputado o un senador nacional por Salta atienda y reciba en su despacho a salteños pedigüeños que acuden en busca de pasajes de avión gratis, entradas para los partidos de fútbol, recomendaciones para entrar a trabajar en el Banco de la Nación, créditos hipotecarios a fondo perdido, por no mentar a los que acuden en busca de mujeres o de hombres para entablar relaciones de las más variadas.
El «gestor» que se propone en esta campaña es entonces una especie de «abrepuertas en Buenos Aires»; es decir, un portero de lujo, que siempre ha de estar presto a utilizar su influencia para que el niño de papá, con la cara llena de acné, consiga un departamentito en el Barrio Norte o en Palermo para empezar a estudiar; para incluso avalar con su firma contratos leoninos de alquiler, para hacer reservas de hoteles y vuelos internacionales como si el Senado fuese una agencia de turismo, y para un sinfín de cometidos que poco y nada tienen que ver con la misión crítica que le asigna la Constitución Nacional.
Ser legislador nacional equivale un poco a ser «opa con buen sueldo y poco trabajo», de modo que qué mejor que encomendarles a nuestros representantes todas clases de gestiones: Para que hagan algo estos ociosos.
Hay diez señores -siete diputados y tres senadores- que por estas horas guardan un vergonzoso silencio frente a lo que es ya un ataque feroz a su dignidad parlamentaria. Y hay casi una cincuentena de candidatos que piensan de verdad que un legislador, en vez de persona y magistrado, es un «device», es decir, un aparato al que basta oprimirle un botón para que cumpla unas funciones predeterminadas.
Yo no me explico cómo pueden decir que la Constitución de 1853 era sabia si Facundo de Zuviría no tenía un smartphone con Android 4.2.
¡Y todavía este señor tiene un monumento en Salta!