El panorama descrito por el juez federal Jorge Villada, uno de los tres integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, es dantesco. El magistrado ha denunciado en una entrevista publicada por la agencia Noticias Argentinas que las bandas de narcotraficantes que habitualmente operan en el norte del país han conseguido infiltrarse en las fuerzas de seguridad nacionales, que son las que deberían combatir a delincuentes y no integrarlos en su seno. La noticia es inquietante, no tanto por el hecho mismo de la infiltración -que es bastante grave- sino porque el propio juez pone de manifiesto, casi al pasar, el carácter «habitual» de la operación de poderosas bandas delictivas organizadas en la frontera argentina que corresponde a la Provincia de Salta.
Un fenómeno que es contemplado como habitual, no por la gente común sino por altas autoridades, difícilmente pueda ser combatido de forma eficaz.
Villada ha matizado inmediatamente sus palabras al aclarar que cuando los agentes contaminados (sic) son descubiertos, son sus propios compañeros de Gendarmería o de otra fuerza los que suelen entregarlos a la Justicia.
El juez no ha revelado, sin embargo, cuánto tiempo transcurre entre que los «contaminados» comienzan a operar y sus justicieros compañeros los denuncian y los ponen a disposición de las autoridades; tampoco ha cuantificado el daño que esta infiltración supone para la regular operación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Las afirmaciones del juez -aunque limitadas a la infiltración del delito en las fuerzas de seguridad- sugieren de algún modo que el narcotráfico organizado podría haber extendido sus tentáculos también hacia el poder político y contaminado otras instituciones del Estado.
Ejecuciones hebdomadarias
Otra revelación preocupante del juez es la de que en la frontera norte se produce -al menos- una ejecución semanal por ajustes de cuentas entre bandas de narcos.Nuevamente, la noticia tiene una doble lectura, pues si ya es muy grave que las bandas de delincuentes zanjen sus disputas con un muerto por semana, es mucho más grave que las estadísticas policiales y judiciales no reflejen una equivalente apertura de diligencias penales por homicidio.
No porque el ajusticiado sea un presunto delincuente, la justicia ha de inhibirse de investigar su muerte, máxime cuando se supone que el ajuste de cuentas no deja dudas acerca del carácter violento de la muerte.
Lluvia de droga y lucha desigual
Además de las anteriores revelaciones, el magistrado cordobés (con arraigo en Salta) ha incidido en dos temas bastante conocidos, aunque no por ello lo ha hecho de forma menos polémica.Advierte Villada que en la frontera norte del país continúa «lloviendo droga», pese a los esfuerzos de las autoridades por contener el avance de las organizaciones que trafican con estupefacientes.
A renglón seguido ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de la «lucha desigual» que, a su juicio, libran el narcotráfico con las fuerzas de seguridad, a causa de la falta de recursos de éstas.
Siendo esto último cierto, mucho más lo es el que la lucha de la legalidad contra el narcotráfico no está ni debe estar regida por un principio de igualdad de armas ni bajo la órbita regulatoria de la Convención de Viena. El combate de la autoridad legalmente constituida contra el delito organizado es -y conviene que lo sea siempre- una lucha desigual, en el sentido de que la razón, la ley y la justicia (recursos fundamentales para cualquier combate) están del lado de uno solo de los contendientes.
Predicar la «igualdad» de las dos partes en un combate de esta naturaleza significa aceptar que el Estado podría llegar incluso a quebrantar la ley y a emplear métodos y recursos como los que utilizan los narcotraficantes y las bandas organizadas de delincuentes.
Propuestas modestas
Lo más llamativo de la entrevista realizada al magistrado es que frente a la magnitud del desafío y al carácter horrendo de los hechos que se relatan, las soluciones que avanza el juez, aunque bienintencionadas, se antojan un poco escasas.Así por ejemplo, la propuesta de instalar buzones en zonas donde operan habitualmente bandas de narcos para que vecinos las denuncien en forma anónima (en cuyo caso la solución al narcotráfico no estaría en manos de Gendarmería Nacional sino del Correo Argentino), la mayor dotación de personal en los juzgados y la ampliación de la cobertura de los radares.
No obstante, el juez ha puesto el dedo en la llaga al proponer una solución de mayor calado consistente en establecer en Sudamérica un verdadero régimen de cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado.