«Tenemos 10.700 efectivos y hace cinco años atrás éramos 5 mil». Con estas palabras, el Jefe de Policía de la Provincia de Salta, Marcelo Lami, reconoce el brutal aumento de la fuerza policial durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. En una entrevista concedida a un canal de televisión con ocasión del festejo por los 190 años de la Policía de Salta, el jefe Lami ha reconocido también que aún siguen faltando policías y que el gobierno «continúa con el ingreso y la capacitación».
La sinceridad del Jefe de Policía ha puesto de relieve, en las fechas menos indicadas (Salta se encuentra inmersa en una dura campaña electoral), un dato preocupante: el crecimiento del número de policías no guarda relación con el aumento de los índices de criminalidad en nuestra Provincia.
Lami no se ha referido en ningún momento a las cantidades que anualmente deben desembolsar los salteños para mantener semejante aparato represivo en plenitud de funcionamiento. Tampoco ha hecho ninguna referencia a la relación existente entre el crecimiento cuantitativo de la fuerza y la consecuente reducción de la criminalidad y el aumento de la seguridad ciudadana.
Todo indica que el tremendo aumento de la Policía y de su poder ofensivo se ha logrado a costa de la reducción de los recursos disponibles para la educación y la educación sanitaria. En este último campo, el déficit de profesionales que afecta a los hospitales públicos y centros de salud es notable.
En una Provincia en donde las escuelas se caen y los hospitales carecen de lo indispensable para curar, lo único que parece progresar son las comisarías.
La decisión de Urtubey que apostar por una Policía multitudinaria representa un serio riesgo para la efectiva vigencia de las libertades públicas ciudadanas y los derechos humanos. El enorme déficit formativo de una fuerza fraguada a los ponchazos, se traduce no solo en ineficiencia en materia de seguridad sino en atropellos varios a los derechos de las personas.
El dato revelado hoy por el jefe Lami pone de manifiesto que Urtubey comanda un pequeño ejército, con el único propósito de asegurarse de que sus políticas serán obedecidas por ciudadanos, aún por la fuerza.