La promesa de Juan Carlos Romero de reabrir la investigación del asesinato de las turistas francesas no ha sido un bocado fácil de digerir para el gobierno de Salta. Contra la ocurrencia del exgobernador y candidato a repetir se ha alzado la autorizada voz de la Ministra de Justicia del gobierno de Urtubey, Cintia Pamela Calletti. La funcionaria ha dicho que «ni el Poder Ejecutivo ni un candidato tienen facultades legales para ordenar la reapertura de una causa judicial».
El juicio destaca tanto por su lógica impecable como por su inaplicabilidad al caso, pues Romero no habló en ningún momento de la reapertura de la investigación «judicial» (algo que no le compete directamente) sino de la reapertura del «caso», sin más.
No obstante el error, las palabras de la ministra han traído una gran tranquilidad a la ciudadanía, pues lo que hasta ahora los salteños tenían bien aprendido es que así como el gobierno fabrica causas penales a la carta (las que afronta Romero son un claro ejemplo), el mismo gobierno también puede paralizarlas, cerrarlas o volverlas a abrir. Para ello solo hace falta un whatsapp.
La división republicana de poderes respira aliviada al saber, entre otras cosas, que si Romero es elegido Gobernador en las próximas elecciones él mismo no podrá ordenar el archivo de las causas penales que lo tienen como imputado.
No lo podrá hacer, a menos que la ahora conocida como «doctrina Calletti» (vanguardista y democrática) sea sustituida por la (paleolítica y tercermundista) «doctrina Saravia», la misma que, por cierto, aplicó el gobierno de Urtubey durante la investigación judicial del crimen de las turistas francesas.
Dicha doctrina deja muy claro que el Poder Ejecutivo puede perfectamente interferir en la investigación judicial y condicionarla completamente, fabricando pruebas, inventando culpables, apremiando a testigos y presionando a jueces, fiscales y policías, hasta el extremo del suicidio.
Y si en Derecho rige la máxima de que quien puede lo más también puede lo menos, parece claro que «reabrir» una investigación constituiría en todo caso un pecado menor contra la división de poderes.
Si el esclarecimiento del asesinato de las turistas francesas no tuviera un componente político y si la voluntad de los gobernantes no influyera para nada en el restablecimiento de la verdad y de la justicia, un hombre inteligente y experimentado como Jean-Michel Bouvier no gastaría su valioso tiempo y su bello francés en las antesalas del poder y se dedicaría de lleno a agotar sus recursos judiciales. Pero eso no está ocurriendo.
La Ministra de Justicia ha dado un estupendo ejemplo, pero para que sus palabras resulten creíbles del todo, debería asegurar a los ciudadanos que el gobierno al que pertenece (y, en concreto, su jefe, el Gobernador de Salta) nada tienen que ver en la promoción y mantenimiento de las causas penales contra Romero y asegurar también que una llamada de Urtubey al jefe de los fiscales no es suficiente para paralizar estas causas o reavivar otras.