Los gobernantes -aun los buenos- están cada vez más expuestos a enfrentar situaciones desagradables que someten a duras pruebas no solo a sus gobiernos sino a sus propios nervios.
En siete años, dos meses y veinte días de ejercicio del mando, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ha acumulado más sombras que luces. Los errores -que muchas veces lo han tenido por único protagonista- han superado ampliamente en número a los aciertos.
Ahora que el mandatario se dispone a lanzar su tercera operación consecutiva de asalto al poder, no está demás recordar algunas de sus «zonas erróneas» más memorables.
50 sombras de Urtubey que tal vez no alcancen para esbozar un retrato fiel de un personaje esquivo, difuso e inasible, pero sí para caracterizar a un periodo de gobierno que no pasará a la historia como el más brillante que han conocido los salteños.
Para los que tienen pensado volver a votarlo y también para los que piensan que no se deben repetir los errores, he aquí un apretado resumen de las 50 sombras de Urtubey:
1. Asesinato de las turistas francesas en la Quebrada de San Lorenzo
El 29 de julio de 2011 son hallados los cuerpos sin vida de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, estudiantes francesas de la Universidad de la Sorbona. Fueron violadas y asesinadas a balazos a seis kilómetros de la residencia oficial del Gobernador. El gobierno no sabe cómo reaccionar. El ministro Pablo Kosiner se esconde. Urtubey titubea, anuncia las muertes pero no lamenta lo sucedido. El juicio posterior revelará que el gobierno presionó al juez instructor para que se hallara rápidamente a unos culpables. El crimen permanece impune. La imagen internacional de Salta resulta seriamente dañada.
2. Culpabilización de una turista japonesa de su abuso sexual en Cafayate
A comienzos de marzo 2012, una turista japonesa denuncia haber sido agredida sexualmente por un guía de turismo al cruzar un río en Cafayate. El Ministro de Seguridad de Urtubey, Maximiliano Troyano, responsabiliza a la mujer por «su exceso de confianza». El comentario desata un escándalo internacional y acaba por costarle el puesto al joven ministro.
3. Rechazo a la sentencia de la Corte Suprema sobre abortos no punibles
A mediados de marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación pone fin a la disputa interpretativa en torno al artículo 86.2 del Código Penal, que despenaliza la interrupción del embarazo en ciertos supuestos. Urtubey rechaza públicamente la sentencia y la declara solo aplicable al caso concreto. Presionado, el Gobernador dicta posteriormente el Decreto 1170/12 que impone requisitos para abortar no previstos en la ley, como la denuncia penal previa y la intervención de un agente del Ministerio Público. El decreto es tachado de inconstitucional, entre otros, por la abogada María Laura Postiglione, hoy aliada de Urtubey. El decreto sigue en vigor. Postiglione ya no insiste en su derogación.
4. Publicación de la fotografía del Gobernador en la tapa de los manuales de 4º grado
En marzo de 2011, a pocas semanas de las elecciones en las que Urtubey fue reelecto, el gobierno imprime y distribuye en las escuelas unos manuales de 4º grado en cuya tapa aparece la fotografía del Gobernador en actitud claramente demagógica. El escándalo adquiere unas dimensiones tales que fuerza el retiro de la edición. Un caso de culto a la personalidad propio de los regímenes totalitarios.
5. Adjudicación de viviendas públicas de alto standing a funcionarios y amigos del poder
A comienzos de abril de 2013 estalla el escándalo de las adjudicaciones de viviendas baratas a funcionarios del gobierno y amigos del poder en el barrio de Lomas de Medeiro, al oeste de la capital salteña. Entre los beneficiarios se señala al Secretario Legal y Técnico de la Gobernación de Salta, a familiares del presidente de la Cámara de Diputados e incluso a personeros del régimen anterior. Las adjudicaciones son retrocedidas por orden del Gobernador, pero solo una vez que el escándalo cobra fuerza y se instala en los medios nacionales.
6. Intervención del Municipio «amigo» de Salvador Mazza a causa de un escándalo sexual
El 23 de agosto de 2013, el Gobernador consigue intervenir, por ley, el Municipio fronterizo de Salvador Mazza, en donde gobierna un aliado suyo, el intendente Carlos Villalba, que pocos días antes había sido detenido por la Policía cuando se hallaba en el interior de un prostíbulo de la capital salteña. Urtubey y sus legisladores aliados se inventan una crisis institucional a partir de un escándalo sexual y violando la Constitución intervienen el Municipio. La interventora, Mercedes Junco, se encarga de tapar todas las irregularidades denunciadas.
7. Funcionarios y amigos del poder, preferidos en las listas del Pro.Cre.Ar
En mayo de 2014, un programa nacional de ayudas para el acceso a créditos inmobiliarios blandos sorprende por la llamativa cantidad de beneficiarios que son funcionarios del gobierno provincial. El gobierno niega acusaciones de amiguismo, pero la situación, lejos de aclararse, compromete cada vez más a los funcionarios, muchos de los cuales no niegan haber recibido cuantiosos préstamos.
8. Negación de las muertes por desnutrición infantil
A comienzos de 2015, el diario El Tribuno denuncia muertes por desnutrición infantil en comunidades aborígenes del norte de la Provincia. El gobierno niega estas muertes, que posteriormente son confirmadas. Urtubey no consigue convencer a la opinión pública y el escándalo, otra vez, se le va de las manos. Las reacciones posteriores de su gobierno ponen de manifiesto que la atención sanitaria de la infancia en el norte provincial es sumamente deficiente. El gobierno entra en crisis y se pone en entredicho la utilidad y viabilidad del recientemente creado Ministerio de la Primera Infancia.
9. Torturas y malos tratos en las comisarías de Policía
En julio de 2012, la difusión de un vídeo captado por un teléfono móvil revela malos tratos policiales en una comisaría de la ciudad de General Güemes. La fecha de los hechos no aparece en principio clara, pero parece coincidir con la gestión del ministro Pablo Kosiner. Varios policías son procesados por apremios ilegales. Ningún político -mucho menos Kosiner- asumen responsabilidad alguna.
10. Intervención del Municipio «amigo» de El Bordo a causa de otro escándalo sexual
En enero de 2015 aparecen en los diarios unas fotografías del intendente Juan Rosario Mazzone, aliado de Urtubey, en una fiesta privada, acompañado de jóvenes con poca ropa. El escándalo vuelve a desbordar al gobierno. Urtubey reacciona enviando a la Legislatura una ley de intervención que vulnera, otra vez, la Constitución provincial. Los escándalos de Mazzone no salen a la luz. El interventor designado no da la talla ni para dirigir una comparsa.
11. Utilización del Fondo de Reparación Histórica para la campaña a senador de Rodolfo Urtubey
En noviembre de 2011 el gobierno de Urtubey recibe un préstamo internacional de 187 millones de dólares que son destinados, por ley, al financiamiento de un vasto plan de obras públicas para algunos departamento del norte provincial. Urtubey designa como administrador del Fondo a su hermano mayor y lo exhibe públicamente por toda la Provincia, aun en aquellos departamentos donde no se realizan obras con este dinero. Poco después sorprende a su partido y a los ciudadanos designando a su hermano (un desconocido para el peronismo) como candidato a senador nacional. El Fondo resulta a la postre un fiasco. Al poco tiempo de su concesión, y en solo seis meses, Salta pierde casi 85 millones de los 187 recibidos a causa de la pesificación del préstamo. La mayoría de las obras planificadas no se realiza, pero su hermano consigue ser electo senador.
12. Uso discrecional y abusivo de las aeronaves de la Provincia
En abril y noviembre de 2012 y en 2014, Urtubey es denunciado por utilizar los aviones del gobierno, incluido el avión médico, para viajes recreativos con su familia y sus amigos. Especialmente desplazamientos a eventos deportivos, actos partidarios y viajes de vacaciones. Como única respuesta Urtubey dice que el anterior gobernador Juan Carlos Romero utilizaba el helicóptero provincial para ir de pesca. No consigue convencer a nadie. Una diputada opositora habla de corrupción y solicita informes. Todos son rechazados. El gobierno encubre el uso de las aeronaves por el Gobernador y su familia.
13. Autorizaciones masivas para desmontes en zonas protegidas
Presionado por los ambientalistas y con la opinión pública nacional e internacional en contra, Urtubey dicta en diciembre de 2014 el decreto 3749/14 que suspende las recategorizaciones previstas en el decreto 2211/10 y crea el Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta. Con esta medida, casi desesperada, el Gobernador reconoce implícitamente que concedió autorizaciones de desmontes en zonas protegidas por ley y que tales autorizaciones no fueron ocasionales ni excepcionales sino que formaban parte de una política sistemática de agresión al bosque nativo en nombre del desarrollo económico. La organización ambientalista Greenpeace desacredita a Urtubey a nivel internacional y le cuelga el mote de «»foresticida.
14. Imposición de prácticas compulsivas de religión católica en las escuelas públicas de Salta
En febrero de 2012, el gobierno de Urtubey reacciona con acritud a la sentencia del juez Marcelo Ramón Domínguez que colocó fuera de la ley los rezos matinales de oraciones cristianas en las formaciones escolares. Urtubey y sus funcionarios sostienen que se trata de «una costumbre» y que no viola la libertad religiosa ni la neutralidad que el Estado debe observar en materia de cultos. Urtubey consigue que la mayoría de jueces afines en la Corte de Justicia provincial revoque esta sentencia y convalide lo que a todas luces es una práctica religiosa compulsiva que lesiona derechos fundamentales.
15. Fomento de los cuerpos de Policía Infantil en contra de los tratados internacionales
Urtubey celebra la multiplicación de los cuerpos de Policía Infantil en Salta (más de 215 cuerpos, con 9.000 niños acuartelados). Su gobierno dice, con claridad y sin medias tintas, que son una alternativa a la educación en las escuelas. Las organizaciones de defensa de la infancia reaccionan, pero el lobby policial, con los métodos que son por todos conocidos, termina imponiendo su ley. Urtubey bendice la uniformización de los niños, permite los desfiles infantiles ante la autoridad, como en la Alemania nazi, y alaba la enseñanza de valores como la disciplina o los principios de la religión cristiana en los cuerpos de policía.
16. Utilización partidista y alegal de la publicidad oficial para disciplinar a los medios de comunicación
Incumpliendo su promesa de dictar una ley para organizar la distribución equitativa y transparente del dinero público destinado a la publicidad oficial en los medios de comunicación y las ayudas a la prensa, Urtubey organiza un sistema clientelar y partidista de subvenciones abiertas a los medios, en función de criterios arbitrarios, dictados normalmente por sus necesidades personales o de partido. Se niega, en principio, a informar públicamente sobre las partidas y las cantidades asignadas a los diferentes medios, hasta que una orden judicial le obliga a hacerlo. En más de siete años de gobierno Urtubey ha pervertido el sistema de publicidad oficial y lo ha utilizado sin ningún tipo de vergüenza para realizar ajustes de cuentas con medios disidentes y, presuntamente, para pagar deudas de alcoba.
17. Designación de parientes y amigos en cargos públicos
Urtubey prometió en 2007, antes de ser electo, que no nombraría en el gobierno a parientes y amigos. El incumplimiento de esta promesa no se hizo esperar. Pronto ingresaron al gobierno un hermano y una hermana suya; más tarde lo hicieron su esposa y su hermano mayor. La cantidad de amigos y compañeros de colegio designados por el Gobernador es abrumadora. En febrero de 2015 Urtubey anuncia que los designados en cargos políticos transitorios pasarán a la planta permanente de agentes del Estado.
18. Donación masiva de terrenos públicos a la iglesia católica y entidades deportivas seleccionadas a discreción
En septiembre de 2014 Urtubey, sin una ley de la Legislatura que lo respalde, regala a la iglesia católica de Salta un enorme inmueble de 130 hectáreas. Paralelamente, sin que ninguna norma de derecho le indique los criterios que deben reunir los beneficiarios, regala amplias extensiones de terrenos públicos a una fundación de puesteros del Mercado San Miguel, a Hirpace, al Círculo Médico y la Agremiación Docente Provincial. Más tarde hará lo mismo con varios clubes deportivos, elegidos a dedo y en función solo de sus necesidades electorales.
19. Declaración de la violencia machista como «acervo cultural» de los salteños
En noviembre de 2011, durante el acto de presentación del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo titulado “Género en cifras: Mujeres y varones en la sociedad argentina”, Urtubey tiene un desliz verbal: dice que la violencia contra las mujeres forma parte del «acervo cultural de los salteños» y debe ser erradicada. Las palabras caen como bomba en las organizaciones que defienden los derechos de la mujer.
20. Designación de la esposa del Gobernador como Interventora de Payogasta
En diciembre de 2008 y contra todo pronóstico, Urtubey coloca como interventora del pequeño Municipio de Payogasta a su esposa. En aquella ocasión Urtubey justificó el allanamiento de la autonomía municipal en el fallecimiento del hasta entonces Intendente, Héctor Legorburo. El Gobernador no dio la más mínima oportunidad ni a los concejales ni al pueblo de Payogasta a organizar su administración de forma autónoma tras la muerte de Legorburo.
21. Fallecimiento por mala praxis médica de Luciano Martínez, el niño de Isonza
A comienzos de junio de 2012 fallece en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta el niño Luciano Martínez, de 9 años, que había ingresado con un cuadro neurológico severo tras golpearse la cabeza en un alejado paraje del Departamento de Cachi. El niño muere por mala praxis médica, pero la investigación posterior pone de relieve la existencia de una red de negociados entre facultativos y de impunidad oculta en el hospital público que acarrea graves consecuencias y hace tambalear al gobierno.
22. La foto con Silvio Berlusconi
En octubre de 2010, en uno de sus pocos viajes a Europa, Urtubey tiene la poca fortuna de fotografiarse con el presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi. El encuentro de ambos no reporta beneficios para ninguno. Urtubey inicia su debacle y Berlusconi comienza a sentir el rigor de los jueces italianos. El 24 de junio de 2013 Il Cavaliere es condenado a 7 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por constricción a la prostitución de menores y abuso de autoridad en el Proceso Ruby. Pocas semanas después, el 1 de agosto de 2013, la Corte Suprema de Casación lo condena a 4 años de prisión por fraude fiscal en el Proceso Mediaset. En octubre de 2014, la justicia determina su absolución en el caso Ruby, pero certifica que en casa del antiguo Primer Ministro se ejercía la prostitución.
23. La firma de un acuerdo internacional con Bolivia en el quincho del Chaqueño Palavecino
En septiembre de 2013, Urtubey firma un acuerdo internacional con el alcalde de la localidad boliviana de Villamontes durante una cacharpaya, regada con vino, en la residencia particular del Chaqueño Palavecino, en presencia de su Secretario de Asuntos Hídricos y de otros funcionarios. El hecho, que comporta una falta de respeto mayúscula hacia el visitante y hacia el país vecino, registra pocos antecedentes en la historia institucional de la Provincia.
24. "La facilidad de ser gobernador es que decís cualquier cosa que se te viene a la cabeza y todos los boludos te aplauden"
Esta desafortunada frase se atribuye a un entonado Juan Manuel Urtubey, en algún «asado del poder». Algunos analistas han indicado que el juicio revela la profunda inmadurez del personaje, su visión instrumental del poder y su desprecio por la ciudadanía. Urtubey no negó jamás haber pronunciado esta frase. Sus más cercanos afirman que, aunque no se la han escuchado nunca, la sentencia refleja su pensamiento más íntimo.
25. La introducción en Salta, a contramano del mundo, del voto electrónico
En 2009, Urtubey cierra un enorme negocio con la empresa Magic Software Argentina para introducir en Salta el voto electrónico. A los millones que el gobierno gastó para pagar el sistema, se suma la irracional cantidad de dinero gastada en el entrenamiento para manejar los terminales y, sobre todo, para llevar adelante una campaña publicitaria en favor de una herramienta desechada, por su escasa fiabilidad y transparencia, en los países más avanzados y democráticos del mundo. Contra la opinión de expertos y a despecho de la abierta oposición de otras fuerzas políticas, Urtubey impone el voto electrónico en Salta y lo hace obligatorio en todas las elecciones provinciales. Paralelamente, se niega a revelar el código fuente del sistema, que es denunciado por casi todo el arco político como «incontrolable» por los ciudadanos comunes.
26. El marketing posicionador de Martín Miguel de Güemes
Urtubey sorprende a historiadores y académicos con su propuesta de «reposicionar» a Güemes en la historia, como si se tratara de la promoción de un detergente para lavar la ropa. Las manifestaciones públicas y los decretos obligatorios del gobierno para asegurar el culto a Güemes rozan el ridículo y se vuelven en contra de la figura histórica del héroe gaucho.
27. El escándalo del espionaje a políticos opositores y la detención del policía Gabriel Giménez
El 25 de mayo de 2011, el subcomisario Gabriel Giménez, otrora miembro de elite de Inteligencia de la Policía de Salta, es detenido en una operación sospechosa. Se acusa al policía de tráfico de drogas. Una vez detenido, Giménez revela que miembros del gobierno de Urtubey le ordenaron practicar escuchas telefónicas ilegales a dirigentes políticos de la oposición; entre ellos, a Alfredo Olmedo. El policía acusa al exministro Pablo Kosiner, al exsecretario Aldo Rogelio Saravia y al exsubjefe de la Policía, Mario Paz.
28. El plagio jurídico de Miguel Farjat y Eduardo Costello
En febrero de 2012, el entonces Secretario de Trabajo, Eduardo Gustavo Costello, y el Subsecretario de Fiscalización del Ministerio de Trabajo provincial, Miguel Marcelo Farjat, son pescados en un grave plagio jurídico. Ambos funcionarios suscriben la resolución Nº 10580, de 31 de enero de 2012, en la que desestiman una denuncia de discriminación laboral formulada por una magistrada del Ministerio Público. Los fundamentos de la resolución en cuestión son copiados literalmente de tres trabajos científicos publicados en Internet, sin cita de sus autores originales. Urtubey recompensa a Costello designándolo posteriormente Ministro de Trabajo, y a Farjat lo nombra juez.
29. La designación como fiscales de Gabriela Buabse y Maximiliano Troyano
En octubre de 2012, la tucumana afincada en Salta y protegida del Procurador General de la Provincia, Gabriela Buabse, suscribe en su carácter de directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, un informe en el que se afirma que una niña de 9 años que sufrió abusos sexuales por parte de un adulto «muestra un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo». La frase desencadena un escándalo de proporciones que acaba con Buabse fuera del CIF. Posteriormente, y haciendo oído sordos a un cúmulo de impugnaciones, Urtubey designa a Buabse y Maximiliano Troyano como fiscales penales de Salta.
30. El impresentable cese de la magistrada María Cristina Garros Martínez
El 31 de enero de 2012 finaliza el mandato en la Corte de Justicia de Salta de la jueza María Cristina Garros Martínez. Urtubey no le avisa que no la propondrá nuevamente para el cargo y que su acuerdo no será renovado. Es un caso inédito de falta de tacto político y de buena educación. Garros Martínez abandona la judicatura por la puerta falsa y se pasa a la oposición.
31. El reparto de «individuales» en las confiterías como política de Estado contra la explotación laboral infantil
Acorralado por las denuncias y los escándalos, el gobierno de Urtubey decide tomar el toro por los cuernos en materia de explotación laboral infantil. La ministra a cargo del asunto, la chaqueña María Silvia Pace, ignora las graves violaciones de la normativa que se producen en establecimientos agrícolas cercanas a la capital, y diseña una política consistente en repartir individuales de papel en las confiterías céntricas para concienciar acerca del flagelo del trabajo infantil. La iniciativa cae rápidamente en el ridículo y es condenada por la opinión pública.
32. La oposición a la designación del tucumano Edgardo López Herrera como Juez Federal de Salta
En julio de 2011, el jurista tucumano Edgardo López Herrera supera con éxito las pruebas del Consejo de la Magistratura nacional que envía su pliego a la Cámara de Senadores para que se le confiera el acuerdo constitucional para su designación como Juez Federal Nº 1 de Salta, cargo que se encuentra vacante y a cargo de un juez reemplazante, amigo del gobernador Urtubey. López Herrera no había recibido mayores cuestionamientos, excepto una extravagante y xenófoba tacha de «tucumano», por parte de una organización salteña de Derechos Humanos. En septiembre de ese mismo año Urtubey maniobra en el Senado y consigue que sea retirado el pliego de López Herrera, que por su origen y formación no cuenta con el visto bueno de la familia del Gobernador. Urtubey propone para el cargo al reemplazante y amigo, Julio Leonardo Bavio, pero el 29 de diciembre de 2012, un dictamen de la comisión competente deniega el acuerdo senatorial para su designación. El senado advierte incoherencias en el candidato y dice, de forma contundente, que no acredita la idoneidad necesaria para desempeñar el cargo.
33. La campaña nepotista «La misma sangre, la misma lucha»
En abril de 2013, la campaña electoral de Rodolfo Julio Urtubey, hermano del Gobernador de Salta, lanza en unos afiches el lema «la misma sangre, la misma lucha», que es interpretado y denunciado públicamente como un recurso de propaganda nazi. La campaña es rápidamente sustituida por otra. No obstante, en octubre de 2014, Juan Manuel Urtubey sorprende a propios y a extraños con una polémica declaración: 'Los hijos de los políticos ya vienen con un chip incorporado genéticamente'. La frase suscita un rechazo similar a la de la campaña de su hermano.
34. El gigantesco negocio mexicano de las cámaras de seguridad
En junio de 2011 el gobierno de Urtubey anuncia "el más moderno sistema de videovigilancia y telecomunicaciones a nivel nacional". Se refiere al proyecto de instalación de 1.100 cámaras de vigilancia en calles y plazas de toda la Provincia de Salta. El contratista -la empresa Telmex, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim- se embolsará por el negocio 54 millones de dólares. Dos años después de suscrito el contrato, en Salta solo funcionaban 85 de las 1.100 cámaras contratadas. La instalación de las cámaras no ha estado precedida de debates o estudios sobre el impacto de la vídeovigilancia sobre los derechos fundamentales de las personas.
35. El presunto suicidio del comisario Néstor Piccolo
El 24 de noviembre de 2011 es hallado muerto con un disparo en la cabeza el jefe de la estratégica e influyente Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta, comisario Néstor Piccolo. Unas pocas semanas antes de su deceso, Piccolo había recibido de manos del gobierno una distinción por su trabajo en la investigación del crimen de las dos turistas francesas, que, como se sabe, no fue fue resuelto. No tardó en responsabilizarse al gobierno de Urtubey de la muerte de Piccolo. Fuentes cercanas a la familia indican que en el velatorio del policía, algunos deudos del fallecido insultaron al Secretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia, a quien algunos señalan como el autor de las presiones sobre jueces y policías para el esclarecimiento del crimen de las turistas.
36. La declaración de la emergencia social en materia de violencia de género
A comienzos de septiembre de 2014, el gobierno de Urtubey declara la emergencia social por violencia de género en todo el territorio provincial. La medida, reclamada por algunos sectores feministas, es recibida sin embargo con escepticismo por otros operadores. A seis meses de su declaración, la emergencia no ha tenido ninguna trascendencia práctica, excepto la convocatoria a concurso para cubrir cargos de jueces y fiscales especializados. El gobierno de Urtubey carece de medios técnicos y de políticas adecuadas para hacer frente al fenómeno. Los funcionarios se dedican a poner parches y a cubrir las apariencias, mientras otros reconocen que el carnaval y la diversión -subsidiados por el mismo gobierno- son los disparadores de la violencia machista.
37. El rechazo al matrimonio igualitario y el voto en contra de los legisladores afines al Gobernador
En diciembre de 2010 Urtubey asiste personalmente a un acto "en defensa de la familia" organizado por una secta ultraderechista de la iglesia católica salteña con gran influencia sobre el Gobernador. En ese acto, llevado a cabo en el Centro Cultural América, Urtubey rindió un homenaje a los legisladores nacionales "que representaron al pueblo de Salta levantado la bandera de la familia"; es decir, los que votaron en contra de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los organizadores del acto apoyado por Urtubey dijeron que "La defensa de la vida y la familia es política de Estado en Salta".
38. La acusación de «piantavotos» al sindicalista más poderoso de la República Argentina
En abril de 2011, Urtubey, tras su segunda elección, acusa a Hugo Moyano, el influyente Secretario General de la CGT, de «piantavotos», uno de los insultos más denigrantes de los que integran el vocabulario peronista. Moyano no responde. Ningunea a Urtubey.
39. La hipertrofia de la Policía de Salta y el aumento de violaciones a los Derechos Humanos
A finales del año 2014, la Policía de Salta alcanza unas dimensiones monstruosas, que no guardan relación alguna con los desafíos de seguridad que enfrenta la sociedad. Urtubey organiza y manda sobre una pequeña milicia que cada vez dispone de más recursos técnicos para controlar la vida de los ciudadanos y hacer ineficaces sus derechos, y cada vez menos habilidad para combatir la criminalidad en ninguna de sus formas. Los policías salen a las calles con medios ofensivos cada vez más potentes pero con una formación cada vez más débil e incompleta.
40. La exhibición pública del Gobernador bebiendo y fumando en festivales folklóricos
En julio de 2014, Urtubey ordena la suspensión preventiva de unos agentes de Policía de la localidad fronteriza de Aguas Blancas, fotografiados en una comida mientras bebían alcohol. Conocido el hecho de la suspensión, las redes sociales se encargaron de airear las fotografías de un Urtubey mal vestido, fumando y bebiendo del pico de una botella en un festival folklórico. Otros recordaron la firma del acuerdo internacional con un alcalde boliviano durante una fiesta celebrada en la casa del Chaqueño Palavecino.
41. La desaparición irresuelta de María del Carmen Cash
En julio de 2011 se pierde la pista de la joven diseñadora porteña María del Carmen Cash, a su paso por la Provincia de Salta. Desde entonces, Cash permanece en paradero desconocido. Las investigaciones judiciales realizadas en Salta no han arrojado hasta el momento resultado alguno. En mayo de 2013, el padre de María Cash, apunta directamente a Urtubey. Dice que el Gobernador no quiere reconocer que su hija desapareció en la Provincia «para no sumar otro punto oscuro a su gestión». Con el caso de las turistas francesas sobre los hombros y el sospechoso suicidio de dos adolescentes ocurrido a mediados de julio de 2012, Urtubey hace todo lo posible por desligar a Salta del caso Cash. Antes de fallecer en un accidente de tráfico, el padre de la joven desaparecida denunció que el gobierno de Salta jamás le prestó colaboración para localizar a su hija.
42. La muerte por negligencia de cuatro brigadistas de Defensa Civil en un incendio forestal en Guachipas
El 28 de octubre de 2014 mueren cuatro brigadistas de Defensa Civil que trabajaban en la extinción de un incendio forestal en Guachipas. El gobierno de Urtubey reacciona inmediatamente a la tragedia pero no puede evitar acusaciones de negligencia en el suceso. Se decretan dos días de duelo provincial, pero Urtubey mete la pata al decir que la tragedia «es una contingencia que puede suceder». Familiares de los brigadistas fallecidos anuncian una querella contra Urtubey por un supuesto delito de estrago doloso.
43. La vulgarización de la cultura y el subsidio permanente a los artistas amigos del poder
A comienzos de 2010, el gobierno de Urtubey decide tenderle una trampa al entonces director de la Orquesta Sinfónica de Salta, maestro Luis Gorelik. Éste pierde un concurso amañado y deja la orquesta en manos de Enrique Roel, ganador del concurso, con la ayuda del ministro Mariano Ovejero. Roel abandonará posteriormente la orquesta a su suerte. Comienza una etapa de vulgarización de la cultura local. Una cuantiosa cantidad de dinero público es destinada a subsidiar a artistas amigos del poder. Se promueven festivales de bajísima calidad artística en desmedro de la actividad de museos, teatros y bibliotecas que rozan sus mínimos históricos de calidad.
44. La propuesta de asesinatos selectivos en la frontera con Bolivia del Secretario de Seguridad
En febrero de 2012, el que fuera Jefe de Inteligencia de la Policía de Salta, subcomisario Gabriel Giménez, declara ante el Juzgado Federal Nº 1 de Salta que «En reiteradas ocasiones Aldo Rogelio Saravia (Secretario de Seguridad de Urtubey) me citaba a su oficina y me daba órdenes no compatibles con una persona racional: que ingresáramos clandestinamente a la República de Bolivia y matáramos a los individuos que cometían delitos del lado argentino, ya que su pensamiento era que si se sacaba del camino (mataba) a un par de ellos se produciría un efecto de temor sobre los delincuentes. Esas órdenes, las cuales no cumplíamos porque eran de una locura, lo enfurecían de una manera tal que amenazó con corrernos de la Policía o amenazarnos la vida».
45. La asociación de PAVICEI a los controles de vehículos y conductores que efectúa la autoridad
La Policía de Urtubey realiza controles de vehículos y conductores con la presencia y asistencia de civiles, integrantes de una organización privada dedicada a luchar contra los conductores ebrios e irresponsables. Si bien la Policía dice que estos activistas civiles solo se dedican a hacer tareas de concienciación, testigos presenciales afirman que los conductores reciben las «recomendaciones» de los activistas mientras se hallan retenidos por la Policía; es decir, privados transitoriamente de su libertad ambulatoria. Denuncian también que la presencia de los activistas privados en las pruebas de alcoholemia, a título de simples testigos, vulnera el derecho a la intimidad de las personas que se someten a pruebas clínicas. El gobierno nunca ha explicado las razones por las que la organización PAVICEI disfruta de este tipo de privilegios que interfieren con la actividad de los poderes públicos.
46. El rescate del juez Soria, que quiso obligar a una menor violada a dar su hijo en adopción
En mayo de 2014, Urtubey utiliza sus influencias (trasladando a las instituciones las influencias de la Iglesia) y consigue que el jurado de enjuiciamiento desestime la acusación formulada contra el juez de Personas y Familia de Segunda Nominación, Víctor Manuel Soria. Pocos meses antes, la Corte de Justicia, en un contundente pronunciamiento, había afirmado que el magistrado, que negó la práctica de un aborto no punible a una menor de edad violada, obró con “apartamiento de los mandatos constitucionales y legales”. Si bien la sentencia de la Corte ordenaba que las actuaciones pasasen al Procurador General de la Provincia para que solicitara la destitución del juez, el Procurador nada hizo y fueron cuatro ONGs las que pidieron formalmente que Soria fuese destituido. Al final, el jurado de enjuiciamiento, integrado por dos jueces de la misma Corte que solicitó su destitución, exoneró al magistrado de cualquier responsabilidad.
47. La promesa incumplida de no vivir en la residencia oficial de Finca Las Costas
En mayo de 2007, en una entrevista exclusiva concedida a Iruya.com, Urtubey negó que fuese a ocupar la residencia oficial de Finca Las Costas, inaugurada fastuosamente por su antecesor, Juan Carlos Romero. En aquella oportunidad, Urtubey dijo lo siguiente: «Yo vivo con mi familia, en nuestra casa. Tenemos una casa que, con mucho esfuerzo hemos construido con mi mujer y mis hijos. Habrá que determinar la conveniencia de mantener esa actual residencia oficial como lugar para actos o tareas oficiales». A poco de asumir el cargo, Urtubey y su familia se trasladaron a vivir a la residencia de Finca Las Costas, en donde el Gobernador realiza reuniones sociales y partidarias.
48. La acusación de homosexualidad al sindicalista José Ibarra y al juez Norberto Oyarbide
En octubre de 2013 y como respuesta a los duros ataques que por entonces le prodigaba el sindicalista del taxi y candidato a diputado nacional José Ibarra, Urtubey respondió con un agravio homofóbico. En una emisora de radio de la ciudad de Salta dijo del sindicalista lo siguiente: “Volvió con su pareja hace un par de años a Salta, con el juez Oyarbide, que era pareja y por eso venían tanto para acá. Pero esa ruptura de relación hizo que el juez no venga más a Salta”.
49. La imposición como candidato a Intendente de Salta del romerista Javier David
En febrero de 2015, Urtubey sorprende a la mayoría de dirigentes de su propio partido al imponer como único candidato a Intendente Municipal de Salta al diputado Javier David, exministro de Juan Carlos Romero y durante siete años portavoz del exgobernador en la Cámara de Diputados provincial. La designación a dedo de David es recibida con indignación por buena parte de la dirigencia peronista de la capital de Salta, que ve con desconfianza al recién llegado, quien ni siquiera es afiliado al partido.
50. El abrazo con el piquetero antisemita Luis D'Elía
En noviembre de 2014, después de algunos desencuentros meramente circunstanciales, el dirigente ultrakirchnerista Luis D'Elía desembarca en Salta para expresar su apoyo a la reelección de Juan Manuel Urtubey como Gobernador de Salta. El piquetero antisemita y el mandatario salteño son fotografiados mientras se levantan mutuamente las manos en un acto de Convocatoria Popular realizado en el estadio Delmi de Salta. Con posterioridad, Urtubey asiste al acto peronista convocado para rechazar la denuncia del fiscal Nisman contra la Presidente de la Nación y el piquetero D'Elía por supuesto encubrimiento de los autores del criminal atentado contra la AMIA.
Los gobernantes -aun los buenos- están cada vez más expuestos a enfrentar situaciones desagradables que someten a duras pruebas no solo a sus gobiernos sino a sus propios nervios. El 29 de julio de 2011 son hallados los cuerpos sin vida de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, estudiantes francesas de la Universidad de la Sorbona. Fueron violadas y asesinadas a balazos a seis kilómetros de la residencia oficial del Gobernador. El gobierno no sabe cómo reaccionar. El ministro Pablo Kosiner se esconde. Urtubey titubea, anuncia las muertes pero no lamenta lo sucedido. El juicio posterior revelará que el gobierno presionó al juez instructor para que se hallara rápidamente a unos culpables. El crimen permanece impune. La imagen internacional de Salta resulta seriamente dañada.
A comienzos de marzo 2012, una turista japonesa denuncia haber sido agredida sexualmente por un guía de turismo al cruzar un río en Cafayate. El Ministro de Seguridad de Urtubey, Maximiliano Troyano, responsabiliza a la mujer por «su exceso de confianza». El comentario desata un escándalo internacional y acaba por costarle el puesto al joven ministro.
A mediados de marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación pone fin a la disputa interpretativa en torno al artículo 86.2 del Código Penal, que despenaliza la interrupción del embarazo en ciertos supuestos. Urtubey rechaza públicamente la sentencia y la declara solo aplicable al caso concreto. Presionado, el Gobernador dicta posteriormente el Decreto 1170/12 que impone requisitos para abortar no previstos en la ley, como la denuncia penal previa y la intervención de un agente del Ministerio Público. El decreto es tachado de inconstitucional, entre otros, por la abogada María Laura Postiglione, hoy aliada de Urtubey. El decreto sigue en vigor. Postiglione ya no insiste en su derogación.
En marzo de 2011, a pocas semanas de las elecciones en las que Urtubey fue reelecto, el gobierno imprime y distribuye en las escuelas unos manuales de 4º grado en cuya tapa aparece la fotografía del Gobernador en actitud claramente demagógica. El escándalo adquiere unas dimensiones tales que fuerza el retiro de la edición. Un caso de culto a la personalidad propio de los regímenes totalitarios.
A comienzos de abril de 2013 estalla el escándalo de las adjudicaciones de viviendas baratas a funcionarios del gobierno y amigos del poder en el barrio de Lomas de Medeiro, al oeste de la capital salteña. Entre los beneficiarios se señala al Secretario Legal y Técnico de la Gobernación de Salta, a familiares del presidente de la Cámara de Diputados e incluso a personeros del régimen anterior. Las adjudicaciones son retrocedidas por orden del Gobernador, pero solo una vez que el escándalo cobra fuerza y se instala en los medios nacionales.
El 23 de agosto de 2013, el Gobernador consigue intervenir, por ley, el Municipio fronterizo de Salvador Mazza, en donde gobierna un aliado suyo, el intendente Carlos Villalba, que pocos días antes había sido detenido por la Policía cuando se hallaba en el interior de un prostíbulo de la capital salteña. Urtubey y sus legisladores aliados se inventan una crisis institucional a partir de un escándalo sexual y violando la Constitución intervienen el Municipio. La interventora, Mercedes Junco, se encarga de tapar todas las irregularidades denunciadas.
En mayo de 2014, un programa nacional de ayudas para el acceso a créditos inmobiliarios blandos sorprende por la llamativa cantidad de beneficiarios que son funcionarios del gobierno provincial. El gobierno niega acusaciones de amiguismo, pero la situación, lejos de aclararse, compromete cada vez más a los funcionarios, muchos de los cuales no niegan haber recibido cuantiosos préstamos.
A comienzos de 2015, el diario El Tribuno denuncia muertes por desnutrición infantil en comunidades aborígenes del norte de la Provincia. El gobierno niega estas muertes, que posteriormente son confirmadas. Urtubey no consigue convencer a la opinión pública y el escándalo, otra vez, se le va de las manos. Las reacciones posteriores de su gobierno ponen de manifiesto que la atención sanitaria de la infancia en el norte provincial es sumamente deficiente. El gobierno entra en crisis y se pone en entredicho la utilidad y viabilidad del recientemente creado Ministerio de la Primera Infancia.
En julio de 2012, la difusión de un vídeo captado por un teléfono móvil revela malos tratos policiales en una comisaría de la ciudad de General Güemes. La fecha de los hechos no aparece en principio clara, pero parece coincidir con la gestión del ministro Pablo Kosiner. Varios policías son procesados por apremios ilegales. Ningún político -mucho menos Kosiner- asumen responsabilidad alguna.
En enero de 2015 aparecen en los diarios unas fotografías del intendente Juan Rosario Mazzone, aliado de Urtubey, en una fiesta privada, acompañado de jóvenes con poca ropa. El escándalo vuelve a desbordar al gobierno. Urtubey reacciona enviando a la Legislatura una ley de intervención que vulnera, otra vez, la Constitución provincial. Los escándalos de Mazzone no salen a la luz. El interventor designado no da la talla ni para dirigir una comparsa.
En noviembre de 2011 el gobierno de Urtubey recibe un préstamo internacional de 187 millones de dólares que son destinados, por ley, al financiamiento de un vasto plan de obras públicas para algunos departamento del norte provincial. Urtubey designa como administrador del Fondo a su hermano mayor y lo exhibe públicamente por toda la Provincia, aun en aquellos departamentos donde no se realizan obras con este dinero. Poco después sorprende a su partido y a los ciudadanos designando a su hermano (un desconocido para el peronismo) como candidato a senador nacional. El Fondo resulta a la postre un fiasco. Al poco tiempo de su concesión, y en solo seis meses, Salta pierde casi 85 millones de los 187 recibidos a causa de la pesificación del préstamo. La mayoría de las obras planificadas no se realiza, pero su hermano consigue ser electo senador.
En abril y noviembre de 2012 y en 2014, Urtubey es denunciado por utilizar los aviones del gobierno, incluido el avión médico, para viajes recreativos con su familia y sus amigos. Especialmente desplazamientos a eventos deportivos, actos partidarios y viajes de vacaciones. Como única respuesta Urtubey dice que el anterior gobernador Juan Carlos Romero utilizaba el helicóptero provincial para ir de pesca. No consigue convencer a nadie. Una diputada opositora habla de corrupción y solicita informes. Todos son rechazados. El gobierno encubre el uso de las aeronaves por el Gobernador y su familia.
Presionado por los ambientalistas y con la opinión pública nacional e internacional en contra, Urtubey dicta en diciembre de 2014 el decreto 3749/14 que suspende las recategorizaciones previstas en el decreto 2211/10 y crea el Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta. Con esta medida, casi desesperada, el Gobernador reconoce implícitamente que concedió autorizaciones de desmontes en zonas protegidas por ley y que tales autorizaciones no fueron ocasionales ni excepcionales sino que formaban parte de una política sistemática de agresión al bosque nativo en nombre del desarrollo económico. La organización ambientalista Greenpeace desacredita a Urtubey a nivel internacional y le cuelga el mote de «»foresticida.
En febrero de 2012, el gobierno de Urtubey reacciona con acritud a la sentencia del juez Marcelo Ramón Domínguez que colocó fuera de la ley los rezos matinales de oraciones cristianas en las formaciones escolares. Urtubey y sus funcionarios sostienen que se trata de «una costumbre» y que no viola la libertad religiosa ni la neutralidad que el Estado debe observar en materia de cultos. Urtubey consigue que la mayoría de jueces afines en la Corte de Justicia provincial revoque esta sentencia y convalide lo que a todas luces es una práctica religiosa compulsiva que lesiona derechos fundamentales.
Urtubey celebra la multiplicación de los cuerpos de Policía Infantil en Salta (más de 215 cuerpos, con 9.000 niños acuartelados). Su gobierno dice, con claridad y sin medias tintas, que son una alternativa a la educación en las escuelas. Las organizaciones de defensa de la infancia reaccionan, pero el lobby policial, con los métodos que son por todos conocidos, termina imponiendo su ley. Urtubey bendice la uniformización de los niños, permite los desfiles infantiles ante la autoridad, como en la Alemania nazi, y alaba la enseñanza de valores como la disciplina o los principios de la religión cristiana en los cuerpos de policía.
Incumpliendo su promesa de dictar una ley para organizar la distribución equitativa y transparente del dinero público destinado a la publicidad oficial en los medios de comunicación y las ayudas a la prensa, Urtubey organiza un sistema clientelar y partidista de subvenciones abiertas a los medios, en función de criterios arbitrarios, dictados normalmente por sus necesidades personales o de partido. Se niega, en principio, a informar públicamente sobre las partidas y las cantidades asignadas a los diferentes medios, hasta que una orden judicial le obliga a hacerlo. En más de siete años de gobierno Urtubey ha pervertido el sistema de publicidad oficial y lo ha utilizado sin ningún tipo de vergüenza para realizar ajustes de cuentas con medios disidentes y, presuntamente, para pagar deudas de alcoba.
Urtubey prometió en 2007, antes de ser electo, que no nombraría en el gobierno a parientes y amigos. El incumplimiento de esta promesa no se hizo esperar. Pronto ingresaron al gobierno un hermano y una hermana suya; más tarde lo hicieron su esposa y su hermano mayor. La cantidad de amigos y compañeros de colegio designados por el Gobernador es abrumadora. En febrero de 2015 Urtubey anuncia que los designados en cargos políticos transitorios pasarán a la planta permanente de agentes del Estado.
En septiembre de 2014 Urtubey, sin una ley de la Legislatura que lo respalde, regala a la iglesia católica de Salta un enorme inmueble de 130 hectáreas. Paralelamente, sin que ninguna norma de derecho le indique los criterios que deben reunir los beneficiarios, regala amplias extensiones de terrenos públicos a una fundación de puesteros del Mercado San Miguel, a Hirpace, al Círculo Médico y la Agremiación Docente Provincial. Más tarde hará lo mismo con varios clubes deportivos, elegidos a dedo y en función solo de sus necesidades electorales.
En noviembre de 2011, durante el acto de presentación del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo titulado “Género en cifras: Mujeres y varones en la sociedad argentina”, Urtubey tiene un desliz verbal: dice que la violencia contra las mujeres forma parte del «acervo cultural de los salteños» y debe ser erradicada. Las palabras caen como bomba en las organizaciones que defienden los derechos de la mujer.
En diciembre de 2008 y contra todo pronóstico, Urtubey coloca como interventora del pequeño Municipio de Payogasta a su esposa. En aquella ocasión Urtubey justificó el allanamiento de la autonomía municipal en el fallecimiento del hasta entonces Intendente, Héctor Legorburo. El Gobernador no dio la más mínima oportunidad ni a los concejales ni al pueblo de Payogasta a organizar su administración de forma autónoma tras la muerte de Legorburo.
A comienzos de junio de 2012 fallece en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta el niño Luciano Martínez, de 9 años, que había ingresado con un cuadro neurológico severo tras golpearse la cabeza en un alejado paraje del Departamento de Cachi. El niño muere por mala praxis médica, pero la investigación posterior pone de relieve la existencia de una red de negociados entre facultativos y de impunidad oculta en el hospital público que acarrea graves consecuencias y hace tambalear al gobierno.
En octubre de 2010, en uno de sus pocos viajes a Europa, Urtubey tiene la poca fortuna de fotografiarse con el presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi. El encuentro de ambos no reporta beneficios para ninguno. Urtubey inicia su debacle y Berlusconi comienza a sentir el rigor de los jueces italianos. El 24 de junio de 2013 Il Cavaliere es condenado a 7 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por constricción a la prostitución de menores y abuso de autoridad en el Proceso Ruby. Pocas semanas después, el 1 de agosto de 2013, la Corte Suprema de Casación lo condena a 4 años de prisión por fraude fiscal en el Proceso Mediaset. En octubre de 2014, la justicia determina su absolución en el caso Ruby, pero certifica que en casa del antiguo Primer Ministro se ejercía la prostitución.
En septiembre de 2013, Urtubey firma un acuerdo internacional con el alcalde de la localidad boliviana de Villamontes durante una cacharpaya, regada con vino, en la residencia particular del Chaqueño Palavecino, en presencia de su Secretario de Asuntos Hídricos y de otros funcionarios. El hecho, que comporta una falta de respeto mayúscula hacia el visitante y hacia el país vecino, registra pocos antecedentes en la historia institucional de la Provincia.
Esta desafortunada frase se atribuye a un entonado Juan Manuel Urtubey, en algún «asado del poder». Algunos analistas han indicado que el juicio revela la profunda inmadurez del personaje, su visión instrumental del poder y su desprecio por la ciudadanía. Urtubey no negó jamás haber pronunciado esta frase. Sus más cercanos afirman que, aunque no se la han escuchado nunca, la sentencia refleja su pensamiento más íntimo.
En 2009, Urtubey cierra un enorme negocio con la empresa Magic Software Argentina para introducir en Salta el voto electrónico. A los millones que el gobierno gastó para pagar el sistema, se suma la irracional cantidad de dinero gastada en el entrenamiento para manejar los terminales y, sobre todo, para llevar adelante una campaña publicitaria en favor de una herramienta desechada, por su escasa fiabilidad y transparencia, en los países más avanzados y democráticos del mundo. Contra la opinión de expertos y a despecho de la abierta oposición de otras fuerzas políticas, Urtubey impone el voto electrónico en Salta y lo hace obligatorio en todas las elecciones provinciales. Paralelamente, se niega a revelar el código fuente del sistema, que es denunciado por casi todo el arco político como «incontrolable» por los ciudadanos comunes.
Urtubey sorprende a historiadores y académicos con su propuesta de «reposicionar» a Güemes en la historia, como si se tratara de la promoción de un detergente para lavar la ropa. Las manifestaciones públicas y los decretos obligatorios del gobierno para asegurar el culto a Güemes rozan el ridículo y se vuelven en contra de la figura histórica del héroe gaucho.
El 25 de mayo de 2011, el subcomisario Gabriel Giménez, otrora miembro de elite de Inteligencia de la Policía de Salta, es detenido en una operación sospechosa. Se acusa al policía de tráfico de drogas. Una vez detenido, Giménez revela que miembros del gobierno de Urtubey le ordenaron practicar escuchas telefónicas ilegales a dirigentes políticos de la oposición; entre ellos, a Alfredo Olmedo. El policía acusa al exministro Pablo Kosiner, al exsecretario Aldo Rogelio Saravia y al exsubjefe de la Policía, Mario Paz.
En febrero de 2012, el entonces Secretario de Trabajo, Eduardo Gustavo Costello, y el Subsecretario de Fiscalización del Ministerio de Trabajo provincial, Miguel Marcelo Farjat, son pescados en un grave plagio jurídico. Ambos funcionarios suscriben la resolución Nº 10580, de 31 de enero de 2012, en la que desestiman una denuncia de discriminación laboral formulada por una magistrada del Ministerio Público. Los fundamentos de la resolución en cuestión son copiados literalmente de tres trabajos científicos publicados en Internet, sin cita de sus autores originales. Urtubey recompensa a Costello designándolo posteriormente Ministro de Trabajo, y a Farjat lo nombra juez.
En octubre de 2012, la tucumana afincada en Salta y protegida del Procurador General de la Provincia, Gabriela Buabse, suscribe en su carácter de directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, un informe en el que se afirma que una niña de 9 años que sufrió abusos sexuales por parte de un adulto «muestra un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo». La frase desencadena un escándalo de proporciones que acaba con Buabse fuera del CIF. Posteriormente, y haciendo oído sordos a un cúmulo de impugnaciones, Urtubey designa a Buabse y Maximiliano Troyano como fiscales penales de Salta.
El 31 de enero de 2012 finaliza el mandato en la Corte de Justicia de Salta de la jueza María Cristina Garros Martínez. Urtubey no le avisa que no la propondrá nuevamente para el cargo y que su acuerdo no será renovado. Es un caso inédito de falta de tacto político y de buena educación. Garros Martínez abandona la judicatura por la puerta falsa y se pasa a la oposición.
Acorralado por las denuncias y los escándalos, el gobierno de Urtubey decide tomar el toro por los cuernos en materia de explotación laboral infantil. La ministra a cargo del asunto, la chaqueña María Silvia Pace, ignora las graves violaciones de la normativa que se producen en establecimientos agrícolas cercanas a la capital, y diseña una política consistente en repartir individuales de papel en las confiterías céntricas para concienciar acerca del flagelo del trabajo infantil. La iniciativa cae rápidamente en el ridículo y es condenada por la opinión pública.
En julio de 2011, el jurista tucumano Edgardo López Herrera supera con éxito las pruebas del Consejo de la Magistratura nacional que envía su pliego a la Cámara de Senadores para que se le confiera el acuerdo constitucional para su designación como Juez Federal Nº 1 de Salta, cargo que se encuentra vacante y a cargo de un juez reemplazante, amigo del gobernador Urtubey. López Herrera no había recibido mayores cuestionamientos, excepto una extravagante y xenófoba tacha de «tucumano», por parte de una organización salteña de Derechos Humanos. En septiembre de ese mismo año Urtubey maniobra en el Senado y consigue que sea retirado el pliego de López Herrera, que por su origen y formación no cuenta con el visto bueno de la familia del Gobernador. Urtubey propone para el cargo al reemplazante y amigo, Julio Leonardo Bavio, pero el 29 de diciembre de 2012, un dictamen de la comisión competente deniega el acuerdo senatorial para su designación. El senado advierte incoherencias en el candidato y dice, de forma contundente, que no acredita la idoneidad necesaria para desempeñar el cargo.
En abril de 2013, la campaña electoral de Rodolfo Julio Urtubey, hermano del Gobernador de Salta, lanza en unos afiches el lema «la misma sangre, la misma lucha», que es interpretado y denunciado públicamente como un recurso de propaganda nazi. La campaña es rápidamente sustituida por otra. No obstante, en octubre de 2014, Juan Manuel Urtubey sorprende a propios y a extraños con una polémica declaración: 'Los hijos de los políticos ya vienen con un chip incorporado genéticamente'. La frase suscita un rechazo similar a la de la campaña de su hermano.
En junio de 2011 el gobierno de Urtubey anuncia "el más moderno sistema de videovigilancia y telecomunicaciones a nivel nacional". Se refiere al proyecto de instalación de 1.100 cámaras de vigilancia en calles y plazas de toda la Provincia de Salta. El contratista -la empresa Telmex, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim- se embolsará por el negocio 54 millones de dólares. Dos años después de suscrito el contrato, en Salta solo funcionaban 85 de las 1.100 cámaras contratadas. La instalación de las cámaras no ha estado precedida de debates o estudios sobre el impacto de la vídeovigilancia sobre los derechos fundamentales de las personas.
El 24 de noviembre de 2011 es hallado muerto con un disparo en la cabeza el jefe de la estratégica e influyente Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta, comisario Néstor Piccolo. Unas pocas semanas antes de su deceso, Piccolo había recibido de manos del gobierno una distinción por su trabajo en la investigación del crimen de las dos turistas francesas, que, como se sabe, no fue fue resuelto. No tardó en responsabilizarse al gobierno de Urtubey de la muerte de Piccolo. Fuentes cercanas a la familia indican que en el velatorio del policía, algunos deudos del fallecido insultaron al Secretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia, a quien algunos señalan como el autor de las presiones sobre jueces y policías para el esclarecimiento del crimen de las turistas.
A comienzos de septiembre de 2014, el gobierno de Urtubey declara la emergencia social por violencia de género en todo el territorio provincial. La medida, reclamada por algunos sectores feministas, es recibida sin embargo con escepticismo por otros operadores. A seis meses de su declaración, la emergencia no ha tenido ninguna trascendencia práctica, excepto la convocatoria a concurso para cubrir cargos de jueces y fiscales especializados. El gobierno de Urtubey carece de medios técnicos y de políticas adecuadas para hacer frente al fenómeno. Los funcionarios se dedican a poner parches y a cubrir las apariencias, mientras otros reconocen que el carnaval y la diversión -subsidiados por el mismo gobierno- son los disparadores de la violencia machista.
En diciembre de 2010 Urtubey asiste personalmente a un acto "en defensa de la familia" organizado por una secta ultraderechista de la iglesia católica salteña con gran influencia sobre el Gobernador. En ese acto, llevado a cabo en el Centro Cultural América, Urtubey rindió un homenaje a los legisladores nacionales "que representaron al pueblo de Salta levantado la bandera de la familia"; es decir, los que votaron en contra de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los organizadores del acto apoyado por Urtubey dijeron que "La defensa de la vida y la familia es política de Estado en Salta".
En abril de 2011, Urtubey, tras su segunda elección, acusa a Hugo Moyano, el influyente Secretario General de la CGT, de «piantavotos», uno de los insultos más denigrantes de los que integran el vocabulario peronista. Moyano no responde. Ningunea a Urtubey.
A finales del año 2014, la Policía de Salta alcanza unas dimensiones monstruosas, que no guardan relación alguna con los desafíos de seguridad que enfrenta la sociedad. Urtubey organiza y manda sobre una pequeña milicia que cada vez dispone de más recursos técnicos para controlar la vida de los ciudadanos y hacer ineficaces sus derechos, y cada vez menos habilidad para combatir la criminalidad en ninguna de sus formas. Los policías salen a las calles con medios ofensivos cada vez más potentes pero con una formación cada vez más débil e incompleta.
En julio de 2014, Urtubey ordena la suspensión preventiva de unos agentes de Policía de la localidad fronteriza de Aguas Blancas, fotografiados en una comida mientras bebían alcohol. Conocido el hecho de la suspensión, las redes sociales se encargaron de airear las fotografías de un Urtubey mal vestido, fumando y bebiendo del pico de una botella en un festival folklórico. Otros recordaron la firma del acuerdo internacional con un alcalde boliviano durante una fiesta celebrada en la casa del Chaqueño Palavecino.
En julio de 2011 se pierde la pista de la joven diseñadora porteña María del Carmen Cash, a su paso por la Provincia de Salta. Desde entonces, Cash permanece en paradero desconocido. Las investigaciones judiciales realizadas en Salta no han arrojado hasta el momento resultado alguno. En mayo de 2013, el padre de María Cash, apunta directamente a Urtubey. Dice que el Gobernador no quiere reconocer que su hija desapareció en la Provincia «para no sumar otro punto oscuro a su gestión». Con el caso de las turistas francesas sobre los hombros y el sospechoso suicidio de dos adolescentes ocurrido a mediados de julio de 2012, Urtubey hace todo lo posible por desligar a Salta del caso Cash. Antes de fallecer en un accidente de tráfico, el padre de la joven desaparecida denunció que el gobierno de Salta jamás le prestó colaboración para localizar a su hija.
El 28 de octubre de 2014 mueren cuatro brigadistas de Defensa Civil que trabajaban en la extinción de un incendio forestal en Guachipas. El gobierno de Urtubey reacciona inmediatamente a la tragedia pero no puede evitar acusaciones de negligencia en el suceso. Se decretan dos días de duelo provincial, pero Urtubey mete la pata al decir que la tragedia «es una contingencia que puede suceder». Familiares de los brigadistas fallecidos anuncian una querella contra Urtubey por un supuesto delito de estrago doloso.
A comienzos de 2010, el gobierno de Urtubey decide tenderle una trampa al entonces director de la Orquesta Sinfónica de Salta, maestro Luis Gorelik. Éste pierde un concurso amañado y deja la orquesta en manos de Enrique Roel, ganador del concurso, con la ayuda del ministro Mariano Ovejero. Roel abandonará posteriormente la orquesta a su suerte. Comienza una etapa de vulgarización de la cultura local. Una cuantiosa cantidad de dinero público es destinada a subsidiar a artistas amigos del poder. Se promueven festivales de bajísima calidad artística en desmedro de la actividad de museos, teatros y bibliotecas que rozan sus mínimos históricos de calidad.
En febrero de 2012, el que fuera Jefe de Inteligencia de la Policía de Salta, subcomisario Gabriel Giménez, declara ante el Juzgado Federal Nº 1 de Salta que «En reiteradas ocasiones Aldo Rogelio Saravia (Secretario de Seguridad de Urtubey) me citaba a su oficina y me daba órdenes no compatibles con una persona racional: que ingresáramos clandestinamente a la República de Bolivia y matáramos a los individuos que cometían delitos del lado argentino, ya que su pensamiento era que si se sacaba del camino (mataba) a un par de ellos se produciría un efecto de temor sobre los delincuentes. Esas órdenes, las cuales no cumplíamos porque eran de una locura, lo enfurecían de una manera tal que amenazó con corrernos de la Policía o amenazarnos la vida».
La Policía de Urtubey realiza controles de vehículos y conductores con la presencia y asistencia de civiles, integrantes de una organización privada dedicada a luchar contra los conductores ebrios e irresponsables. Si bien la Policía dice que estos activistas civiles solo se dedican a hacer tareas de concienciación, testigos presenciales afirman que los conductores reciben las «recomendaciones» de los activistas mientras se hallan retenidos por la Policía; es decir, privados transitoriamente de su libertad ambulatoria. Denuncian también que la presencia de los activistas privados en las pruebas de alcoholemia, a título de simples testigos, vulnera el derecho a la intimidad de las personas que se someten a pruebas clínicas. El gobierno nunca ha explicado las razones por las que la organización PAVICEI disfruta de este tipo de privilegios que interfieren con la actividad de los poderes públicos.
En mayo de 2014, Urtubey utiliza sus influencias (trasladando a las instituciones las influencias de la Iglesia) y consigue que el jurado de enjuiciamiento desestime la acusación formulada contra el juez de Personas y Familia de Segunda Nominación, Víctor Manuel Soria. Pocos meses antes, la Corte de Justicia, en un contundente pronunciamiento, había afirmado que el magistrado, que negó la práctica de un aborto no punible a una menor de edad violada, obró con “apartamiento de los mandatos constitucionales y legales”. Si bien la sentencia de la Corte ordenaba que las actuaciones pasasen al Procurador General de la Provincia para que solicitara la destitución del juez, el Procurador nada hizo y fueron cuatro ONGs las que pidieron formalmente que Soria fuese destituido. Al final, el jurado de enjuiciamiento, integrado por dos jueces de la misma Corte que solicitó su destitución, exoneró al magistrado de cualquier responsabilidad.
En mayo de 2007, en una entrevista exclusiva concedida a Iruya.com, Urtubey negó que fuese a ocupar la residencia oficial de Finca Las Costas, inaugurada fastuosamente por su antecesor, Juan Carlos Romero. En aquella oportunidad, Urtubey dijo lo siguiente: «Yo vivo con mi familia, en nuestra casa. Tenemos una casa que, con mucho esfuerzo hemos construido con mi mujer y mis hijos. Habrá que determinar la conveniencia de mantener esa actual residencia oficial como lugar para actos o tareas oficiales». A poco de asumir el cargo, Urtubey y su familia se trasladaron a vivir a la residencia de Finca Las Costas, en donde el Gobernador realiza reuniones sociales y partidarias.
En octubre de 2013 y como respuesta a los duros ataques que por entonces le prodigaba el sindicalista del taxi y candidato a diputado nacional José Ibarra, Urtubey respondió con un agravio homofóbico. En una emisora de radio de la ciudad de Salta dijo del sindicalista lo siguiente: “Volvió con su pareja hace un par de años a Salta, con el juez Oyarbide, que era pareja y por eso venían tanto para acá. Pero esa ruptura de relación hizo que el juez no venga más a Salta”.
En febrero de 2015, Urtubey sorprende a la mayoría de dirigentes de su propio partido al imponer como único candidato a Intendente Municipal de Salta al diputado Javier David, exministro de Juan Carlos Romero y durante siete años portavoz del exgobernador en la Cámara de Diputados provincial. La designación a dedo de David es recibida con indignación por buena parte de la dirigencia peronista de la capital de Salta, que ve con desconfianza al recién llegado, quien ni siquiera es afiliado al partido.
En noviembre de 2014, después de algunos desencuentros meramente circunstanciales, el dirigente ultrakirchnerista Luis D'Elía desembarca en Salta para expresar su apoyo a la reelección de Juan Manuel Urtubey como Gobernador de Salta. El piquetero antisemita y el mandatario salteño son fotografiados mientras se levantan mutuamente las manos en un acto de Convocatoria Popular realizado en el estadio Delmi de Salta. Con posterioridad, Urtubey asiste al acto peronista convocado para rechazar la denuncia del fiscal Nisman contra la Presidente de la Nación y el piquetero D'Elía por supuesto encubrimiento de los autores del criminal atentado contra la AMIA.