Juan Manuel Urtubey es el principal sostén y valedor en Salta de la Presidente de la Nación.
A pesar de que el kirchnerismo, por motivos casi ancestrales, le ha mostrado su cara más hostil, al Gobernador de Salta le ha obsesionado siempre la idea de mostrarse cercano al kirchnerismo, a sus políticas, a su lenguaje, a su praxis. De eso hay pocas dudas.
A Urtubey, como a ningún otro alto exponente del kirchnerismo, no le será permitido tomar de éste lo que le beneficia y desechar lo que le perjudica. Cuando el 17 de mayo próximo -si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no lo impide- Urtubey se someta por tercera vez al juicio de los ciudadanos en las urnas, el país y el mundo estarán a la expectativa de su suerte como «kirchnerista»; es decir, como amigo del poder. No podrá desprenderse de la etiqueta.
Urtubey, que pudiendo haber ignorado las presiones del aparato nacional del Partido Justicialista decidió hacer una piña con los kirchneristas para defender a la Presidente de la acusación de Nisman, deberá explicar ahora a los ciudadanos por qué motivo no aprecia gravedad institucional en la imputación a la Presidente de la Nación de un delito relacionado con el crimen más horrendo cometido en suelo argentino y sí en cambio apreció una inusitada gravedad en la imputación a un intendente municipal de un delito infinitamente menos trascendente, más allá de su intrínseca repugnancia.
El incontrolable apetito de poder del Gobernador de Salta le ha impulsado a adelantar las elecciones provinciales más que ninguna otra jurisdicción del país. La maniobra se le ha vuelto en contra, pues solo quedan tres meses para que las urnas emitan su veredicto y no parece que Urtubey disponga, no ya de margen de maniobra, sino de recursos morales para evitar quedar atrapado en el derrumbe calamitoso y dramático del aparato kirchnerista.
La decisión de los fiscales de imputar a la Presidente de la Nación y al piquetero Luis D'Elía han caído como un rayo desgarrador y destructivo sobre el escenario preelectoral diseñado al milímetro por los arquitectos de la campaña, siguiendo los lineamientos de las ensoñaciones más profundas de Urtubey.
El Gobernador de Salta no podrá ahora invocar para los imputados la presunción de inocencia, porque él mismo se ha empeñado en negar ese derecho fundamental a otros en casos similares. Deberá ahora hacer frente a las consecuencias, sabiendo además que hay toda una platea expectante que espera que asuma las responsabilidades que en este caso le caben.
No hay tiempo para «provincializar» la elección o, mejor dicho, para «desnacionalizarla». El desgraciado asunto de la muerte de Nisman ha señalado un antes y un después en la forma en que los ciudadanos entienden su relación con el gobierno. Sus más altos responsables -Urtubey incluido- serán juzgados ahora con una inusitada severidad.
Nadie sabe por ahora hasta qué punto la situación procesal de la Jefa del Estado impactará negativamente sobre las aspiraciones reeleccionistas de Urtubey. Lo que está claro, sin embargo, es que si la distancia con sus oponentes en los sondeos de intención de voto era ya mínima, la imputación presidencial puede haber colocado al Gobernador de Salta, en cuestión de pocas horas, al borde de la eliminación de la competencia.