Aun antes de que la nefanda ley 8239 declarara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de Salta, el gobierno provincial -y particularmente el ministro Villada- han venido eludiendo su responsabilidad de decirle a los ciudadanos lo que realmente se proponen hacer en relación con la reforma de los incisos 1 y 3 del artículo 156 de la Constitución provincial, que regulan la duración de los jueces de la Corte de Justicia.
Sin embargo, cuando faltan solo cuatro días para la celebración de las elecciones, la lista de candidatos a convencionales que integra el ministro Ricardo Villada ha publicado un contradictorio post en la red Instagram, en el que después de anunciar que se proponen «limitar los mandatos en los tres poderes», dicen que «los jueces de la Corte de Justicia tendrán estabilidad» (como si no la tuvieran actualmente) y que la reforma en relación a ellos incluirá la «limitación de las reelecciones».
Esta lista, que competirá el próximo domingo bajo la inexpresiva y poco identificativa marca electoral de «Unidos por Salta», ofrece a los electores salteños sentar en la futura asamblea constituyente a un variopinto equipo caracterizado por su irregularidad, que integran, entre otros, una exmagistrada con amplia experiencia y valiosos conocimientos (como Cristina Garros Martínez), una legisladora bastante despistada, que apenas si sabe dónde se encuentra parada (como la diputada ultrasaencista Laura Deolinda Cartuccia) y a políticos de discreto cartel y funcionarias con desigual experiencia y capacidad.
Son ellos los que confunden «mandatos» con «reelecciones» y pretenden confundir a los electores para beneficio propio, pues ninguno de ellos se propone seriamente reducir la duración de los mandatos, como parece desprenderse de tan enfática declaración.
Por caso, el mandato del Gobernador de la Provincia se mantendrá en la duración de cuatro años y lo que esta lista de candidatos escondedores intentará hacer (si le dejan) será reducir de tres a dos las reelecciones consecutivas posibles.
Lo harán después de que algunos de ellos aplaudiera a rabiar la reforma de 2003 que, para beneficiar a un solo hombre, modificó la Constitución provincial a través de un procedimiento tan vergonzoso como el que se encuentra en marcha ahora.
Los actuales jueces de la Corte de Justicia de Salta disfrutan ya de inamovilidad y de estabilidad, por lo que no es necesario que una reforma potencie estos atributos. En ninguna parte de nuestra Constitución se afirma que la de juez de la Corte de Justicia es una profesión que merezca protección. Antes al contrario, nuestra Constitución configura a la Corte de Justicia como un tribunal renovable, integrado por magistrados comprometidos a respetar la periodicidad republicana que se encuentra en el origen de su propia legitimidad.
Decir que la lista «Unidos por Salta» se propone dar estabilidad a los jueces, no significa mejor cosa de que van a aumentar sus mandatos de seis a veinticinco años, con lo cual decaerá necesariamente, hasta volverse completamente intrascendente, el número de reelecciones posibles.
Cualquier juez o jueza que sea designado por el Gobernador provincial para la Corte de Justicia de Salta con solo treinta años de edad, podrá desempeñar dos mandatos de veinticinco años y permanecer en el tribunal hasta cumplir los ochenta años de edad. Todo un canto a la democracia.
Esta es la idea de limitación del poder que enarbola la lista de Villada, Durand Cornejo, Garros Martínez y compañía.
Si estos señores se convierten en convencionales, tendreemos prácticamente asegurado que la maniobra judicial para que los actuales jueces de la Corte de Justicia disfrutaran de un mandato no sujeto a caducidad temporal, que en su día intentó la Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta, a través de la manipulación jurídica de la acción popular de inconstitucionalidad (maniobra que en su día fue denunciada por inmoral por casi todas las fuerzas políticas y que debió ser desistida por sus propios impulsores), se reavivará con más fuerza, si cabe. Esta vez, con el aval explícito de una lista integrada por altos exponentes del oficialismo.